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miércoles 18/5/22

Nuevo frente sindical por la RSE

La directora del Observatorio de Responsabilidad Social Empresarial de la Fundación Primero de Mayo culpa a la actitud "irresponsable" de ciertas empresas y reguladores de la actual crisis económica mundial.
LUIS MARTÍNEZ / NUEVATRIBUNA.ES - 27.05.2009

La directora del Observatorio de Responsabilidad Social Empresarial de la Fundación Primero de Mayo, Laura Pinyol Vidal, ha reclamado este miércoles en Madrid a los delegados y responsables sindicales que formen un "frente sindical" y asuman la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) como una "herramienta nueva", que hasta ahora no ha formado parte de la acción sindical, según afirmó en la presentación del "Índice anual de responsabilidad social empresarial. La visión sindical", un informe sobre esta materia.

Asimismo, Pinyol ha pedido a las empresas que superen el concepto de "mero marketing" relativo a la responsabilidad social corporativa. Además, la dirigente sindical ha hecho autocrítica y ha reconocido que también los sindicatos deben vencer la "resistencia" a abordar un asunto que calificó como "prioritario" dentro de la acción sindical.

Pinyol ha culpado a la actitud "irresponsable" de ciertas empresas y reguladores de la actual crisis económica mundial. Por este motivo, ha dicho, "hoy es más necesario que nunca" promover la conducta "responsable" en las empresas. "La RSE deber ser uno de los elementos del cambio de una economía especulativa a una productiva", añadió.

Los sindicatos quieren participar en la elaboración de las memorias que las empresas redactan cada año en materia de RSE. En concreto, las organizaciones sindicales pretenden incluir en estas memorias asuntos como la subcontratación, salario mínimo, cobertura de la negociación colectiva, salud laboral, conciliación, igualdad y desarrollo profesional.

Los representantes de los trabajadores quieren además que el Estado tenga en cuenta asuntos como la responsabilidad social de las empresas y el medio ambiente, a la hora de elaborar las ofertas de contratación con la Administración, a través de cambios en la Ley de Contratos del Estado.

Recientemente, el Gobierno ha constituido el Consejo Estatal de Responsabilidad Social, donde se encuentran representados los sindicatos, los empresarios, el Gobierno y las organizaciones no gubernamentales (ONG). En este marco, se han creado cinco grupos de trabajo, en materias como competitividad y Diálogo Social, transparencia, consumo, educación y gestión de la diversidad.

En marzo, en el marco de la Presidencia española de la Unión Europea, el Consejo celebrará una reunión en Palma de Mallorca, donde se presentarán diferentes propuestas. Además, el Consejo impartirá tras el verano un curso de formación para delegados sindicales, y unas jornadas sobre este asunto qeu se celebrarán durante el mes de octubre.

Por su parte, la coordinadora del informe, Elena Méndez, coincidió con Pinyol en calificcar de "insostenible" el modelo económico que ha entrado en crisis, y afirmó, por tanto, que este es el "mejor" momento para promover la responsabilidad social en las empresas.

En su análisis a las empresas cotizadas más importantes de España, Méndez ha destacado que las compañías presentes en el Ibex-35 utilizan "grandes trucos" en unas memorias que calificó de excesivamente "publicitarias" para ocultar información negativa. Por ejemplo, el número de accidentes laborales en el caso de las empresas constructoras. Una práctica que, en su opinión, perjudica a las empresas y pone en duda su "credibilidad".

En el lado opuesto, Méndez destacó la actitud de la empresa Telefónica, que ha publicado un capítulo entero dedicado a las Reclamaciones, un asunto al que la compañía concede gran importancia, dijo, tras calificar este hecho de "muy positivo".

Entre las carencias, Méndez destacó los problemas con la igualdad de género en las empresas, incluyendo el difícil acceso de mujeres a los puestos de más responsabilidad. Méndez también denunció la poca información sobre los contratos indefinidos, si bien destacó el alto índice de puestos de trabajo fijos en estas empresas, y la buena inversión en formación.

Además, Méndez ha destacado que las "empresas están ejerciendo una labor importante en patrocinio", aunque su labor en integración de discapacitados "raramente" supera la exigencia legal contenida en la LISMO (Ley de Integración de Minusválidos).

Asimismo, la responsable del estudio señaló las dificultades encontradas entre las empresas, que se niegan a facilitar información sobre sus proveedores, especialmente, en el sector de la Construcción, donde las prácticas de subcontratación son muy elevadas.

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