253 empresas de treinta subsectores, con un papel clave en la vertebración económica, social y territorial, verán incrementada su competitividad
Los sectores industriales españoles electrointensivos -cuyo consumo de electricidad representa una fracción preponderante de sus costes productivos, alcanzando en ocasiones hasta un 50%- se han enfrentado en los últimos años a un problema creciente de competitividad internacional como consecuencia del peso de la factura eléctrica en su matriz de costes. Este problema, que afecta al conjunto de la Unión Europea, se ha convertido en diferencial frente al resto de competidores internacionales, no sujetos ni al régimen comunitario de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero ni a la exigente normativa comunitaria en relación con las ayudas de Estado. Al margen del incremento del precio del petróleo y de otros costes, la inacción del gobierno del PP, las políticas neoliberales y su permanente deslocalización de la producción, así como la escasa sensibilidad hacia la industria como palanca de crecimiento sostenible, explican en buena medida el verdadero origen del problema actual.
A fin de mitigar esta dificultad acuciante para muchas empresas, y en tanto no se desarrolle un marco homogéneo en el ámbito comunitario para el conjunto de la industria electrointensiva europea, era necesario e inaplazable que el Gobierno español definiese este tipo de consumidor, así como que se arbitrasen mecanismos para optimizar los costes de la energía eléctrica que consumen.
El Real Decreto-Ley 20/2018, de 7 de diciembre, de Medidas Urgentes para el Impulso de la Competitividad Económica en el Sector de la Industria y el Comercio en España, dio al Ejecutivo el mandato para elaborar y aprobar en un plazo de seis meses un Estatuto de Consumidores Electrointensivos. Una norma que recoja las obligaciones y compromisos que han de asumir en el camino hacia modelos energéticos más eficientes, y que prevea instrumentos reductores de la factura eléctrica, a fin de potenciar el crecimiento económico y la competitividad de la industria, manteniendo y generando empleo de calidad.
Cumpliendo con el compromiso adquirido -y reduciendo el plazo establecido a la mitad-, el Gobierno ha iniciado el trámite de consulta e información pública de un texto que define y certifica por primera vez la condición de consumidor electrointensivo, y aporta la certidumbre y estabilidad necesarias para el conjunto de esta industria, y en concreto, para los casos en que la competitividad asociada a este uso intensivo de la electricidad pone en riesgo la viabilidad del proyecto industrial.
253 empresas de treinta subsectores, con un papel clave en la vertebración económica, social y territorial, verán incrementada su competitividad y 100.000 puestos de trabajo directos y 50.000 indirectos tendrán mayores garantías de futuro. No hay futuro económico sin una industria sólida y diversificada.
LOS TRES EJES DEL ESTATUTO
El Gobierno calcula que todo ello generará una horquilla de rebaja de precios que podría llegar a ser superior a los 10€/MW
El Estatuto se estructura en tres ejes: Mecanismos de mitigación del coste del suministro eléctrico asociados al sistema eléctrico, compensación de costes indirectos por emisiones de gases de efecto invernadero, y fomento de la contratación bilateral a largo plazo de la energía.
En el primer apartado se incluyen aspectos ampliamente demandados por el sector, como la exención de los pagos por capacidad o la exención del pago por el servicio de interrumpibilidad a las industrias interrumpibles, dada su condición de proveedores.
En el segundo eje, se recoge la compensación de costes indirectos por emisiones de gases de efecto invernadero para las empresas de determinados sectores y subsectores industriales a los que se considera expuestos a un riesgo significativo de fuga de carbono. Este ‘riesgo’ -así denominado- es el que acecha a las industrias altamente expuestas al comercio internacional de derechos y que no pueden trasladar íntegramente sus costes eléctricos al precio de la producción sin perder una parte significativa de sus ventas, por ejemplo, por tratarse de productos altamente estandarizados y comerciados globalmente. Este mecanismo se consolida a nivel legal y su incorporación abre la puerta a su refuerzo presupuestario, a fin de superar lo ejecutado en ejercicios anteriores.
Finalmente, el texto propuesto por el Gobierno apuesta por el desarrollo de un nuevo mercado bilateral entre industrias electrointensivas y compañías eléctricas. Para ello, se fomenta este tipo de contratos gracias a avales y mecanismos de cobertura de las garantías que beneficiará a las industrias.
El Gobierno calcula que todo ello generará una horquilla de rebaja de precios que podría llegar a ser superior a los 10€/MW, a lo que deben sumarse otras medidas como la subasta de interrumpibilidad u otras de carácter fiscal de las que ya se benefician los consumidores electrointensivos, como la reducción del 85 por ciento en la base imponible del Impuesto Especial sobre Electricidad. Sin olvidar la senda iniciada por el Gobierno socialista en la reforma del sector eléctrico que pueda resultar en una reducción generalizada de costes.
Estas medidas de política industrial y energética no tendrán un impacto significativo sobre la factura del resto de consumidores y, gracias a la actividad industrial, tendrán una aportación positiva para el conjunto de la economía y sociedad española. Hemos de entender este esfuerzo como una apuesta por la competitividad del país. Un esfuerzo que comienza por reconocer la especial carga de este sector, algo que ningún otro gobierno había hecho previamente.
El Estatuto es un instrumento útil, necesario y equilibrado, concebido para aliviar un problema empresarial, de indudable alcance social, y dotado de los mecanismos y salvaguardias adecuados para que los beneficios previstos reviertan en última instancia en el conjunto de la sociedad y no originen ninguna carga económica apreciable sobre el resto de operadores económicos y, en particular, sobre los consumidores particulares.
Es un ejercicio compartido que ha de desembocar en un texto posible y reconocible por los implicados.
Es el principio del camino a recorrer para reforzar y consolidar este tipo de industria. Un camino que requiere abordar otros cambios de calado y que necesariamente tendrá que abordar el Gobierno que se configure tras las elecciones del 28A. Lo importante es continuar con el camino iniciado, porque de ello depende el futuro de la industria electrointensiva en España.