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viernes 20/5/22

Madrid recurrirá el Plan Estatal de Vivienda

El vicepresidente madrileño, Ignacio González, afirma que la ampliación del período de protección de los pisos protegidos convierte a los propietarios en "meros usuarios".
NUEVATRIBUNA.ES - 16.04.2009

La Comunidad de Madrid recurrirá ante el Tribunal Constitucional el Plan Estatal de Vivienda por considerar que invade competencias del Gobierno regional en cuanto a la regulación del régimen de vivienda protegida.

Según ha informado hoy el vicepresidente madrileño, Ignacio González, la decisión ha sido autorizada hoy por el Consejo de Gobierno tras analizar que el citado plan se "extralimita" en sus competencias, "limita" la política de vivienda regional e "impone obligaciones" a las Comunidades Autónomas.

En concreto, González se ha referido al artículo 6, en el que el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 establece que el periodo de protección de viviendas será permanente en el caso de que estos pisos se construyan en suelos destinados por ley a vivienda protegida y no inferior a 30 años sobre suelos libres.

La Comunidad de Madrid estima que esta circunstancia convierte el derecho a la propiedad en "una especie de derecho de uso y disfrute", lo que implicaría que los adjudicatarios de vivienda protegida "nunca serán propietarios plenos de sus pisos sino meros usuarios" que, además, "deberán hacer frente al esfuerzo que implica un crédito bancario".

En esta línea, González ha señalado que el plan "cercena" la posibilidad de que haya una vivienda protegida donde el propietario pueda disponer libremente de ella pasado el régimen establecido de protección.

A juicio del vicepresidente, esta situación introduce "inestabilidad y desconfianza" entre las familias ya que se sustituye el sistema tradicional de ahorro -basado desde los años 60 en la compra de un piso- por "un modelo intervencionista basado en la nacionalización de la vivienda protegida".

En esta línea, el Ejecutivo regional de Madrid considera que los instrumentos eficaces para el control del fraude en la vivienda protegida "hunden sus raíces" en la colaboración institucional de los Registros de la Propiedad y Notariado, la Administración Tributaria o el tanteo y retracto legales, mecanismos de control de las transacciones.

González también ha sostenido que la creación del registro público de demandantes de vivienda protegida que prevé el plan es una medida "ineficaz como base única para la adjudicación" de viviendas protegidas que, además, "no tiene en cuenta el coste que ocasionará la creación de esta estructura burocrática".

Finalmente, el vicepresidente ha incidido en que el plan estatal tampoco aclara el sistema de adjudicación de las viviendas, es decir, "no determina si será por sorteo, por orden de espera en el registro de demandantes o por un modelo de baremación".

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