viernes 23/10/20
El Gobierno olvida a los 4 millones de parados

“La movilización social obliga al Gobierno a ‘retocar’ las pensiones con medidas de coyuntura muy insuficientes”

Comisiones Obreras considera que la movilización social ha forzado al Gobierno a reaccionar con algunos gestos, muy insuficientes, en el Proyecto de Presupuestos para 2018.

pensiones
Foto: Twitter Comisiones Obreras

Se trata en su mayoría de medidas coyunturales, a aplicar solo en este ejercicio, que no abordan la resolución de los verdaderos problemas a los que se enfrenta el país

CCOO considera que la movilización social, encarnada recientemente por la masiva movilización feminista del 8-M y los paros generales convocados por los sindicatos mayoritarios, y las movilizaciones en defensa de las pensiones públicas, han forzado al Gobierno a reaccionar con algunos gestos, muy insuficientes, en el Proyecto de Presupuestos para 2018. Para el sindicato se trata en su mayoría de medidas coyunturales, a aplicar solo en este ejercicio, que no abordan la resolución de los verdaderos problemas a los que se enfrenta el país, como la revalorización, suficiencia y sostenibilidad de las pensiones; garantizar prestaciones de desempleo y un trabajo digno a los casi 4 millones de parados;  medidas de igualdad efectiva que resuelvan la brecha de género; o la urgencia de contar con un sistema fiscal justo y suficiente que garantice la necesaria capacidad de intervención pública y el mantenimiento del Estado de Bienestar frente a la amenaza permanente de recortes.

Es evidente que, como reacción a una movilización social creciente que ha cristalizado en el 8-M y en defensa de las pensiones, el Gobierno se ha visto forzado a reaccionar e intenta presentar medidas de aparente corrección de sus políticas en los últimos años. Sin embargo, se trata de un proyecto que se limita a presentar medidas coyunturales, las más relevantes, con efectos en 2018, no abordan el fondo de los problemas a los que se enfrenta nuestro país.

La revalorización de pensiones mantiene congeladas un tercio de las mismas, da un tratamiento distinto por niveles de pensión, debilitando la relación de contributividad del Sistema e incorpora medidas fiscales en materia de Seguridad Social, que no ha debatido en el marco del Pacto de Toledo. Finalmente los Presupuestos olvidan la necesidad de reforzar la estructura de ingresos de la Seguridad Social.

El gobierno ha anunciado la revalorización en un 3% de las pensiones mínimas y no contributivas, del 1,5% las pensiones superiores a estas y hasta 700 euros mensuales; el 1% entre 700 y 860 euros mensuales y el resto, mantendrán la subida del 0,25% que se deriva del vigente Índice de Revalorización de Pensiones.

La reforma de pensiones de 2011, acordada entre los interlocutores sociales, el Gobierno anterior y una mayoría parlamentaria en la que no estaba el PP, se preveía el incremento al 60% de estas pensiones, compromiso incumplido hasta le fecha

Ha anunciado también un incremento de la Base Reguladora de las pensiones de viudedad, del 52 al 54% en 2018. La afectación a 500.000 personas que ha anunciado el Gobierno, parece indicar que el criterio de inclusión sobre las 2.357.000 pensiones de viudedad es limitado ( si sumamos las que acceden a complementos a mínimos, el incremento previsible afectará a la mitad de estas pensiones). Es preciso recordar que en la reforma de pensiones de 2011, acordada entre los interlocutores sociales, el Gobierno anterior y una mayoría parlamentaria en la que no estaba el PP, se preveía el incremento al 60% de estas pensiones, compromiso incumplido hasta le fecha.

Finalmente, anuncia medidas fiscales, imprecisas en la rueda de prensa de presentación del proyecto de Presupuestos, a través de la elevación del mínimo exento o reducción de obligaciones fiscales para rentas inferiores a 18.000 euros. Su análisis y valoración deberán esperar a conocer el alcance y concreción de estas medidas.

De ese elenco deduce el Gobierno que mantendrá o mejorará su renta real disponible, hasta 6,75 millones de personas, de los actuales casi 10 millones de pensionistas (10.600.000 pensiones si sumamos las pensiones contributivas, no contributivas y de clases pasivas) El tercio restante, mantendrán su pensión con el incremento del 0,25% en 2018 y todos ellos, si no se corrige nuevamente, tendrán esa subida a partir de 2019.

Se trata de medidas parciales y limitadas en el tiempo, resultado evidente del proceso de movilizaciones crecientes y la alta sensibilidad social en esta materia, que no corrigen la reforma de pensiones de 2013 y cuyos efectos futuros no están garantizados o, en el mejor de los casos, tendrán un impacto muy limitado.

Desde Comisiones Obreras nos recuerdan que la pensión media que se mantendrá congelada en el 0,25% asciende a 933 euros mensuales y la pensión media de jubilación actualmente se limita a 1.079 euros/mes. A la hora de garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de los más de 9,5 millones de pensiones no basta con anunciar subidas parciales de año en año, sino que sería imprescindible aprobar una nueva fórmula de revalorización que garantice por ley el mantenimiento del poder adquisitivo.

El sindicato denuncia que los Presupuestos se centren en estas medidas parciales y coyunturales, y olviden que la clave de la suficiencia y la sostenibilidad del sistema público de pensiones está en la puesta en marcha de medidas concretas que garanticen ahora la mejora de ingresos que haga posible financiar más y mejores pensiones.

Eso debería permitir recuperar la senda del necesario Pacto de Estado que debe regir las actuaciones a corto, medio y largo plazo, sobre el sistema de pensiones, basado en el consenso político y el acuerdo con los interlocutores sociales.

La bajada de impuestos no soluciona el empobrecimiento que sufren las clases medias y bajas

La garantía del Estado de Bienestar para todos los ciudadanos precisa un sistema fiscal justo y suficiente, en lugar de recurrir sistemáticamente a la receta de anunciar rebajas fiscales como solución para los problemas de acceso que las rentas medias y bajas presentan a determinados estándares de bienestar

Llama la atención que las únicas recetas que PP y Ciudadanos han sido capaces de acordar para resolver los problemas de suficiencia de las pensiones y los salarios más bajos sea anunciar una bajada de impuestos.

No se anuncia medida alguna complementaria que permita mejorar la recaudación fiscal, reduciendo el fraude y la elusión de obligaciones fiscales, con el objetivo de equiparar los ingresos públicos en España a los existentes en la Eurozona y garantizar la sostenibilidad del Estado de Bienestar evitando el riesgo permanente de recurrir a recortes sociales.

La garantía del Estado de Bienestar para todos los ciudadanos precisa un sistema fiscal justo y suficiente, en lugar de recurrir sistemáticamente a la receta de anunciar rebajas fiscales como solución para los problemas de acceso que las rentas medias y bajas presentan a determinados estándares de bienestar.

La verdadera garantía de bienestar de las clases medias y trabajadoras, está en garantizar salarios y pensiones dignas, y no en bajar los impuestos a quienes se han visto empobrecidos por la crisis y los recortes, intentando justificar con ello la ausencia de necesarias medidas fiscales para evitar que otras rentas, más elevadas, eludan, como hoy hacen incluso legalmente, sus obligaciones fiscales.

Desde el sindicato plantean la necesidad de analizar de forma rigurosa el texto articulado definitivo en el que se concreten las medidas de rebaja fiscal anunciadas, principalmente el impuesto negativo sobre la renta y la rebaja fiscal generalizada para rentas inferiores a 18.000 euros anuales. Ya que, dependiendo de la concreción técnica que se le dé finalmente, la medida podría concentrar sus efectos sobre las rentas más bajas o tener un “efecto arrastre” también sobre las rentas más altas, derivado, por ejemplo, de los diferentes efectos que tendría actuar sobre el mínimo exento, la base imponible, el tipo del impuesto, u otros factores.

Las medidas de conciliación son bienvenidas pero parciales y no aspiran a acabar con la brecha de género

La ampliación del permiso y prestación por paternidad de 4 a 5 semanas es una buena noticia, pero que, sin embargo, queda muy lejos de la plena equiparación con la prestación de maternidad (16 semanas) que venimos reclamando desde hace tiempo.

No obstante, incorporar esta medida en el Proyecto de Ley de Presupuestos diluye el debate más global sobre medidas para alcanzar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

No es posible avanzar de forma efectiva en la eliminación de la brecha de género si no se garantiza antes un marco equiparable de derechos y obligaciones entre hombres y mujeres, donde el mismo salario tiene un papel fundamental, pero también el conjunto de prestaciones sociales que tienen como objetivo sustituir dicho salario en las situaciones como la maternidad y paternidad.

Lo mismo cabe decir de la efectividad que puede llegar a tener una figura como el impuesto negativo para personas con hijos menores de 3 años. Una figura que si bien puede llegar a tener algún efecto, éste será necesariamente limitado, y en ningún caso se busca con ello atajar los verdaderos problemas que las familias tienen a la hora de la conciliación de la vida personal y profesional (salarios, permisos, red pública de servicios, etc.) y que siguen condenando a la mujer a un rol de cuidadora antes que de trabajadora en igualdad con el hombre.

Las cuentas públicas parecen haber abandonado a su suerte a las personas en paro, sin que se haya incluido un apunte presupuestario para la puesta en marcha de la Prestación de Ingresos Mínimos

El Gobierno olvida a los 4 millones de parados y renuncia a protegerlos

Finalmente, el sindicato ha señalado su preocupación por la ausencia que en los Presupuestos tienen todas las cuestiones relacionadas con los casi 4 millones de desempleados, más de la mitad de ellos de larga duración, que todavía hay en nuestro país.

Lejos de utilizar la etapa de crecimiento económico que se ha abierto, las cuentas públicas parecen haber abandonado a su suerte a las personas en paro, sin que se haya incluido un apunte presupuestario para la puesta en marcha de la Prestación de Ingresos Mínimos que se encuentra en fase de tramitación parlamentaria, ni tampoco para la puesta en marcha de un Programa de Choque para el empleo que facilite el acceso al trabajo de estas personas en situación de paro de larga o muy larga duración.

“La movilización social obliga al Gobierno a ‘retocar’ las pensiones con medidas de...
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