El error del Gobierno al plantear la línea ICO Directo fue creer que el ICO sería capaz de llevar a cabo el plan. Pero de haber habido una banca pública de proximidad, hubiera sido el vehículo ideal para la inyección urgente de fondos en la economía real, ante una situación desesperada
El pasado 28 de marzo el diario digital El Confidencial publicó un artículo del economista Juan Ramón Rallo sobre la elevada proporción de acreditados morosos y dudosos a 31 de diciembre del 2016 en los préstamos concedidos en 2010 y 2011 por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Una situación conocida por el reciente informe del Tribunal de Cuentas sobre la actividad del ICO.
Ese hecho ha servido de excusa al profesor Rallo para demonizar al sector de Cajas de Ahorro, además de elucubrar sobre las nefastas consecuencias para el Estado de haber una Banca Pública, cargando de paso contra el partido Podemos que apoya ese proyecto.
No cabe entrar en una discusión con el señor Rallo sobre las teorías económicas que sustentan o reniegan de un sector financiero público, pero sí cabe rebatir las inexactas afirmaciones del artículo citado y el tendencioso titular: 83% de morosidad: así sería la banca pública, que en modo alguno corresponde a los datos reales.
Es indiscutible que en 2011 comenzó una profunda crisis del sistema financiero español que aún colea. No voy a entrar en su origen, pero es cierto que esa crisis afectó a todas las entidades de crédito en mayor o menor medida, aunque no todas hayan recibido ayudas significativas del Estado por tal motivo.
También asumo que la solución del Gobierno, con el conocimiento del Banco de España, apoyando a algunas entidades y las medidas aplicadas estarían debidamente sustentadas técnicamente. Y considero que, al margen de este artículo, esa solución era mejor que dejarlas caer para liquidarlas, porque el Estado hubiera tenido que devolver los depósitos garantizados por los Fondos correspondientes.
Pero no estoy de acuerdo en que se llegara a situaciones de crisis porque las entidades involucradas fueran las Cajas de Ahorros, ni que, según dice Rallo, las Cajas fueran el “tramo público del sistema financiero”, un nuevo concepto creado. Otro dato que apunta Rallo sobre la maldad de las Cajas de Ahorro es que el 70% de su cartera crediticia estaba ligada al sector inmobiliario frente a un 50% de los bancos. Pero eso ha sido así tradicionalmente y las Cajas han sido más activas que los bancos en ese ámbito.
Pretender que las Cajas son banca pública no se ajusta a la verdad y nunca ha sido así, pues estaban definidas como fundaciones privadas, aunque alguna en el pasado gozara de la garantía de ente público. Tampoco les confiere a las Cajas de Ahorros carácter público la intervención de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos en la designación de algunos miembros de sus Órganos de Gobierno, pues otras entidades (Iglesia, sindicatos e impositores) también designaban sus representantes en los órganos directivos.
Además, una vez designados los miembros concretos de los Órganos de Gobierno, recae en esas personas la responsabilidad de la gestión de la entidad. Así se ha puesto de manifiesto en los procedimientos judiciales que afectan a miembros de algunas entidades financieras, pues en ellos se ha investigado (y en algún caso se ha condenado) a los miembros de los Órganos y no a los partidos políticos que propusieron su nombramiento: se juzga a Rodrigo Rato y no a Mariano Rajoy, por ejemplo. Por tanto, cabe concluir que la crisis de las Cajas de Ahorros ha sido por las actuaciones de personas concretas, por acción u omisión, y no por la personalidad jurídica de las Cajas. Entre esos responsables también estarían los miembros de la Alta Dirección de las Cajas y no solo sus Órganos colegiados.
Además, si hubiera sido determinante ser una Caja de Ahorros para entrar en crisis también hubieran caído La Caixa, Unicaja, Ibercaja y las tres Cajas vascas. Pero no ha ocurrido, han salido reforzadas y han aumentado su tamaño. Además de que las antiguas Cajas, salvo dos pequeñas, han acabado como bancos privados. Las personas aficionadas a las conspiraciones pensarán que, con decenas de miles de millones de euros por medio, se ha logrado lo que algunos siempre han querido en el sector financiero: la desaparición de las Cajas de Ahorros de las finanzas españolas.
También quiero recordar que en junio de 2017 el Banco Popular fue intervenido por el FROB e inmediatamente vendido al Banco de Santander por un euro. Por ahora esa operación no ha costado nada a las arcas del Estado, pero ya se verá qué sucede cuando arranque el aluvión de demandas judiciales de antiguos accionistas y bonistas del Banco Popular en España y otros países.
Veamos ahora el papel del ICO, que Juan Ramón Rallo utiliza como ariete contra la banca pública. En primer lugar, cabe señalar que el ICO, definido como Agencia Financiera del Estado, actúa como banco de inversión bajo la supervisión del Banco de España, según las directrices del Gobierno. Pero el ICO no capta fondos entre el público en general ni dispone de medios para operaciones de activo a acreditados corrientes. Lo que implica su absoluta dependencia de las entidades de crédito privadas para desarrollar su tarea crediticia.
El informe del Tribunal de Cuentas sobre el ICO se ciñe a los saldos de los préstamos en vigor a 31 de diciembre de 2016; lo que los acreditados deben en esa fecha descontados los importes devueltos. Este matiz es importante al analizar qué se pretende, pues la cifra de morosidad que se cita más adelante puede ser muy superior a la real de la línea.
No obstante, a partir de los datos del informe, se puede avanzar que de los 34.237 millones de euros de los préstamos en vigor del ICO a 31 de diciembre del 2016, solo 749,9 millones corresponden a operaciones efectivamente aprobadas por este, es decir el 2,2%. Ahora, y después de un farragoso camino por las páginas de informe, se puede llegar al resultado de que, de esos 749,9 millones de euros, el saldo contable de la línea ICO Directo es 54,4 millones. Cifra a la que se llega partiendo de 211,5 millones de saldo vivo más ajustes; esta última cifra es la que se utiliza como denominador para calcular la ratio de impagados y fallidos del 83% citada en el artículo.
Pues bien, Rallo coge el rábano por las hojas cuando afirma que la excesiva morosidad presentada en la línea ICO Directo (que además es insignificante tanto en el organismo como en el sistema financiero español en su conjunto) supone que todas las operaciones concedidas por cualquier entidad financiera pública llevarían el mismo camino. Es tan absurdo que basta simplemente con recordar la ejecutoria del Banco Hipotecario de España sin ir más lejos. Lo más adecuado sería preguntarse cómo se ha llegado a esa anómala situación, para demandar responsabilidades o para evitarla en un futuro.
En el sentido de lo expuesto más arriba hay que entender que la decisión de crear esa línea le vino impuesta al ICO por el Gobierno, y se hizo ante la sensación de que las entidades de crédito privadas abandonaban apresuradamente la financiación de PYMES y autónomos. La causa más plausible de esa elevada morosidad es que la calidad crediticia de casi la totalidad de las solicitudes era pésima y no deberían haber sido atendidas, y esos errores se explicarían por la falta de experiencia de los empleados del ICO. Sin embargo, resulta que, como han publicado los medios, el ICO contrató exempleados de banca como analistas para revisar las solicitudes.
Ante la carencia de medios para atender las instrucciones recibidas, el ICO en 2010 contrató la comercialización de ese producto con dos grandes bancos (BBVA y Santander, según los medios). Eso significa que fueron esos bancos los que presentaron a los candidatos de la línea ICO Directo.
En las alegaciones del ICO al informe se menciona que sus analistas rechazaban el 87% de las solicitudes que revisaban, lo que significa que se aceptaba aproximadamente una de cada diez. Si a posteriori hubo incidencias en la mayoría de las concedidas, huelga decir cómo serían las rechazadas. Sin entrar en como BBVA y Santander hicieron la selección previa de los candidatos presentados al ICO, lo inconcebible es que en ese tipo de operaciones hubiera esa falta de calidad crediticia en esos bancos, y ahí lo dejo.
Siempre hay que sacar partido a cualquier circunstancia, y ello me hace pensar que el error del Gobierno al plantear la línea ICO Directo fue creer que el ICO sería capaz de llevar a cabo el plan. Pero de haber habido una banca pública de proximidad, hubiera sido el vehículo ideal para la inyección urgente de fondos en la economía real, ante una situación desesperada.
José Santos Pulido Mancebo, ATTAC, Plataforma por una Banca Pública
