La reforma de la negociación colectiva se complica por momentos. Sobre todo ahora que el Gobierno ha dado un ultimátum y ha advertido de que de no haber acuerdo legislará por decreto. Cara a la galería, la cúpula empresarial ha manifestado su voluntad de alcanzar un pacto cuyo principal valedor es el presidente de la CEOE, Juan Rosell, sin embrago, algunos sectores afines al PP se oponen como es el caso de CEIM presidido por Arturo Fernández, a su vez vicepresidente de la Patronal.
Alentados por la abrumadora victoria del PP en las elecciones autonómicas y municipales, el ala dura de la CEOE se plantea la idoneidad o no de abortar el acuerdo con el objetivo de que Mariano Rajoy acometa una reforma más dura si, como todo hace prever, gana las elecciones generales. Además, de no haber acuerdo, el PP tendría de nuevo la oportunidad de arremeter contra el presidente del Gobierno, cuyo liderazgo ha quedado seriamente tocado tras el 22M. Sin embargo, Rosell y sus sectores afines consideran que podría ser contraproducente dejar que el Gobierno del PSOE aborde en solitario la reforma en unos términos en los que podrían salir más beneficiados los sindicatos.
Las conversaciones continuarán este jueves y pese a las presiones Rosell intentará hacer valer los acuerdos de palabra logrados con los líderes sindicales Cándido Méndez y José Ignacio Fernández Toxo. Si hay algo claro en estos momentos es que el acuerdo vendido tanta veces pero no culminado hasta ahora es válido para los principales interlocutores pero no para toda la patronal.
En el plano político, el Gobierno también se desdobla en la fórmula para abordar la reforma. Mientras el Ministerio de Trabajo, dirigido por Valeriano Gómez, mantiene una posición más laxa acorde con las pretensiones de los sindicatos, el Ministerio de Economía, con Elena Salgado a la cabeza, cree necesaria una reforma de más calado.
Por su parte, los sindicatos mantienen la prudencia e insisten en que las conversaciones van por buen camino. CCOO y UGT confían que, en caso de que Rosell ceda a la presiones de los críticos, el Ejecutivo cierre una reforma que en términos generales esté acorde con sus principales planteamientos.
