La conmoción en la opinión pública española es cada día mayor por la resolución del caso Banco Popular. Un banco que hace no mucho tiempo se encontraba entre los más rentables del mundo, en un plazo relativamente breve, ha desaparecido después de 91 años de historia, valorado en 1 € y vendido en menos de 24 horas a un Mecanismo Único de Resolución Europeo y al final al Banco Santander, aumentando el grado de concentración bancaria a niveles que nunca habían existido.
Todas las informaciones apuntan al problema de los créditos fallidos del sector inmobiliario por parte del Banco Popular como el causante de la debacle de una entidad, que por otra parte nunca había incumplido sus compromisos de pago ni había tenido problemas de solvencia.
Los riesgos valorados en el sector inmobiliario del Banco Popular se cifran en 36.800 millones de euros. ¿Cómo se puede llegar a esa cifra tan elevada? ¿Quiénes fueron los responsables de la aprobación de esas operaciones en los años de la burbuja inmobiliaria? ¿Porqué se ha sido incapaz de solucionar ese problema cuando otros bancos si lo han hecho?
Estas preguntas se las estarán haciendo fundamentalmente los accionistas y compradores de bonos que en los últimos años han seguido apostando por sacar adelante al Banco Popular y que en la actualidad han perdido toda su inversión.
En la presentación de la compra por la cúpula del Banco Santander se afirmó que la operación a medio plazo creará valor y el Banco Santander obtendrá grandes beneficios. Su acción se ha revalorizado y los competidores de la entidad presidida por Ana Patricia Botín consideran que han realizado la operación del siglo.
Hará bien el Banco Santander en buscar soluciones negociadas con los accionistas y acreedores del Banco Popular porque sin duda alguna los procesos jurídicos que entablarán los perjudicados pueden ser eternos y sembrar una duda permanente sobre los resultados de la entidad fusionada.
En la rueda de prensa celebrada las preguntas de algunos periodistas no fueron respondidas. Si en el mes de Noviembre de 2016 había ofertas superiores a los 6.000 millones de euros para la adquisición del banco.
¿Cómo es que ahora no vale nada, incluso se dan valoraciones negativas?
¿Quién ha demostrado que los problemas de liquidez del Banco Popular eran de tal magnitud como para provocar su “intervención” por la autoridad europea?
¿Cuáles son las cantidades que los depositantes habían sacado del Banco en los días previos a la intervención? Esos datos se desconocen completamente.
La estrecha vinculación entre Emilio Saracho y el Banco Santander durante muchísimos años puede hacer pensar a los numerosos perjudicados en un comportamiento enfocado a un fin determinado.
La caída sistemática del valor, consecuencia de la indefinición en las soluciones, la falta de claridad en las explicaciones, las dudas e incertidumbres mostradas sin pudor a la opinión pública no ayudan a generar ninguna confianza entre los depositantes y accionistas.
Desde el punto de vista de los trabajadores de ambas entidades la situación no puede ser más preocupante. Después de procesos de reducción de plantilla en 2016, se enfrentan a nuevos recortes que en muchos casos no podrán ser voluntarios como hasta ahora.
CC.OO. y UGT pidieron el jueves 8 de Junio una reunión urgente con la dirección del Banco Santander para abordar la situación creada con la compra del Banco Popular. Las cifras que se lanzan inicialmente del número de despidos son alarmantes. Se han escuchado desde 3.000 hasta 5.000 los puestos que sobran con la fusión.
Los sindicatos de ambas entidades cuentan con experiencia reciente en la negociación de EREs y bajas incentivadas. Como en otras ocasiones los servicios que más se ven afectados por estos procesos son los Servicios Centrales. La afectación a sucursales siempre lleva un camino más lento.
En la actualidad el Banco Popular tiene 1.644 oficinas y el Santander 2.881 muchas de ellas en territorios diferentes debido al proceso de expansión del Popular en base a filiales regionales.
En las áreas tecnológicas el Santander siempre ha considerado ser el más avanzado del sector y sin duda impondrá sus soluciones en la fusión.
Como ha sucedido en otros casos similares el Banco Santander previsiblemente ofrecerá planes de prejubilaciones y bajas incentivadas tanto a los trabajadores del Banco Popular como a los del Santander. En 2016 el Santander acordó con los sindicatos la reducción de un 5% de la plantilla, con prejubilaciones del 80% para mayores de 55 años y bajas con 40 días por año trabajado con un límite de 24 meses.
El Banco Popular, después de la absorción del Banco Pastor, acometió por primera vez en su historia un Expediente de Regulación de Empleo en 2016 que evitó los despidos forzosos y al que se acogieron 2.592 empleados.
El nuevo banco puede seguir aplicando criterios de exclusión bancaria cerrando sucursales, disminuyendo las plantillas y empeorando la atención al cliente o puede transitar el camino contrario aprovechando su tamaño y sus elevados beneficios. Dotar de sucursales a pueblos que en la actualidad no tienen, dedicar recursos humanos a la atención de situaciones especiales de sus clientes, apoyar al inmenso volumen de pequeñas y medianas empresas clientes de la entidad (Más del 25% del total de España), y otras medidas que favorezcan una banca más cercana al ciudadano y menos preocupada por alcanzar cifras de dos dígitos de incremento en los beneficios.
En otro ámbito, como es el de solucionar el problema inmobiliario que arrastra el Banco Popular, se puede optar por la vía rápida y especulativa de vender a grandes fondos oportunistas de inversión internacionales para que ellos realicen la llamada “digestión del ladrillo” o puede realizar una gestión más lenta y estudiada en colaboración con ayuntamientos y comunidades autónomas para tratar de paliar los problemas de vivienda que en la actualidad tienen los jóvenes españoles con precios de alquiler y venta creciendo nuevamente por encima del 10% anual.
Según los datos aportados por el Banco Santander, tiene solucionado su problema inmobiliario. Tan sólo representa el 2% del balance de sus cuentas en España. Su previsión para liquidar los activos dañados del Popular es reducirlos a la mitad en año y medio y reducirlos a cero en tres años.
Su presidenta manifestó en la rueda de prensa que de los 7.900 millones de ampliación de capital 7.200 irían dedicados a aumentar el nivel de dotaciones para los impagados de inmuebles, lo que da idea de la magnitud real del problema inmobiliario.
Conviene tener presente que desde el inicio de la crisis las desinversiones totales de los bancos y cajas de ahorros por la vía de ventas a grandes fondos de inversión está cerca de los 100.000 millones de euros, según informes elaborados por KPMG.
Parece existir un consenso generalizado que la opción adoptada para la solución del Banco Popular ha sido “la menos mala posible” pero sin duda esa afirmación debe ir acompañada de una explicación exhaustiva de lo ocurrido realmente en el último periodo de la entidad y de una negociación con todas las partes implicadas en este proceso. Trabajadores, accionistas y acreedores.
