nuevatribuna.es
25 de enero de 2011, 9:05
nuevatribuna.es | 24.01.2011
El Gobierno elevará hasta el 8 por ciento el nivel de core capital -o capital de máxima solvencia- exigido al conjunto de las entidades que componen el sistema financiero español. Sin embargo, este endurecimiento podrá ser incluso superior en algún caso. Aquellas entidades que ni cotizan en bolsa, ni cuentan con una presencia significativa de inversores privados, y cuya dependencia de los mercados de financiación mayoristas es superior al 20 por ciento de sus activos, tendrán que soportar incluso mayores exigencias.
La vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, convocó por sorpresa a los medios este lunes por la tarde para anunciar esta segunda vuelta de tuerca en el plan de reestructuración del sistema financiero. Según detalló la ministra, que compareció junto al secretario de Estado, José Manuel Campa, el Gobierno se dispone a adelantarse a las exigencias de capital planteadas por el acuerdo de Basilea III. En lugar de esperar hasta 2013, el Gobierno español endurece ahora las exigencias de capital, hasta el 8 por ciento para el capital 'pata negra' o core capital. En el caso de algunas entidades, la nueva exigencia podría ser incluso superior, avanzó Salgado, que no ofreció mayores precisiones.
Para efectuar el nuevo examen sobre el estado del sistema financiero español, se tendrán en cuenta los activos declarados en diciembre de 2010. El Gobierno quiere evitar que las entidades se dediquen ahora a acaparar capital para cumplir el nuevo examen y cierren el grifo del crédito. Además, también serán tenidos en cuenta la nueva ronda de stress test europeos, que se realizarán en los próximos meses. Si estos test detectan mayores necesidades de capital, las entidades también deberán cubrir esas exigencias.
El plazo dado a las entidades para reforzar sus reservas de capital vence en otoño. En septiembre, el Banco de España evaluará el cumplimiento de los planes de recapitalización por parte de las entidades financieras con problemas. Si el supervisor determina entonces que algunas entidades no tienen perspectivas de alcanzar esos niveles, entrará en funcionamiento la segunda parte del plan. El objetivo es que las entidades capten ese capital en el mercado, según lo dispuesto en la última modificación de la ley de cajas, en el R.D. 11/2010.
En un segundo momento, el Gobierno autorizará al fondo de reestructuración del sistema financiero -FROB- a invertir de forma temporal en las entidades con problemas. El FROB sólo comprará acciones ordinarias procedentes de un banco. Por tanto, las entidades que precisen capital deberán haber transmitido el 100% de sus activos y pasivos al banco de la entidad financiera. El FROB comprará las acciones a precio de mercado.
El FROB permanecerá como accionista un plazo máximo de cinco años. Durante ese período, la entidad afectada deberá cumplir con las prácticas de buen gobierno marcadas para una entidad cotizada, reestructurar sus órganos de gobierno y asegurar el funcionamiento profesionalizado de estos órganos de gobierno. Todo por conseguir la máxima transparencia y la recuperación de la confianza por parte de los mercados internacionales, precisó Salgado.
A la espera de conocer el cierre de 2010, el Gobierno estima que las necesidades de capital de las entidades financieras no superarán los 20.000 millones de euros. Eso no significa que el FROB tenga que desembolsar esa cifra, según recordó Salgado. La intención del Gobierno es facilitar el acceso a los mercados mayoristas de financiación, que han dado la espalda en los últimos meses al modelo de las cajas de ahorro, incluso después de su reestructuración.
La ministra recordó además que las pérdidas provisionadas por el conjunto de las entidades financieras españolas asciende a 92.000 millones de euros. De ellos, 47.000 millones corresponden a provisiones específicas; otros 19.000 millones provienen de la disminución del fondo genérico; y, finalmente, otros 26.000 millones tienen su origen en la provisión con cargo a reservas.
Estas medidas, junto con la reforma del sistema de pensiones que aprobará el Consejo de Ministros del viernes, serán examinadas con lupa por la canciller alemana, Angela Merkel, que viajará a España el próximo 3 de febrero acompañada por varios miembros de su gabinete. El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero quiere tener culminado su plan de reformas estructurales como aval ante los continuos rumores de rescate de la economía española en el seno de la Unión Europea.
