jueves. 28.03.2024
hipotecas

Las entidades tienen músculo suficiente para cumplir la sentencia y realizar de manera voluntaria la devolución del pago del impuesto de las hipotecas, cuyo importe de los últimos cuatro años apenas representa el 9,7% de los beneficios del sector

El terremoto que sufre el mercado hipotecario tiene su epicentro en el Tribunal Supremo. Y no dejará de provocar temblores hasta más allá del próximo 5 de noviembre, cuando el alto tribunal dictamine quién deberá soportar finalmente el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD).

Pues bien, mientras que la nueva ley hipotecaria que tramita en estos momentos el Congreso podría acabar repartiendo entre las entidades bancarias y los clientes los gastos de una hipoteca –pese a que se continúa a expensas del criterio que establezca el Supremo en la sentencia que se revisará en poco más de una semana-; algunos bancos han calculado que el fallo del alto tribunal encarecerá los préstamos más de un 1% e incluso ciertas entidades ya han aplicado subidas de hasta el 0,4% para anticiparse al alto Tribunal.

Puede que la incertidumbre e indefinición endurezcan las condiciones exigidas para aprobar los nuevos créditos a partir de ahora. Puede que algunos clientes que querían hipotecarse para adquirir una vivienda hayan mostrado cierto desinterés por el revuelo, retrayéndose hasta que el Supremo se pronuncie sobre su criterio final. Pero resulta inadmisible que desde las instituciones se advierta que cualquier nuevo coste para la banca se trasladará automáticamente a los clientes.

Esos avisos, esas señales de alerta, esas voces de alarma… son totalmente contrarias a la libre competencia. Además, analizando algunas declaraciones de ciertas personas relevantes en el sector puede uno deducir que se está asumiendo "implícitamente" que la banca actúa como un oligopolio, dada la enorme y progresiva concentración del sector en España, donde cada vez se cierran más oficinas y donde los peces grandes van engullendo a los chicos.

Podríamos poner el ejemplo de si cualquier comunidad autónoma se negara a devolver el AJD de los últimos cuatro años a todos los contribuyentes y les exigiera acudir a un juzgado para dirimir la cuestión -con los costes de abogado y procurador, así como el impacto del tiempo e incertidumbre-, aprovechándose de la circunstancia que no todos recurrirán a la vía judicial porque o no tienen información para valorar, o conocimiento, o acceso a un letrado de confianza, o tiempo para dedicarle a un pleito...

Aunque sea a las haciendas autonómicas a las que los hipotecados en estos últimos cuatro años deberían dirigir sus reclamaciones, pues será un procedimiento más rápido y ágil que litigar con los bancos -si el Supremo carga el impuesto a la banca-, y más allá de la debatida ahora retroactividad, las entidades tienen músculo suficiente para cumplir la sentencia y realizar de manera voluntaria la devolución del pago del impuesto de las hipotecas, cuyo importe de los últimos cuatro años apenas representa el 9,7% de los beneficios del sector en este mismo periodo. Que no nos vendan gato por liebre, no vaya a ser que al final acabe -de forma injusta- arañando a los de siempre.


gestha200Contesta Carlos Cruzado

 Presidente de los Técnicos de Hacienda (Gestha)

¿Podrían encarecerse las hipotecas?