nuevatribuna.es
23 de junio de 2010, 8:43
NUEVATRIBUNA.ES./ L.M. - 23.06.2010
La aprobación de la reforma laboral ha dinamitado definitivamente las relaciones entre Gobierno y sindicatos. Tras la votaciónel martes en el Congreso, las centrales sindicales alertaron contra posibles “pactos ocultos” que podrían endurecer aún más los cambios en la normativa laboral. Unos cambios que, en su opinión, no servirán para atajar la dualidad, y que llegan después del bandazo del Gobierno en el tramo final de la negociación.
El secretario de acción sindical de Comisiones Obreras, Ramón Górriz denunció que el Gobierno se ha dejado llevar por “presiones del mercado”. Estas presiones, continuó, han logrado que el Ejecutivo introduzca cambios en el documento que nunca estuvieron sobre la mesa del Diálogo Social. Por ello, los sindicatos pidieron la retirada de una norma que podría entrar en vigor el próximo mes de julio, según las gestiones realizados este miércoles por el Grupo socialista para lograr que el Congreso tramite cuanto antes el proyecto de ley.
“Ha habido presiones extrañas”, denunció el secretario de acción sindical de UGT, Toni Ferrer. El sindicalista acusó al Gobierno de mantener “reuniones en paralelo” entre el 11 y el 16 de junio, en los momentos previos a la aprobación del real decreto. Según Ferrer, estas reuniones tuvieron como resultado que el Gobierno colara de rondón modificaciones muy significativas en la normativa laboral. Entre ellas, destacan la regulación de las agencias privadas como gestoras de los servicios de desempleo, el cambio en las cláusulas de negociación colectiva y la introducción de las causas económicas como motivo de despido.
Según Toni Ferrer, los cambios en los convenios colectivos darán potestad a los empresarios para “romper constantemente” los convenios sectoriales que hasta ahora no se podían sobrepasar. “Esto abre una vía de competencia desleal sobre los trabajadores”, alertó.
Por su parte, Ramón Górriz acusó al Gobierno de “reforzar el poder empresarial” con la reforma laboral y al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de ser “el comisario político de los mercados de este país”.
GUTIÉRREZ CRITICA EL “DESAGUISADO”
Por todo ello, los sindicatos pidieron la retirada de la reforma convalidada ayer por el Congreso de los diputados. En esta votación, el diputado socialista, Antonio Gutiérrez, se desmarcó de la disciplina de su grupo, tras publicar un artículo en El País en el que criticaba el “desaguisado” que supone, a su juicio, la aprobación de la reforma. “El borrador era equilibrado; el decreto aprobado es un desaguisado que abarata todos los despidos”, clamó el también ex secretario general de Comisiones Obreras.
Gutiérrez se remonta a los años 80 para recordar la explosión de la temporalidad que supuso la primera de las reformas que sólo han buscado “abaratar el factor trabajo, como vía principal para recomponer la tasa de beneficio” empresarial.
Según Gutiérrez, la reforma impulsada por el Gobierno Zapatero supone la cuarta oportunidad desaprovechada en los últimos 30 años para modernizar la estructura productiva del país. “Inexplicablemente, el proyecto de reforma sufrió una metamorfosis asombrosa entre el primer borrador, más equilibrado, del viernes 11, y el decreto aprobado tres días después”, afirmó el ex secretario general de CCOO.
El resultado es un “un desaguisado que abarata todos los despidos, que subvencionados podrán saldarse con 12 días de indemnización para los objetivos y los facilitará con tan solo alegar "situación económica negativa" de la empresa, sin que haya incurrido en pérdidas y sin necesidad siquiera de aportar acreditaciones fehacientes”, concluye.
“Algunos cambios de última hora trastocarán la negociación colectiva en lugar de racionalizarla y otros apenas servirán para reducir la temporalidad”, asegura, tras denunciar la “argucia embaucadora” a la que ha sucumbido, a su juicio, Zapatero al dejarse llevar por quienes le pedían “estatura política” para aprobar medidas difíciles. “Duro”, concluye, habría sido “decirle a ciertos grupos de presión que ya no puede ni debe esperarse que el Gobierno de un país avanzado ampare y subvencione viejas formas de producir”, sentencia el ex secretario general de CCOO.
La aprobación de la reforma laboral ha dinamitado definitivamente las relaciones entre Gobierno y sindicatos. Tras la votaciónel martes en el Congreso, las centrales sindicales alertaron contra posibles “pactos ocultos” que podrían endurecer aún más los cambios en la normativa laboral. Unos cambios que, en su opinión, no servirán para atajar la dualidad, y que llegan después del bandazo del Gobierno en el tramo final de la negociación.
El secretario de acción sindical de Comisiones Obreras, Ramón Górriz denunció que el Gobierno se ha dejado llevar por “presiones del mercado”. Estas presiones, continuó, han logrado que el Ejecutivo introduzca cambios en el documento que nunca estuvieron sobre la mesa del Diálogo Social. Por ello, los sindicatos pidieron la retirada de una norma que podría entrar en vigor el próximo mes de julio, según las gestiones realizados este miércoles por el Grupo socialista para lograr que el Congreso tramite cuanto antes el proyecto de ley.
“Ha habido presiones extrañas”, denunció el secretario de acción sindical de UGT, Toni Ferrer. El sindicalista acusó al Gobierno de mantener “reuniones en paralelo” entre el 11 y el 16 de junio, en los momentos previos a la aprobación del real decreto. Según Ferrer, estas reuniones tuvieron como resultado que el Gobierno colara de rondón modificaciones muy significativas en la normativa laboral. Entre ellas, destacan la regulación de las agencias privadas como gestoras de los servicios de desempleo, el cambio en las cláusulas de negociación colectiva y la introducción de las causas económicas como motivo de despido.
Según Toni Ferrer, los cambios en los convenios colectivos darán potestad a los empresarios para “romper constantemente” los convenios sectoriales que hasta ahora no se podían sobrepasar. “Esto abre una vía de competencia desleal sobre los trabajadores”, alertó.
Por su parte, Ramón Górriz acusó al Gobierno de “reforzar el poder empresarial” con la reforma laboral y al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de ser “el comisario político de los mercados de este país”.
GUTIÉRREZ CRITICA EL “DESAGUISADO”
Por todo ello, los sindicatos pidieron la retirada de la reforma convalidada ayer por el Congreso de los diputados. En esta votación, el diputado socialista, Antonio Gutiérrez, se desmarcó de la disciplina de su grupo, tras publicar un artículo en El País en el que criticaba el “desaguisado” que supone, a su juicio, la aprobación de la reforma. “El borrador era equilibrado; el decreto aprobado es un desaguisado que abarata todos los despidos”, clamó el también ex secretario general de Comisiones Obreras.
Gutiérrez se remonta a los años 80 para recordar la explosión de la temporalidad que supuso la primera de las reformas que sólo han buscado “abaratar el factor trabajo, como vía principal para recomponer la tasa de beneficio” empresarial.
Según Gutiérrez, la reforma impulsada por el Gobierno Zapatero supone la cuarta oportunidad desaprovechada en los últimos 30 años para modernizar la estructura productiva del país. “Inexplicablemente, el proyecto de reforma sufrió una metamorfosis asombrosa entre el primer borrador, más equilibrado, del viernes 11, y el decreto aprobado tres días después”, afirmó el ex secretario general de CCOO.
El resultado es un “un desaguisado que abarata todos los despidos, que subvencionados podrán saldarse con 12 días de indemnización para los objetivos y los facilitará con tan solo alegar "situación económica negativa" de la empresa, sin que haya incurrido en pérdidas y sin necesidad siquiera de aportar acreditaciones fehacientes”, concluye.
“Algunos cambios de última hora trastocarán la negociación colectiva en lugar de racionalizarla y otros apenas servirán para reducir la temporalidad”, asegura, tras denunciar la “argucia embaucadora” a la que ha sucumbido, a su juicio, Zapatero al dejarse llevar por quienes le pedían “estatura política” para aprobar medidas difíciles. “Duro”, concluye, habría sido “decirle a ciertos grupos de presión que ya no puede ni debe esperarse que el Gobierno de un país avanzado ampare y subvencione viejas formas de producir”, sentencia el ex secretario general de CCOO.
