La implantación de un Impuesto sobre las Transacciones Financieras se aprobó el miércoles en la Asamblea Nacional Francesa. Se aplicaría solamente en Francia desde principios de agosto pero se sustituiría por un ITF de escala europea o de aquellos países que se acogiesen a una cooperación reforzada.
La medida también establece una tasa del 0,01% a determinados productos u operaciones acusados de fomentar la especulación: por ejemplo, los Credit Default Swaps
La Campaña ITFya, que aboga por la implantación de un ITF general, con una base impositiva amplia, y la persecución de los paraísos fiscales y el fraude fiscal, considera la aprobación por la Asamblea Francesa de paso en la buena dirección, que debe ser extendido al conjunto de los países europeos.
La Comisión Europea está a favor de la implantación del ITF y es público que el Presidente Rajoy también lo está, según él mismo ha declarado con motivo de la reciente visista de Nicolás Sarkozy a Madrid. Por ello, la Campaña ITFya considera que el Gobierno, coherentemente, debe tramitar una ley para su implementación y con la misma salvaguardia francesa, esto es, que sea sustituido por aquel que se proponga en un acuerdo de colaboración reforzada al menos por los 9 países que han instado a la presidencia danesa del Consejo para que se acelere la tramitación del ITF; y del mismo o superior desarrollo de la base imponible. Además, debiera tramitarse en paralelo a la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para que éstos ya recogiesen una partida de ingresos que, la Campaña ITFya entiende, debería dedicarse a la lucha contra las causas de la pobreza, la exclusión y el cambio climático.
La Comisión Europea ha calculado que la implantación de un Impuesto a las Transacciones Financieras con un tipo mínimo, y una base reducida a determinados transacciones financieras, en toda Europa, lograría unos ingresos próximos a los 57.000 millones de Euros. Si fuese más general y con un tipo de sólo el 0.05 %, con los cálculos realizados se llegaría a una recaudación de 197.000 millones. En España podrían llegar a captarse más de 6.000 millones de Euros en un momento en que, para reforzar la austeridad, se han paralizado los incrementos del salario mínimo interprofesional, que afecta a los trabajadores menos remunerados, lo que ocasionará que la Seguridad Social no perciba unos 50 millones de euros por cada punto porcentual de incremento que hubiera podido haber y no ha habido.
