La periodista maltesa Daphne Caruana participaba en la investigación que salpicaba al Gobierno de su país en los 'Papeles de Panamá', cuando una bomba lapa explotó en su coche el pasado mes de octubre. El brutal asesinato de una de las voces más críticas con el gobierno del primer ministro maltés Joseph Muscat tenía un objetivo claro: sembrar el miedo y silenciar a los que se atreven a destapar los vínculos del poder con la corrupción, el dinero sucio o los paraísos fiscales.
Es urgente proteger a los periodistas de investigación y a los filtradores de información que se juegan sus empleos, su reputación, su libertad e incluso la vida. El Parlamento Europeo aprobó hace dos meses, a pesar de la abstención del Partido Popular Europeo, una resolución instando a los Estados miembros a adoptar medidas para proteger a los denunciantes que en defensa del interés público revelan información confidencial sobre empresas y organismos públicos. Entre otros avances, el texto incluye la posibilidad de denuncia anónima así como medidas de protección legales y económicas. Será la Comisión Europea quién tenga que presentar en los próximos meses una propuesta de ley efectiva para que haya por fin una seguridad jurídica al respecto.
En España, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ha alertado en numerosas ocasiones de la indefensión y las serias amenazas legales a las que se enfrentan tanto los denunciantes como los periodistas y los medios de comunicación que trabajan con documentos filtrados. La última reforma del Código Penal considera que las filtraciones están en la esfera del terrorismo al considerar como tal los delitos informáticos. La PDLI exige para los denunciantes un marco legal en línea con las recomendaciones de Naciones Unidas. Un día después de la publicación de los papeles del paraíso, se tramitaba en el Congreso de los Diputados la proposición de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes aunque con muchas deficiencias: además de descartar las denuncias anónimas, la Ley pretende dejar fuera de esta protección a los filtradores de información.
Listas negras decepcionantes
Mientras unos se juegan la vida para seguir denunciando el fraude y la evasión fiscal, un delito de ricos a costa de los más pobres, los Estados continúan demostrando escasos compromisos para acabar con esta lacra social. La Comisión Europea estima que la magnitud de la evasión y la elusión en Europa es de un billón de euros anuales, mientras que la OCDE calcula que la pérdida de ingresos únicamente por la elusión de las multinacionales a nivel mundial supone cada año entre 75.000 y 180.000 millones. Un dinero vital que terminaría con los eternos recortes en servicios sociales básicos como la educación o la sanidad.
La impunidad de los defraudadores sigue siendo prácticamente total. La recientemente aprobada lista negra de paraísos fiscales de la Unión Europea es claramente insuficiente. Incluye solo 17 “jurisdicciones no cooperativas en materia fiscal” como prefiere denominarlas Bruselas y deja fuera territorios como Bermudas, sede del bufete de abogados Appleby, epicentro de los “papeles del Paraíso”; no incluye tampoco a Suiza, ni los limbos fiscales de Malta o Luxemburgo o el dumping fiscal que practican los Países Bajos e Irlanda. Bruselas incluye también una lista gris con 47 países que se han comprometido a modificar su legislación. Se trata sin duda de un consenso de mínimos que solo satisface a los miembros del Ecofin y por tanto sus efectos son muy limitados. Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) presentaron un listado mucho más ambicioso con 130 países (30 países en la lista negra y otros 100 en la gris) y solicitan a la Comisión Europea la creación de una base de datos de evasores y elusores fiscales transfronterizos accesible para todos los Estados miembros, así como sanciones concretas para las jurisdicciones incluidas en la lista.
Además, mientras la Unión Europea no imponga una armonización fiscal entre sus Estados miembros continuará la competencia entre países por atraer empresas y capitales con una fiscalidad a la baja. Los 'Papeles del Paraíso' han desvelado cómo las autoridades de los Países Bajos ofrecieron a Nike en 2006 un acuerdo para que la empresa de ropa deportiva no pagara impuestos durante 10 años. Nuestros gobernantes siguen dejando claro de qué lado están, sin plantear una verdadera economía al servicio de las personas.
Arantxa García Gangutia- InspirAction
