España soporte una economía sumergida que equivale al 24,6% del PIB, es decir, unos 253.000 millones de euros
Esta semana, la Agencia Tributaria (AEAT) dio a conocer los resultados de lucha contra el fraude del pasado año, los cuales dejaron un sabor amargo por varios motivos. Primero, porque por segunda vez desde la creación de este organismo, allá por 1992, se lograron unos resultados peores que el año anterior (2016), ya que la recaudación cayó un 4,8% respecto a 2015.
Por otra parte, porque como denunció Gestha, se omitieron datos muy importantes que otros años se han revelado, como los delitos fiscales denunciados, las actuaciones de los ingresos en ejecutiva y los ingresos de liquidaciones y actos de gestión recaudatoria, los cuales siempre se han facilitado y que reflejan el núcleo fundamental de la lucha contra el fraude. Es decir, demuestran hasta qué punto se están haciendo bien o no las cosas.
Y por lo poco que se ha sabido, el grado de ineficacia a la hora de detectar el fraude es bastante alto. En concreto, el pasado año no se detectó el 84,3% del fraude que se cometió en nuestro país, pues los resultados llegaron solo al 15,7% de la evasión estimada. Y es que, como ya venimos denunciando los Técnicos de Hacienda desde hace un tiempo, el ‘modus operandi’ de la AEAT para luchar contra el fraude es centrarse en el pequeño contribuyente (pymes, autónomos y asalariados) principalmente, a los que se descubre menor importe de deudas.
De hecho, el 80% de los efectivos de la Agencia se dedica a investigar a estos colectivos, lo que deja muy poco margen para actuar contra el fraude sofisticado, el que cometen grandes empresas y grandes patrimonios, que supone el 70% del fraude cometido. De hecho, nos tememos que la opacidad mostrada este año por la AEAT a la hora de trasladar al público sus resultados tiene que ver, entre otras cuestiones, con que la cifra de delitos fiscales descubierta ha caído.
Una tendencia que se viene registrando en la última década, pues en 2005 se remitieron a la fiscalía 793 expedientes por delito fiscal, mientras que en 2015 la cifra se había reducido un 57%, hasta los 341 delitos descubiertos, muy lejos de los 1014 del año 2011. Un descenso que muestra a las claras las grietas por las que se cuelan los defraudadores y evasores y que Hacienda no está logrando taponar.
De ahí que España soporte una economía sumergida que equivale al 24,6% del PIB, es decir, unos 253.000 millones de euros. Los resultados de 2016 dejan más sombras que luces y hacen temer que el camino por el que se está transitando para luchar contra el fraude no sea el adecuado. Por mucho que al gobierno se le llene la boca con planes, propuestas y avisos a navegantes. Le pese a quien le pese, todavía no hemos logrado poner cerco al gran fraude, que es el que realmente hace un agujero a las arcas públicas.
