Casi todos los españoles, con dolor de su corazón y su bolsillo, han terminado de rellenar su Declaración del IRPF (Renta), como todos los años. Unos, se habrán sentido incómodos por tener que pagar, además de declarar sus escasas ganancias. Otros, también se sienten incómodos por tener que rellenar algo que ya debe saber Hacienda. Es el caso de quienes hayan trabajado por cuenta ajena, como los empleados mileuristas o los funcionarios, y los pensionistas, o sea, todos los que viven de una nómina y no pueden trapichear, porque la nómina no da para eso, a veces no da ni para comer. Incómodos, digo, por tener que declarar algo que de antemano ya conoce Hacienda, en este caso, la Agencia Tributaria.
No es que el españolito de a pie se sienta incómodo por tener que aportar a Hacienda parte de su trabajo, casi la tercera parte, sino porque es consciente de que en una España de rateros y chorizos, gran cantidad de ese sudor va a parar, no a las arcas públicas, que para eso cotiza, sino al bolsillo de degenerados como son algunos políticos y los bancos o grandes empresas, conchabadas con esos políticos sin escrúpulos, que tergiversan el bien común en bien propio, con contratas y comisiones por obras, a veces inútiles, y siempre, muy por encima de lo presupuestado; obras que luego, además de los impuestos, tiene que pagar el español medio. Véase autopistas (5.500 millones), rescate de bancos (60.600 millones), y otras canalladas que los gobiernos al servicio del capital se inventan. Y no sólo por eso, sino porque sabe que Hacienda se fija en ellos tratando de descubrir si se ha declarado absolutamente todo, incluso esas propinas que alguna mano generosa le ha soltado en algún momento, o cualquier otra minucia. Indignados porque le miren con lupa mientras dan manga ancha a grandes empresas y no investigan las grandes fortunas, que son grandes precisamente porque no pagan lo que debieran. De poco sirve que los que no tenían porqué declarar -pues se sabe que ese “pringao” no se ha hecho rico en ese año-, declare y pague cuando los que más tienen, no pagan, o lo hacen en menor cantidad de la debida, por obra y gracia de un gobierno que aprieta al pobre débil y ensalza al rico parásito. Y no es un simple juego de palabras al estilo Rajoy. Es lo usual en esta España donde quien mas quien menos sabe de los derroches y chanchullos políticos en obras faraónicas, inútiles, y con sobrecoste; y sabe también de la permisividad del gobierno con quienes más tienen, con los ladrones y evasores, hasta llegar a la amnistía fiscal, ilegal y canallesca. No sé si habrá habido otro gobierno, incluso en países conocidos como repúblicas bananeras, que haya tenido una idea semejante, no sólo peregrina, con la que no se consiguió el objetivo de aumentar, que no digo llenar, las arcas públicas, ni recuperar siquiera la mitad de lo robado y evadido, sino que ha sido declarada medida anticonstitucional. Hablando claro, un gobierno que en algo tan vital como es la “hucha” del sudor común, ha cometido un delito. Ha engañado a los españoles con medidas fuera de la ley, y se dedica además a investigar precisamente a quienes hacen un esfuerzo por respetar la ley y contribuir al bien común. Un gobierno que hace oídos sordos al fraude, y usa la manga ancha con la evasión de impuestos de quienes más debieran pagar, y cuando no han pagado, se dedica a blanquear ese dinero negro. ¿¡A dónde vamos a llegar!?
En anteriores artículos me he referido a este desbarajuste en la política fiscal de nuestro país, el más alto IRPF de Europa, y el que menos recauda. Es lógico, conociendo el funcionamiento hoy de la fiscalidad española: El 80% de los efectivos actuales de la Agencia Tributaria se dedica a investigar a autónomos, pequeñas y medianas empresas, familiares muchas de ellas, trabajadores y pensionistas, y no les deja pasar ni una. Se han dado casos en que para reclamar al declarante 40 euros, le han enviado multitud de cartas en las que el coste por el correo, papel, y trabajo funcionarial, lo supera. Quizá esperen que el pobre declarante no haga mucho caso, y sirva como justificación para que le lleguen a multar por una cantidad engordada, como si hubiera defraudado 20 mil euros. Así funciona este país.
El fraude fiscal cuesta al español más de 2000 euros cada año. Y es que el fraude fiscal, según expertos economistas, asciende en España a más de 40.000 millones por año, de los que 20.000 millones se refieren a declaraciones no ajustables del IRPF. Al que, según el informe elaborado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), si le sumamos también “el fraude en IVA y en el Impuesto de Sociedades, aumenta el porcentaje de fraude fiscal hasta el 3,5%-4% sobre el PIB, o lo que es lo mismo, 40.000 millones de euros”.
No acaba aquí la sangría de nuestras aportaciones económicas. A esta sangría interior, se suma la exterior, el dinero evadido. Se calcula que en paraísos fiscales hay alrededor de 144.000 millones de euros, cuyo fraude, si se contabilizase como “dinero legal”, llegaría a alcanzar la cifra de 7400 millones de euros, que irían a parar a las arcas públicas. Y es dinero de todos los españoles, generado con su producción y dedicación laboral, intelectual y empresarial.
Si no se ataja este fraude, si no se evita la salida de capitales a paraísos fiscales, nunca llegará a ser nuestra nación el país que todos deseamos, aunque paguemos impuestos y cumplamos fielmente con nuestras contribuciones a Hacienda. El gobierno tiene la palabra, y debe aplicarse al estudio de medidas efectivas y legales, que eviten el desajuste e injusto impuesto, y que impida la evasión. Una política fiscal justa, flexible y progresiva, a mayor ganancia, mayor impuesto, debe ser uno de los huesos que deberá roer cualquier otro gobierno que se precie de “progresista”.
Técnicos de Hacienda consideran que es mejor recuperar ingresos evadidos que aumentar el IRPF o el IVA. Y sobre todo, mayor dedicación y más personal dedicado a investigar el origen del fraude. Sobre los defraudadores debe caer la ley y las multas, y no mirar con lupa a los pobres pensionistas ni a los que viven de un sueldo, o de una pequeña empresa en la que el único obrero es su dueño, y no lo llamemos “emprendedor”, sino esclavo de sí mismo. No deja de ser un eufemismo para ocultar una realidad nacional: el desempleo. Establézcanse impuestos que le ayuden a buscarse la vida. No a impedírselo. Y dejen en paz a los pensionistas y “su hucha”. Demasiado tienen con haber trabajado toda su vida. Un respeto. Métanse con los bancos y las grandes empresas. A ver si se atreven. Los “peperos”, seguro que no... Forman parte de esa trama opresora, evasora y “choriza”. Los que vengan, ya tienen trabajo para empezar. ¿Se atreverán?
