nuevatribuna.es
21 de mayo de 2010, 5:35
NUEVATRIBUNA.ES / ISABEL G. CCABALLERO 20.05.2010
Los sindicatos confirmaron este jueves que impugnarán en los tribunales el decreto ley del Gobierno para la rebaja salarial de los empleados públicos. Los representantes de la Función Pública de CCOO, UGT y CSI-CSIF, manifestaron su indignación tras la reunión mantenida con la secretaria de Estado Consuelo Rumí previa al Consejo de Ministros. Los representantes sindicales consideran que dicho decreto vulnera no sólo el derecho a la negociación colectiva sino también derechos individuales. Así lo anunció el responsable de Comisiones Obreras Enrique Fossoul en su comparecencia ante los medios.
Tanto él como los otros dos representantes, Enrique Lacuerda (UGT) y Domingo Fernández (CSI-CSIF) mostraron su indignación por haber sido llamados a una mesa donde no se les concretó las medidas de ajuste anunciadas ya hace una semana por el presidente Rodríguez Zapatero en el Pleno del Congreso de los Diputados. De “burla” y “decepcionante” calificaron el encuentro. “Mucha confusión y ninguna información”, lamentaron después de que Rumí les remitiera al Consejo de Ministros sin intención de negociar nada con ellos: “Nuestro papel institucional queda un poco ridículo” dijo Fossoul.
Las dudas eran muchas pero principalmente dos: los sindicatos no tienen claro el anclaje legal en el que se basará el Gobierno para obligar a las administraciones autonómicas y ayuntamientos a adoptar la rebaja salarial de los funcionarios públicos. Tampoco quedó claro si las medidas afectarán a los trabajadores de las empresas públicas que CCOO cifra en un millón de personas.
En un tono más conciliador, Rumí aclaró que la convocatoria de hoy había sido para explicar las líneas generales del plan de ajuste, ya que en caso de no haberse realizado el Gobierno habría incurrido en una ilegalidad. La secretaria de Estado precisó que el soporte jurídico sobre el que se basará el decreto es el artículo 38, punto 10 del Estatuto Básico del Empleado Público. Este precepto dice lo siguiente: ”Se garantiza el cumplimiento de los Pactos y Acuerdos, salvo cuando excepcionalmente y por causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas, los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas suspendan o modifiquen el cumplimiento de Pactos y Acuerdos ya firmados, en la medida estrictamente necesaria para salvaguardar el interés público. En este supuesto, las Administraciones Públicas deberán informar a las Organizaciones Sindicales de las causas de la suspensión o modificación”.
Lo que para el Gobierno parece claro, no lo es tanto para los sindicatos que aludieron al Estatuto de los Trabajadores como la norma base que no recoge este supuesto. De ahí su intención de acudir a los tribunales.
La secretaria de Estado aseguró que las medidas afectarán a cerca de tres millones de trabajadores y que los recortes (un 5% de media) se fijarán tanto en la base salarial como en los complementos, un punto este que preocupa significativamente a las centrales sindicales. La rebaja de sueldos será mayor para los cargos políticos de la Administración: “Habrá equidad y progresividad”, destacó Rumí. Además, precisó que no será retroactiva sino que empezará a aplicarse a partir del 1 de junio próximo. La paga extra de verano no quedará afectada. Aparte del Decreto Ley aprobado por el Gobierno el plan obligará también a modificar los Presupuestos Generales del Estado ya que incluyen las retribuciones a funcionarios.
Los sindicatos también alertaron del “bucle en el que se ha metido el Gobierno” y que está “contagiando” a las empresas privadas donde la CEOE ya está pidiendo rebajas salariales. El representante de CCOO se preguntó cómo es posible que si estas medidas han sido impuestas por Europa –justificación dada por el Gobierno- a países como Portugal y Francia sólo se les obliga a subir los impuestos y no a acometer rebajas salarias entre el funcionariado público.
Los sindicatos confirmaron este jueves que impugnarán en los tribunales el decreto ley del Gobierno para la rebaja salarial de los empleados públicos. Los representantes de la Función Pública de CCOO, UGT y CSI-CSIF, manifestaron su indignación tras la reunión mantenida con la secretaria de Estado Consuelo Rumí previa al Consejo de Ministros. Los representantes sindicales consideran que dicho decreto vulnera no sólo el derecho a la negociación colectiva sino también derechos individuales. Así lo anunció el responsable de Comisiones Obreras Enrique Fossoul en su comparecencia ante los medios.
Tanto él como los otros dos representantes, Enrique Lacuerda (UGT) y Domingo Fernández (CSI-CSIF) mostraron su indignación por haber sido llamados a una mesa donde no se les concretó las medidas de ajuste anunciadas ya hace una semana por el presidente Rodríguez Zapatero en el Pleno del Congreso de los Diputados. De “burla” y “decepcionante” calificaron el encuentro. “Mucha confusión y ninguna información”, lamentaron después de que Rumí les remitiera al Consejo de Ministros sin intención de negociar nada con ellos: “Nuestro papel institucional queda un poco ridículo” dijo Fossoul.
Las dudas eran muchas pero principalmente dos: los sindicatos no tienen claro el anclaje legal en el que se basará el Gobierno para obligar a las administraciones autonómicas y ayuntamientos a adoptar la rebaja salarial de los funcionarios públicos. Tampoco quedó claro si las medidas afectarán a los trabajadores de las empresas públicas que CCOO cifra en un millón de personas.
En un tono más conciliador, Rumí aclaró que la convocatoria de hoy había sido para explicar las líneas generales del plan de ajuste, ya que en caso de no haberse realizado el Gobierno habría incurrido en una ilegalidad. La secretaria de Estado precisó que el soporte jurídico sobre el que se basará el decreto es el artículo 38, punto 10 del Estatuto Básico del Empleado Público. Este precepto dice lo siguiente: ”Se garantiza el cumplimiento de los Pactos y Acuerdos, salvo cuando excepcionalmente y por causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas, los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas suspendan o modifiquen el cumplimiento de Pactos y Acuerdos ya firmados, en la medida estrictamente necesaria para salvaguardar el interés público. En este supuesto, las Administraciones Públicas deberán informar a las Organizaciones Sindicales de las causas de la suspensión o modificación”.
Lo que para el Gobierno parece claro, no lo es tanto para los sindicatos que aludieron al Estatuto de los Trabajadores como la norma base que no recoge este supuesto. De ahí su intención de acudir a los tribunales.
La secretaria de Estado aseguró que las medidas afectarán a cerca de tres millones de trabajadores y que los recortes (un 5% de media) se fijarán tanto en la base salarial como en los complementos, un punto este que preocupa significativamente a las centrales sindicales. La rebaja de sueldos será mayor para los cargos políticos de la Administración: “Habrá equidad y progresividad”, destacó Rumí. Además, precisó que no será retroactiva sino que empezará a aplicarse a partir del 1 de junio próximo. La paga extra de verano no quedará afectada. Aparte del Decreto Ley aprobado por el Gobierno el plan obligará también a modificar los Presupuestos Generales del Estado ya que incluyen las retribuciones a funcionarios.
Los sindicatos también alertaron del “bucle en el que se ha metido el Gobierno” y que está “contagiando” a las empresas privadas donde la CEOE ya está pidiendo rebajas salariales. El representante de CCOO se preguntó cómo es posible que si estas medidas han sido impuestas por Europa –justificación dada por el Gobierno- a países como Portugal y Francia sólo se les obliga a subir los impuestos y no a acometer rebajas salarias entre el funcionariado público.
