jueves 05.12.2019

“El PSOE aún debe afinar su programa de gobierno en materia fiscal”, afirma Gestha

Los Técnicos echan en falta medidas sobre la progresividad en el IRPF, las SICAVS o sobre el control del gasto público.

Miembros del equipo negociador del PSOE.
Miembros del equipo negociador del PSOE.

equipo-negociador-PSOE

Gestha echa en falta medidas para efectuar un mayor control fiscal a las SICAVs, que, por el contrario, el programa electoral socialista sí recogía

El PSOE debe todavía profundizar y completar las medidas fiscales del borrador de programa de gobierno que presentó este lunes a sus posibles socios para recuperar a la clase media española, según valoraron los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). 

Aunque en términos generales valoran las iniciativas que contiene el documento inicial del PSOE, el colectivo pide al partido liderado por Pedro Sánchez que "afine más algunas de ellas" para lograr una redistribución equitativa de los ingresos que realmente corrija los efectos más adversos de la crisis económica. En los últimos cuatro años, el número de trabajadores que se encuentran bajo el umbral de la pobreza aumentó en un 5,3%, al pasar de los 5,6 millones en 2010 a los casi seis de 2014.

En este sentido, Gestha resalta que este borrador inicial no incide en hacer más progresivo el sistema tributario mejorando el cumplimiento del artículo 31.1 de la Constitución. Entre estas medidas que faltan, los Técnicos proponen reducir la dualidad fiscal del IRPF, que favorece la tributación de la rentas del capital frente a las del trabajo y actividades económicas, aumentar el número de tramos de la tarifa del IRPF y eliminar las reducciones de la base imponible por aportaciones a planes de pensiones y otros sistemas de previsión social sustituyéndolas por una deducción de cuota.

Por otra parte, echa en falta medidas para efectuar un mayor control fiscal a las SICAVs, que, por el contrario, el programa electoral socialista sí recogía. Los Técnicos sugieren que se modifique el Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva para incluir un nuevo requisito que establezca un límite máximo en el porcentaje de participación en una SICAV de entre el 2% y el 5% del capital social.

Gestha valora las propuestas de llevar a cabo una reforma integral de la riqueza, la reforma del Impuesto de Sucesiones y Donaciones y del Impuesto de Patrimonio para que se establezca en ambos casos un mínimo común para todo el territorio español o la reforma del Impuesto de Sociedades para que se asegure una tributación mínima del 15% a todas las empresas o la implementación del Impuesto a las Transacciones Financieras; reivindicaciones históricas que los Técnicos incluyeron en sus propuestas fiscales para el nuevo gobierno el pasado mes de diciembre.

RECAUDAR 13.000 MILLONES EXTRA CADA AÑO

En el caso de la propuesta de una tributación mínima del 15% de las grandes corporaciones empresariales, que actualmente tributan realmente al 6% de su resultado contable, igualará el tipo medio efectivo del Impuesto de Sociedades de las grandes compañías con el de las pymes, logrando una recaudación adicional de 7.300 millones. Los Técnicos creen que se debe afinar más la puntería en esta medida y aconsejan elevar el tipo nominal en cinco puntos a las grandes corporaciones que ingresen más de un millón de euros de beneficio al año, lo que podría recaudar otros 5.700 millones adicionales, con lo que la combinación de ambas medidas lograría un total de 13.000 millones extras cada año, cifra que se incrementaría con la reducción de beneficios fiscales que acumulan mayoritariamente 22.000 grandes empresas, apenas el 1,6% del censo empresarial.

AVANCES IMPORTANTES EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE

En el ámbito de la lucha contra el fraude fiscal, el colectivo también valora la inclusión en el programa socialista de otras peticiones históricas, como una nueva oferta de empleo público para aumentar en más de 5.000 efectivos la plantilla de la Agencia Tributaria (AEAT) o la limitación de los pagos en efectivo a 1.000 euros, desde los 2.500 euros que se permiten actualmente, así como una mayor coordinación y colaboración entre la AEAT y las administraciones territoriales, que los Técnicos concretan en compartir una base de datos fiscales única para el control tributario en ambas administraciones.

Por el contrario, Gestha desaconseja que la Oficina de Lucha contra el Fraude quede integrada en la Agencia Tributaria Estatal, debiendo depender del Ministerio de la Presidencia del Gobierno al integrar a distintos departamentos de la Administración del Estado, como la AEAT, Seguridad Social, Inspección de Trabajo, Catastro, UCO, UDEF, CNI, y colaborar igualmente con las demás Administraciones Territoriales.

Por otra parte, Gestha considera que el programa también debería incorporar la elaboración de informes oficiales por parte de expertos independientes para conocer la verdadera cifra de economía sumergida en España y el volumen de fraude fiscal y laboral. Igualmente, ve imprescindible que las entidades financieras que operan en paraísos fiscales a través de filiales faciliten la información de las personas o entidades que sean titulares de productos financieros en dichas filiales para reducir la evasión fiscal que se realiza por estas vías, incorporando medidas sancionadoras que puedan derivar en los casos más graves en la retirada de la ficha bancaria.

FALTA DE MEDIDAS PARA CONTROLAR EL GASTO PÚBLICO

Aunque este borrador contiene pinceladas para mejorar la eficiencia y transparencia del gasto público, como la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público para que el precio no sea el único criterio en la selección de contratistas en las licitaciones públicas, los Técnicos de Hacienda creen que faltan medidas concretas para controlar este gasto, algo esencial para que el déficit no se dispare.

Si bien el PSOE ha avanzado que va a pedir a Bruselas más plazo para cumplir con el objetivo de déficit, y aunque Gestha aprueba la puesta en marcha de una Auditoría del Gasto Público (spending review), considera que estas iniciativas deberían complementarse con el refuerzo y atribución de funciones en la Intervención General del Estado que garantice la calidad, transparencia y eficacia de la función fiscalizadora. Por último, conviene acabar con la privatización de las auditorías públicas por la que la IGAE paga cantidades millonarias cada año a empresas de auditoría por realizar una parte de su Plan Nacional de Auditorías.

Comentarios