nuevatribuna.es
23 de abril de 2009, 16:52
L.M. / NUEVATRIBUNA.ES - 23.04.2009
Elena Salgado, ministra de Economía, fijó hoy los hitos del camino por donde transitará la nueva política económica del Ejecutivo, tras el relevo de Pedro Solbes. La crisis económica, y la debilidad del Grupo Socialista en el Congreso, condicionan estos primeros movimientos que vendrán marcados, a juzgar por los primeros indicios, por el intento de lograr una mayor sintonía con el PP; dar mayor relevancia al papel de las comunidades autónomas, así como por un pacto en materia laboral entre los agentes sociales.
La vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, presentó este jueves la primera medida adoptada por el nuevo equipo económico, y que responde a una iniciativa presentada por el PP en el Congreso. Así, el Consejo de Ministros aprobará este viernes un real decreto-ley con el cual pretende aliviar las deudas contraídas por los ayuntamientos con los autónomos y las ‘pymes’, y que ascienden a unos 15.000 millones de euros.
La medida presentada por Salgado persigue que los ayuntamientos liquiden sus deudas con las ‘pymes’ y los autónomos en el plazo máximo de cuatro meses. Para ello, el Gobierno permitirá que los ayuntamientos financien una deuda estimada de 11.000 millones de euros, con un plazo máximo de amortización de seis años. Además, el ICO avalará con 3.000 millones de euros las facturas pendientes de cobro que las empresas y los autónomos presenten ante los bancos y cajas.
En la presentación de las ayudas, Salgado apareció flanqueada por los secretarios de Estado que trabajaron a las órdenes de Pedro Solbes, David Vegara y Carlos Ocaña, y confirmó que tiene intención de contar con el equipo del anterior ministro de Economía, a pesar de la anunciada marcha de Vegara.
Respecto a futuros planes de ayuda, la nueva titular de Economía afirmó que “hay margen fiscal”, aunque matizó que, a partir de ahora, los planes de estímulo tendrán que ser “muy selectivos”, en línea, al menos parcialmente, con la política seguida por su predecesor en el cargo, Pedro Solbes. El Ejecutivo debe ser "extremadamente cuidadoso", dijo Salgado, porque España tiene que reconducir el déficit a cifras más cercanas al 3 por ciento.
Por otro lado, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, anunció este jueves que el Gobierno prevé aprobar "pronto" un anteproyecto de Ley para acometer una "reforma integral" de la Ley Concursal de más "calado y alcance" que la actualización parcial incluida en el decreto ley de medidas de impulso económico convalidada el mismo jueves en el Congreso.
Caamaño indicó que este texto adopta "las reformas más eficaces para responder de forma inmediata a las necesidades de empresas y trabajadores" en plena crisis, pero consideró que es necesario abordar a largo plazo un "reflexión de más calado y alcance" en materia concursal.
"Todo ello será objeto de estudio y pronto espero traer a la Cámara Baja un proyecto de Ley", añadió Caamaño, quien esperó recabar entonces el consenso de los grupos parlamentarios.
Por su parte, el portavoz de Justicia del PP, José María Michavila, tomó el guante del consenso lanzado por Caamaño, pero indicó que su oferta de diálogo no debería ceñirse a la próxima reforma de la Ley Concursal, sino a todo el decreto ley de medidas de impulso a debate, por lo que pidió su tramitación como proyecto de Ley, algo que fue rechazado por la Cámara.
En esta línea, esperó que la llegada Caamaño a la cartera de Justicia permita recuperar el "espíritu de consenso y el sentido común".
Elena Salgado, ministra de Economía, fijó hoy los hitos del camino por donde transitará la nueva política económica del Ejecutivo, tras el relevo de Pedro Solbes. La crisis económica, y la debilidad del Grupo Socialista en el Congreso, condicionan estos primeros movimientos que vendrán marcados, a juzgar por los primeros indicios, por el intento de lograr una mayor sintonía con el PP; dar mayor relevancia al papel de las comunidades autónomas, así como por un pacto en materia laboral entre los agentes sociales.
La vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, presentó este jueves la primera medida adoptada por el nuevo equipo económico, y que responde a una iniciativa presentada por el PP en el Congreso. Así, el Consejo de Ministros aprobará este viernes un real decreto-ley con el cual pretende aliviar las deudas contraídas por los ayuntamientos con los autónomos y las ‘pymes’, y que ascienden a unos 15.000 millones de euros.
La medida presentada por Salgado persigue que los ayuntamientos liquiden sus deudas con las ‘pymes’ y los autónomos en el plazo máximo de cuatro meses. Para ello, el Gobierno permitirá que los ayuntamientos financien una deuda estimada de 11.000 millones de euros, con un plazo máximo de amortización de seis años. Además, el ICO avalará con 3.000 millones de euros las facturas pendientes de cobro que las empresas y los autónomos presenten ante los bancos y cajas.
En la presentación de las ayudas, Salgado apareció flanqueada por los secretarios de Estado que trabajaron a las órdenes de Pedro Solbes, David Vegara y Carlos Ocaña, y confirmó que tiene intención de contar con el equipo del anterior ministro de Economía, a pesar de la anunciada marcha de Vegara.
Respecto a futuros planes de ayuda, la nueva titular de Economía afirmó que “hay margen fiscal”, aunque matizó que, a partir de ahora, los planes de estímulo tendrán que ser “muy selectivos”, en línea, al menos parcialmente, con la política seguida por su predecesor en el cargo, Pedro Solbes. El Ejecutivo debe ser "extremadamente cuidadoso", dijo Salgado, porque España tiene que reconducir el déficit a cifras más cercanas al 3 por ciento.
Por otro lado, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, anunció este jueves que el Gobierno prevé aprobar "pronto" un anteproyecto de Ley para acometer una "reforma integral" de la Ley Concursal de más "calado y alcance" que la actualización parcial incluida en el decreto ley de medidas de impulso económico convalidada el mismo jueves en el Congreso.
Caamaño indicó que este texto adopta "las reformas más eficaces para responder de forma inmediata a las necesidades de empresas y trabajadores" en plena crisis, pero consideró que es necesario abordar a largo plazo un "reflexión de más calado y alcance" en materia concursal.
"Todo ello será objeto de estudio y pronto espero traer a la Cámara Baja un proyecto de Ley", añadió Caamaño, quien esperó recabar entonces el consenso de los grupos parlamentarios.
Por su parte, el portavoz de Justicia del PP, José María Michavila, tomó el guante del consenso lanzado por Caamaño, pero indicó que su oferta de diálogo no debería ceñirse a la próxima reforma de la Ley Concursal, sino a todo el decreto ley de medidas de impulso a debate, por lo que pidió su tramitación como proyecto de Ley, algo que fue rechazado por la Cámara.
En esta línea, esperó que la llegada Caamaño a la cartera de Justicia permita recuperar el "espíritu de consenso y el sentido común".
