viernes 30/10/20

Otra vez las pensiones

Los mercados son insaciables. Tras quebrar derechos laborales y reducir los salarios, ahora quieren recortar pensiones.

pension

El fraude fiscal derrota al espacio común. La movilidad del capital crece, se multiplican los paraísos fiscales y también la retórica del G-20

Los mercados son insaciables. Después de quebrar derechos laborales y de reducir los salarios, ahora quieren recortar las pensiones. Por eso 'el Roto' -en genial ilustración- nos advertía que garantizar el futuro de las pensiones es siempre tarea sencilla; basta aproximar el fin de la vida laboral a la esperanza de vida a partir e los 65 años. Y así el problema de las pensiones estaría resuelto, diseccionado y mediatizado en función de las angustias provocadas. Y por eso se silencian unas cosas y se amplifican otras. Y por eso el conocimiento y el debate ciudadano debe ser urgente y riguroso.

Las variables del sistema son conocidas. Unas tienen naturaleza política, otras son económicas y otras demográficas. Su importancia relativa es distinta, pero todas deberían ser analizadas. Las variables demográficas son ahora las más utilizadas, las que generan sustos y respingos, las reiteradas de forma calculada y mediática. Tenemos una población envejecida, la esperanza de vida a partir de los 65 años aumenta y se reduce la población potencialmente activa (tramo de 18 a 64 años). El resultado de todo ello es la quiebra del sistema, si este no se ajusta a los cambios demográficos. Insistiendo una y otra vez que la pensión pública debe ser complementada y reforzada con un plan o fondo privado.  

Y esto sucede porque los informes oficiales ignoran o subvaloran la relevancia que tienen las variables económicas y políticas. Y por eso las propuestas son insuficientes y tienen sesgos ideológicos. Se olvidan que las cotizaciones y los impuestos dependen del empleo, de la inmigración, de la productividad, de la cuantía del salario, del crecimiento económico (PIB), de la distribución del excedente, del empleo femenino, de la economía sumergida y del fraude fiscal.

Porque los ingresos públicos (cotizaciones e impuestos), pueden atender los problemas mencionados. Esta es la condición necesaria. La condición suficiente exige hacer efectivas las intervenciones siguientes: a) combatir el fraude fiscal por tierra, mar y aire, que en España supera ya los 70.000 millones de euros anuales; b) y si el PIB crece en media anual el 1,5% en términos reales durante treinta años (hipótesis conservadora), la renta total española se duplicaría en el 2.048, lo que permite resolver la insuficiencia financiera mediante un proceso redistributivo. Pero de esto tampoco se habla, ni se incluye en el discurso político, ni en los informes de las entidades financieras. La demografía puede provocar distorsión, pero eso no se resuelve con ajustes y recortes o con recetas de las viejas estructuras del poder. El Estado debe mantener la equidad entre las generaciones y garantizar así la justicia del reparto. En caso contrario, desconocemos las consecuencias, pero el problema podría dañar incluso a nuestra paz social. No se puede ignorar la unidad del presupuesto, donde las decisiones de ingresos y gastos son procesos singulares y reglados. Gastar sin explicar al contribuyente como se financia ese gasto, no solo es deslealtad política, sino también decisión generadora de déficits y descontrol. Por eso los impuestos disciplinan al gobernante y también a los ciudadanos que demandan servicios públicos. Y por eso el endeudamiento financiero y la deuda a proveedores están regladas. Y por eso hay que regular y limitar con urgencia la llamada deuda empresarial. Estamos ante un proceso complejo con riesgos políticos evidentes.

Subir los impuestos estatales, como sugiere algún gobernante, no parece acertado. Porque la inercia inversora debe ajustarse a la coyuntura. Porque sin reforma tributaria previa esos recursos adicionales los pagarían siempre los mismos y porque modificar impuestos compartidos exige corresponsabilidad fiscal y acuerdos que ahora pueden  no existir.

En todo caso, la mejor subida de impuestos que los gobiernos pueden hacer, y además con el aplauso unánime de la afición, es aquella que nunca se hace. Es la reforma que tiene por objeto lograr que paguen los que nunca pagan. O sea, combatir el fraude fiscal y romper así la paz beatífica del colectivo insolidario. Y si el fraude fiscal se redujera solo a la mitad, la Hacienda pública española ingresaría nada menos que 35.000 millones de euros adicionales en cada año. No existe una subida de impuestos más gloriosa ni más justa.     

Pero somos conscientes que el fraude fiscal derrota al espacio común. La movilidad del capital crece, se multiplican los paraísos fiscales y también la retórica del G-20. ¿Qué son en realidad los trabajadores por cuenta propia y ajena, los que ejercen actividad profesional los jubilados, los autónomos, los parados con prestación o las empresas familiares agrarias? Pues en realidad poca cosa, pero todos juntos suman ya más de 33 millones de ciudadanos votantes y contribuyentes. ¿Soportán estos perdedores, además de la explotación fiscal que ahora los maltrata, las quiebras futuras que tanto dañarían a sus pensiones?


X. Alvarez Corbacho | Catedrático de Hacienda. Ex Consejero Consello Galego de Contas

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