TRAS LA DECLARACIÓN DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO

¿Por qué es tan difícil publicar la lista de los amnistiados?

Dado el actual marco normativo será difícil que se pueda llegar a publicar la lista completa de los amnistiados.

Foto: Fernando Calvo (La Moncloa)
Foto: Fernando Calvo (La Moncloa)

Para que la lista de amnistiados viera la luz, el Gobierno tendría que presentar ante el Parlamento una iniciativa legal para modificar la Ley General Tributaria que podría ser anulada posteriormente por el Constitucional

"Desgraciadamente, no es posible revisar los casos que se acogieron a la amnistía fiscal, conforme al artículo 9.3 de la Constitución, que es el que garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales". Estas fueron las palabras del presidente del Gobierno en el Pleno del Congreso del pasado martes, en el que Pedro Sánchez confirmó que no podrá publicar los nombres de quienes se beneficiaron de la amnistía fiscal de 2012 porque el Tribunal Constitucional se pronunció sobre su irretroactividad. "Desafortunadamente no podemos modificar un pasado ya sentenciado, ya me gustaría, créanme, pero podemos evitar que se produzcan nuevas amnistías fiscales", agregó.

Pues bien, más allá de que a Sánchez se le reproche que ahora diga digo donde antes dijo Diego, lo cierto es que la ley impide publicar los nombres de los amnistiados, por muchas promesas que se hicieran desde la oposición. Para que esa lista viera la luz, el Gobierno tendría que presentar ante el Parlamento una iniciativa legal para modificar la Ley General Tributaria, incluyendo una medida similar a la que generó el actual artículo 95.bis para permitir la publicación de la lista de morosos.

No obstante, esta iniciativa podría ser anulada posteriormente por el Tribunal Constitucional, aunque fuera capaz de recabar los apoyos suficientes. Y la anulación estaría sostenida, tal y como arguyó el propio Sánchez, por la infracción de los principios de seguridad jurídica e irretroactividad de las disposiciones no favorables, al igual que la sentencia que invalidó el pasado año la amnistía fiscal mantuvo los efectos desplegados para los acogidos a la misma.

Además, en su día se ofreció a los amnistiados una absoluta confidencialidad -amparándose en el derecho a la intimidad-, lo que no podría alterarse ahora con una ley tributaria, que casi con absoluta certeza acabaría siendo impugnada y declarada inconstitucional.

Sin embargo, lo que quizás sí podría llegar a tener un encaje constitucional sería la publicación de los nombres de quienes habiéndose acogido a la amnistía continuaron defraudando después de 2012, aunque para ello también habría que modificar expresamente la Ley General Tributaria. Y es que si no se puede conocer la lista completa lo que convendría plantear sería alguna solución para desenmascarar y señalar a quienes formaban parte del listado de amnistiados y continuaron defraudando. Por poner números, al menos el 11,5% de los acogidos a la amnistía siguieron defraudando tras regularizar su situación, lo que demuestra la poca eficacia que estas amnistías tienen para cambiar la actitud de los evasores.

Esa lista de reincidentes reflejaría el nombre de unas 3.000 personas. De igual modo, dicha publicación también podría extenderse a aquellos que, habiéndose acogido a la amnistía también se encuentran en la lista de morosos, y en este sentido el anterior Gobierno de Mariano Rajoy hablaba de que hasta un 14% de quienes se acogieron a la amnistía tendrían deudas con Hacienda.

En cualquier caso, de acuerdo con el actual marco normativo, será difícil que se pueda llegar a publicar la lista completa de los amnistiados. En su lugar, Sánchez ya ha anunciado una reforma legal para prohibir futuras amnistías, a las que tachó de ser un "un fracaso moral y también desde el punto de vista recaudatorio".

Efectivamente, a tenor de las cifras estos indultos han fracasado, ya que siguió oculto el 94% de la evasión estimada en los tres años de 2008 a 2010 a los que afectó el pago del 10% de la última amnistía –ya declarada inconstitucional-. Pero también han fracasado porque los evasores que se acogen a ellas no cambian su comportamiento evasor, sino que son más cuidadosos para intentar no dejar rastro. Y también han fracasado porque apenas logró recaudar la mitad de lo previsto por el exministro Cristóbal Montoro. Por todo ello, y sobre todo porque discriminan a quienes se encuentran al corriente de sus obligaciones con Hacienda, atentando contra los principios de justicia fiscal –sobre todo de igualdad y generalidad- recogidos en la Constitución y propinando un mazazo a la pedagogía y conciencia fiscal; hay que acabar con ellas.

gestha200

 

Carlos Cruzado

Presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA)