Si se igualara la recaudación a la media ponderada europea, la Seguridad Social española lograría 7.900 millones adicionales cada año, lo que financiaría ampliamente la revalorización de las pensiones en función del IPC y liberaría otros 6.300 millones para reducir el déficit
El miércoles de la semana pasada, Gobierno y PNV acordaron subir las pensiones un 1,6% en 2018 -en línea con el IPC- de cara a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Un día después, el jueves, a Cristóbal Montoro le llovieron las preguntas acerca de la financiación de esa subida, puesto que en la práctica supone un gasto extra y no contemplado en las cuentas públicas. Y el viernes, tras el Consejo de Ministros, el titular de Hacienda comunicó que la subida de las prestaciones se sufragaría con la recaudación de un impuesto a las grandes tecnológicas, que sin citarlas es obvio que son compañías como Amazon, Google o Apple.
La primera conclusión es que la subida de las pensiones era una cuestión de voluntad política. Vamos, de querer subirlas. Y es que si bien es cierto que el incremento de las prestaciones es necesaria para garantizar una vida digna a los pensionistas y sostener uno de los pilares más importantes del ya deteriorado Estado del Bienestar, no es menos cierto que ese mayor gasto en que incurrirá el Gobierno obligará a echar una vez más cuentas para cuadrarlas y lograr reducir el déficit público desde el 3,1% hasta el 2,2% del PIB.
Sea como fuere, Montoro compareció el viernes como el mago que actúa con un as bajo la manga y anunció un nuevo impuesto a las compañías tecnológicas para financiar el mayor gasto en pensiones. Sin embargo, no se trata de ninguna novedad, ya que la Comisión Europea planteó el 21 de marzo pasado un borrador de directiva para que estas grandes empresas digitales terminen tributando en los países de la UE mediante un recargo en torno al 3% de los beneficios obtenidos por sus ventas en cada miembro comunitario. La medida afectaría a aquellas compañías que facturen más de 7 millones de euros y que cuenten con más de 100.000 usuarios o con más de 3.000 contratos en un Estado miembro.
No obstante, este impuesto no estaría vigente, como muy pronto, hasta 2020. Además, su recaudación en toda la UE rondaría los 5.000 millones de euros, por lo que difícilmente -por no decir imposible- España pueda ingresar más de 500 millones a medio plazo, una cantidad muy por debajo de los 1.600 millones que, aproximadamente, costaría indexar las pensiones al IPC este año.
Pese a la necesidad de subir las prestaciones para blindar el poder adquisitivo de los pensionistas y garantizarles una vida digna, las pensiones no deberían utilizarse desde el punto de vista político para intentar captar votos de uno de los colectivos sociales más numeroso y determinante para los resultados electorales. El impuesto a las tecnológicas, tanto por su insuficiente capacidad recaudatoria como por lo que fija el calendario, no servirá para financiar el mayor gasto en pensiones de 2018. Entonces, ¿de dónde se sacará el dinero para sufragarlas?, ¿volverá a descarrilar el déficit público?, ¿o podemos esperar nuevos recortes del gasto?
Pues bien, la actualización de las pensiones con el IPC debería consolidarse mediante un sistema mixto de financiación de la Seguridad Social (cuotas sociales e impuestos) para evitar el descuadre de las cuentas públicas del organismo, teniendo en cuenta que el Gobierno se ha propuesto para 2022 eliminar su déficit. En este sentido, si se igualara la recaudación a la media ponderada europea, la Seguridad Social española lograría 7.900 millones adicionales cada año, lo que financiaría ampliamente la revalorización de las pensiones en función del IPC y liberaría otros 6.300 millones para reducir el déficit previsto de este organismo, cuyo agujero el año pasado superó los 17.000 millones. En definitiva, ahora más si cabe hay que seguir buscando otras soluciones para aumentar la recaudación.
