La Lista Falciani le valió a su protagonista una condena de cinco años de cárcel por el Tribunal Federal de lo Penal de Suiza por espionaje económico, a pesar de que ayudó a las autoridades fiscales de numerosos países a destapar graves casos de fraude
Hervé Falciani pasará a la historia por haber hecho una de las mayores filtraciones de datos tributarios de la historia, en concreto de unas 130.000 cuentas del banco HSBC, que incluía a contribuyentes españoles, como la familia Botín. No obstante, la Lista Falciani le valió a su protagonista una condena de cinco años de cárcel por el Tribunal Federal de lo Penal de Suiza por espionaje económico, a pesar de que ayudó a las autoridades fiscales de numerosos países a destapar graves casos de fraude.
Pero Falciani no ha sido el único confidente fiscal que ha tenido consecuencias penales por destapar información de este tipo, algo que ha llevado al Parlamento Europeo a estudiar cómo puede proteger legalmente esta figura, ya que sobre ella recaen las consecuencias más graves de la normativa. Es decir, los confidentes están desprotegidos legalmente, y es hora de que esto cambie, pues gracias a ellos las arcas públicas pueden recuperar parte del dinero que otros defraudan.
Para ello, se están potenciando diversas iniciativas en las que debatir y discutir las maneras en que los confidentes no queden comprometidos penalmente, como la jornada que se celebra el próximo 15 de noviembre en Bruselas y en la que Gestha aportará su visión técnica sobre este asunto. Es necesario que se cree una normativa en el ámbito europeo que permita que estas personas puedan colaborar con las haciendas de los países sin verse perjudicadas.
En el caso de España, además, es paradigmático cómo el gobierno, ante estas revelaciones, ha mantenido siempre una postura poco diligente con los presuntos evasores
En el caso de España, además, es paradigmático cómo el gobierno, ante estas revelaciones –HSBC, Banco LGT de Liechtenstein, Papeles de Panamá, etc.-, ha mantenido siempre una postura poco diligente con los presuntos evasores, permitiéndoles hacer declaraciones complementarias para regularizar su situación y evitar así sanciones económicas e incluso penales. Para Gestha la única opción ante estas situaciones es iniciar con urgencia inspecciones a los señalados en estas revelaciones, así como aumentar la transparencia de las administraciones públicas españolas.
En pleno siglo XXI es incomprensible que los que ayudan a que se descubran prácticas fraudulentas queden más señalados ante la ley que los que las cometen, cuyo honor y privacidad se protegen por encima de lo éticamente admisible. Es momento de crear un marco de entendimiento que permita una colaboración eficaz, segura y, sobre todo, legal entre los confidentes y las autoridades con el fin de poner cada vez más coto a algo que al final nos perjudica a todos: el fraude fiscal.
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Contesta Carlos Cruzado
Contesta Carlos Cruzado Presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA)
