La semana pasada se conocieron en España las previsiones más sobresalientes de los ocho principales institutos germanos de análisis económicos. Las previsiones son malas y, a pesar de ser las esperadas por los expertos en economía social, resultan francamente preocupantes. En el año 2011 la economía española crecerá tan solo el 0,7% y, lo que es peor, lo hará en un 0,1% en el año 2012 rompiendo todas las previsiones del actual gobierno. Como consecuencia, el desempleo alcanzará la alarmante cifra del 21% en el presente año y del 21,5% en el año 2012; por su parte, el déficit público alcanzará el 6% en 2011 y el 5,6% en el 2012, siendo el objetivo de déficit del gobierno para el año 2012 del 4,4%).
En la zona euro los datos, aunque más favorables para los países centrales de la UE, tampoco son buenos. Este año el conjunto de la zona euro crecerá un 1,5% y el 0,4% en el año 2012. Alemania pasará de crecer un 2,9% en 2011 a un 0,9% en 2012 y Francia crecerá el 1,5% este año y el 0,4% el año próximo. Los países periféricos tendrán la peor parte: sobre todo Grecia, Portugal, Irlanda, e Italia que, incluso, entrará en recesión el año 2012 (-0,2%).
El informe es clarificador y señala las causas de estos datos: contexto internacional recesivo (bajo crecimiento de la economía, sobre todo en la UE), consolidación fiscal prolongada (recortes y ajustes presupuestarios), y creciente desempleo (afectando sobre todo a España). El informe no dice nada de las próximas elecciones en nuestro país y, por lo tanto, cabe deducir que no las considera relevantes a la hora de establecer las previsiones para el año 2012, en contradicción con la posición que mantiene el PP al insistir en la necesidad del cambio político para reactivar la economía y salir de la actual crisis económica.
Quien sí considera relevantes las próximas elecciones- para la consecución de sus fines- es la CEOE- CEPYME. Con estas perspectivas económicas y en plena campaña electoral, ha aprobado un documento propositivo maximalista a presentar a los partidos políticos que concurran a las elecciones (20-N), esperando que sea tomado en consideración, cuando menos, por el PP y los nacionalistas catalanes. El documento no contiene novedades; sin embargo, incide con fuerza en las reivindicaciones de siempre. El hecho resulta relevante por ser presentado en plena campaña electoral y en medio de la crisis, aspirando a que sea tenido en cuenta al margen del diálogo y de la concertación social (la CEOE viene ninguneando a los sindicatos desde hace meses).
Como venimos manifestando, el texto recoge machaconamente las mismas reivindicaciones que se han mostrado obsoletas para salir de la crisis y crear empleo; además resultan sumamente interesadas, aprovechándose irresponsablemente de la crisis y de una cierta complejidad gubernamental, en transferir rentas del trabajo al capital, precarizar más el mercado de trabajo, e individualizar las relaciones laborales.
Abaratar más el despido y congelar los salarios son sus banderas más radicales, a pesar de la reforma laboral en vigor y de que el gobierno ha eliminado recientemente el límite de encadenamiento de los contratos laborales, lo que garantiza un contrato temporal indefinido, sin tutela judicial, y con una indemnización económica muy baja. De los salarios se puede decir lo mismo. La CEOE viene incumpliendo el AENC 2010-2012- que ya contempla moderación salarial- y sigue frenando la renovación de convenios que afectan a más de tres millones de trabajadores. El resultado está a la vista: según el INE, los salarios han perdido poder adquisitivo (2,9%), entre el segundo trimestre de 2009 y el segundo trimestre de 2011 y su repercusión en la caída del consumo interno no es precisamente pequeña.
Otras reivindicaciones también son conocidas: una nueva reforma laboral a la baja; la reforma de la negociación colectiva (convenios de empresa al margen del convenio estatal, más facilidades para el descuelgue de contenidos de un convenio superior, y regulación unilateral de las condiciones de trabajo en las empresas); mantener el desarme fiscal (no subir impuestos) y bajar el impuesto de sociedades; reducir las cotizaciones de las empresas a la seguridad social (la reforma de las pensiones se llevó a cabo con el argumento de que estaba el futuro del sistema en peligro); privatizar cuando menos una parte del sector público e implantar el copago (lo que queda de empresas públicas, la enseñanza, y la educación, entre otras actividades)…
Paralelamente a este debate, el gobierno ha solicitado a los sindicatos sus alegaciones a la Estrategia Española 2012-2014, vinculada a la Estrategia 2020 y al Programa Nacional de Reformas, tal como se recoge en el Acuerdo Social y Económico de febrero de 2011. La contestación sindical es contundente: no da respuesta práctica, ni real, a los problemas de nuestra economía, además de estar en contradicción con las medidas ya adoptadas en materia laboral; por lo tanto resulta “insuficiente, confusa, e inapropiada”.
La Estrategia tiene además importantes vacíos: nada se dice sobre políticas de inversión pública que estimulen la creación de empleo en sectores competitivos y con futuro; tampoco se dice nada de los Servicios Públicos de Empleo y su reorientación hacia la intermediación en nuestro mercado de trabajo; mucho menos plantea exigencias respecto al mantenimiento del nivel de empleo en las empresas...
Nos encontramos, por lo tanto, ante un texto no consensuado y sin la más mínima incidencia en la opinión pública. Desde luego, sin ningún protagonismo en la campaña electoral, lo que resulta verdaderamente lamentable. A ello contribuye la pérdida de confianza y de credibilidad de la clase política en la resolución de los problemas derivados del desempleo, que alcanza a los empresarios e, incluso, a los sindicatos.
Por todo ello, es muy posible que en la campaña electoral no se conozcan las alternativas que presenten los partidos políticos (PSOE y PP, sobre todo) para la creación de empleo y, desde luego, para el mantenimiento del estado de bienestar social, a pesar de que la ciudadanía tiene derecho a conocer estas medidas para votar con conocimiento de causa.
Por ejemplo: ¿Qué se va a hacer con la actual reforma laboral (recordar que fue motivo de huelga general); con la reforma de la negociación colectiva; con los contratos de formación hasta los 30 años; con el encadenamiento de contratos (consolida la precariedad); con las retribuciones de los empleados públicos (generó una huelga general en la función pública); con la congelación de las pensiones; así como con la reforma del sistema financiero (inmovilizado del ladrillo y la anunciada recapitalización del sistema con dinero público); la lucha contra el escandaloso fraude fiscal y la recuperación de impuestos, entre otras medidas?
Es una pena constatar la escasez de propuestas originales y novedosas para avanzar en políticas de empleo eficaces; y lo decimos a sabiendas de la dificultad que eso entraña. A pesar de ello, hay que ser audaces y abrir un debate permanente sobre el empleo, dada la magnitud que alcanza en nuestro país. En Francia, por ejemplo (con porcentajes de desempleo bajos en relación con España: en torno al 10%), se ha debatido recientemente sobre estas políticas en diversos foros, donde han participado expertos y antiguos dirigentes (por ejemplo, el ex primer ministro Michel Rocard). Una primera constatación al hilo de estos debates es que nos encaminamos hacia sociedades que no estarán tan involucradas en el trabajo y si en cambio más comprometidas con la llamada “sociedad del ocio”; por lo tanto, más ocupadas en otras actividades: cultura, deporte, música, cuidado de los niños, relaciones de amistad, vida asociativa y política… que nos ocuparán la mitad de nuestro tiempo antes de la vejez.
De la misma manera se vislumbra en el futuro la necesidad de reducir el consumo exacerbado, lo que traería consigo crecimientos económicos más lentos en los países desarrollados (entre el 1% y el 1,5%) para salvar el planeta tierra y luchar contra el cambio climático. Ello significaría que el desempleo, la precariedad, y la pobreza seguirían en cotas elevadas y que el descontento social continuaría si no hacemos nada, teniendo como caldo de cultivo las injusticias, las desigualdades, y los agravios comparativos, lo que desde el punto de vista ético resultaría insostenible.
Ante esta nueva realidad que se visualizaría en el futuro- y que mantendría el empleo estancado- se está incluso reflexionando sobre la actualización del concepto “recuperar el reparto del trabajo existente”: “trabajar menos para que trabajen más personas” (en este caso 30 horas o menos), en contraposición con el “trabajar más para ganar más” que defiende la derecha francesa y que ha fracasado; dando por hecho que esta medida se debería establecer en todos los países (cuando menos en la UE), con el propósito de reducir drásticamente el desempleo y recuperar el pleno empleo.
En estos debates se ha recordado también la defensa de las 35 horas, defendidas por la Confederación Europea de los Sindicatos (hoy olvidadas), o el incremento, también en entredicho, de los salarios y su repercusión positiva en el consumo interno y por lo tanto en el crecimiento y el empleo. Muchos se plantean por qué se han producido estos abandonos y a cambio de qué; y se preguntan preocupados por qué se están asimilando sin excesivas dificultades los planteamientos neoliberales a cambio de frenar simplemente sus medidas más extremas.
Otro ejemplo a tener en cuenta en la actual situación es que el 15-M, preocupado por el empleo, haya convocado manifestaciones en un marco planetario de carácter eminentemente reivindicativo, a partir de un diagnóstico muy similar al que viene haciendo el movimiento sindical en la Unión Europea desde hace años.
Los jóvenes, especialmente perjudicados por la crisis, rechazan que las instituciones financieras (el capitalismo) se impongan a la democracia; exigen la centralidad y el valor del trabajo en las sociedades democráticas; apuestan por un fuerte sector público en las políticas económicas; denuncian el fraude fiscal, y exigen impuestos a los que más tienen; apoyan los servicios públicos y sociales (sanidad y enseñanza) en poder del Estado; manifiestan con rotundidad que lo primero es el empleo (juvenil), al que deben supeditarse otras variables económicas; y , finalmente, exigen que el costo de la crisis recaiga en buena medida en la erradicación de los paraísos fiscales y en el impuesto a las transacciones financieras.
En todo caso, resulta esperanzador y positivo el acercamiento entre el movimiento sindical, la izquierda, y el 15-M en la actual situación (CCOO ha apoyado las manifestaciones y dirigentes de IU han participado en las mismas; incluso Rubalcaba está recogiendo tímidamente alguna de sus reivindicaciones). Las primeras reticencias y los equívocos del 15-M deben ser superados para dar paso a la colaboración y al compromiso compartido con la izquierda en general. Lo demás resulta un desatino, todo hay que decirlo, y produce melancolía y frustración. Queda por esclarecer en la campaña electoral hacia dónde se dirigirá esa marea de descontento e indignación. Aunque no parece que su destino sea la derecha, todo puede ocurrir en la actual situación; depende de cómo reaccione la izquierda en general, tanto en la recuperación de la credibilidad perdida como en la presentación de propuestas ilusionantes.
