La Comunidad de Madrid sigue ocupando los últimos puestos en todas las variables que indican el grado de implantación de la Ley de Dependencia, según ha denunciado el Observatorio Social de la Dependencia, que ha exigido al Gobierno madrileño –que se constituirá esta semana- que dé un impulso a la aplicación de la ley.
El Observatorio, integrado por los sindicatos UGT, CCOO, la organización de consumidores CECU-Madrid y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, ha denunciado la falta de interés del Gobierno autonómico por desarrollar esta ley, con datos publicados por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad sobre la evolución de la Ley de Dependencia a 1 de junio de 2011.
“El anterior Gobierno –presidido por Esperanza Aguirre- realizó un ligero impulso de la Ley en pleno proceso electoral con el único afán de mostrar una correcta aplicación de la misma”, afirman desde el Observatorio, que considera la situación en la región como un motivo de “extrema preocupación”.
Miles de madrileños continúan esperando recibir las prestaciones y servicios que por derecho les correspondenPenúltimos en valoración de solicitudes
Madrid ocupa el penúltimo lugar en porcentaje de solicitudes y personas valoradas en función de la población general, aseguran. “Resulta especialmente grave que la región de Madrid se sitúe en el cuarto lugar por la cola en personas atendidas”, añaden.
“Miles de madrileños continúan esperando recibir las prestaciones y servicios que por derecho les corresponden”, denuncian. Así, “cerca de 13.000 personas con derecho reconocido siguen sin recibir las ayudas”, afirman.
Analizando los datos, se puede comprobar un descenso significativo con respecto al mes anterior en el número de personas beneficiarias con prestaciones, añaden.
Reducidas las plazas en residencias
La Comunidad de Madrid ha reducido significativamente el número de plazas de atención residencial, lo que supone 1.753 menos que en el mes anterior. Sin embargo, ha incrementado aquellas ayudas que tradicionalmente venían recibiendo las personas dependientes, a través de los servicios sociales de sus respectivos Ayuntamientos, y siendo la cantidad máxima de horas mensuales de 50 (dos horas por día).
El Observatorio denuncia que esta ayuda supone un ahorro considerable a la Comunidad, frente al coste de la atención residencial. También hay que destacar el incremento en la prestación económica vinculada al servicio, que no cubre los gastos económicos reales que supone este tipo de ayuda.
El Observatorio exigirá al nuevo Gobierno un compromiso “cierto, claro y calendarizado” que ponga fin a la situación de “desprotección e inseguridad a la que están sometidos miles de madrileños”.
Igualmente, reclamará una vez más la creación del Comité Consultivo Regional, como espacio de participación social, que permita a los madrileños tener una información real y transparente del desarrollo y aplicación de la Ley.
También sigue demandando la creación de una red pública de servicios que cubra la totalidad de las necesidades existentes en nuestra región, donde se incremente los recursos humanos, infraestructuras y dotación económica para atender de forma correcta a nuestros dependientes, como marca la Ley.
