nuevatribuna.es
13 de febrero de 2011, 8:11
nuevatribuna.es | 11.02.2011
La mitad de fondos necesarios para sufragar el nuevo plan de choque contra el paro lo pagarán 'a escote' entre distintos ministerios. En concreto, de los 400 millones de euros que costará la nueva ayuda de 400 euros a parados sin ingresos, 200 millones los aportará el Ministerio de Trabajo y los otros 200 millones, el resto de ministerios, según ha desvelando este viernes el vicepresidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, tras el Consejo de Ministros donde se aprobó el plan. Los sindicatos, por su parte, criticaron por “escasa” la nueva ayuda a los parados aunque creen que servirá parar adelantar la contratación.
Tras el Consejo de Ministros en el que se ha aprobado este plan de choque, Rubalcaba explicó que el Gobierno ha tenido que recurrir al conjunto de los ministerios "para no sobrepasar el techo de gasto", y que este importe se instrumentará a través de una declaración de no disponibilidad de crédito en los Presupuestos Generales del Estado.
La nueva ayuda a parados sin ingresos beneficiará entre 30.000 y 32.000 personas que agoten sus prestaciones por desempleo, por lo que habrá unas 192.000 personas que perciban los 400 euros durante los seis meses de vigencia del programa.
"Hemos hecho una derrama aportando cada uno de los ministerios para que Trabajo ponga en marcha un plan importantísimo. Podríamos haber tocado los impuestos, pero hemos decidido tocar el gasto", detalló Rubalcaba.
El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, que compareció junto a Rubalcaba para presentar los detalles del plan de choque, subrayó que la ayuda que sustituye al Prodi no será una "acción pasiva", sino que conllevará un "compromiso estable" a la búsqueda del empleo y la formación.
"El programa es doble: ayudar a parados sin rentas y potenciar su formación", indicó el ministro, quien descartó una inyección adicional para sufragar el coste de la medida. "El presupuesto está fijado, no gastaremos más de 400 millones de euros", garantizó.
Sobre las bonificaciones de hasta el 100% a las empresas que contraten a parados de larga duración o jóvenes a tiempo parcial, que también incluye el plan de choque, el ministro incidió en que esta medida será un programa "de transición".
EFECTO SUSTITUCIÓN CON BONIFICACIONES
"Debe suponer un aumento neto de la plantilla y será compatible con su transformación en un contrato indefinido", explicó Gómez para aclarar que las compañías que se beneficien de esta desgravación no podrán despedir a trabajadores y después acogerse a las bonificaciones.
Según calcula el Ministerio de Trabajo, estas bonificaciones supondrán una merma en la Tesorería General de la Seguridad Social de 23,5 millones de euros al mes por cada 10.000 contratos a tiempo parcial. Esto es, unos 235 millones si se tiene en cuenta la estimación del Gobierno de que la medida propiciará 100.000 nuevos contratos de esta modalidad.
Sin embargo, Goméz aseguró que esta merma en los ingresos de las Seguridad Social se verá compensada con un ahorro en las prestaciones por desempleo. "No nos importa gastar más porque el ahorro en prestaciones también será importante", pues confió en que las bonificaciones sirvan para reducir el paro.
Para el titular de Trabajo, quien calificó esta medida como "la más importante" para estimular la creación de empleo, la reducción de las cotizaciones a las empresas que contraten a tiempo parcial se incluye dentro de una "estrategia de empleo" que culminará con la "expansión" de esta modalidad de contrato.
Y es que Gómez consideró que el empleo a tiempo parcial es una "importante carencia" en España, cuyo peso es cuatro veces inferior a países como Alemania y Holanda, donde la tasa de paro está muy por debajo del 20% de la población activa.
Por ello, el ministro adelantó que los interlocutores sociales y el Gobierno evaluarán durante los próximos seis la regulación de esta modalidad y compararán su evolución a la experiencia europea. "No pretendemos llegar a la tasa de empleo a tiempo parcial de Holanda, que es excepcional", descartó.
LOS SINDICATOS CONFÍAN EN LA UTILIDAD DEL PLAN
Por su parte, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha confiado en que el real decreto ley del plan de choque contra el desempleo permita "anticipar la contratación" de jóvenes y parados de larga duración.
En declaraciones a los medios de comunicación en Zaragoza, Méndez ha indicado que este decreto "emana del acuerdo social" alcanzado la semana pasada entre sindicatos, empresarios y Gobierno, y lo que hace es poner en marcha una de las partes que está vinculada a las políticas activas.
"El Gobierno ha hecho algo que nosotros le planteábamos: si quería sacar algunas medidas de choque por decreto, que sacara esas medidas por decreto, pero todo lo que afecta a políticas activas y reforma de los sistemas públicos de empleo hay que debatirlo mediante un proyecto de ley", ha explicado. Así, ha añadido que este decreto ley contiene "de manera adecuada" lo que se incluyó en el acuerdo.
Así, ha apuntado los tres elementos "importantes" del mismo. En primer lugar se ha referido al plan de choque, que pretende que las empresas anticipen contrataciones y consiste en la subvención pública de la contratación a tiempo parcial, tanto con carácter indefinido como con carácter temporal, y está dirigido a jóvenes y parados de larga duración.
"Lo que esperamos es que las empresas utilicen con prontitud este proyecto para anticipar contrataciones a los jóvenes y parados de larga duración", ha afirmado Méndez, tras reconocer que esta propuesta es empresarial y las organizaciones sindicales han aceptado aceptamos que se incluya en el acuerdo confiando en que se utilice "cuanto antes" para atenuar la situación de estos colectivos.
En segundo lugar, ha hablado sobre la nueva ayuda de 400 euros para los parados que han agotado su prestación, pero ligada a un plan de formación, y que sustituirá a la de 426 euros a partir del 15 de febrero. Así, ha expuesto que es cierto que los que los cobraban los 426 euros no pueden cobrar los 400, pero ha recordado que ya estaban en la misma situación porque el programa anterior era de seis meses improrrogable.
En tercer lugar, ha destacado la propuesta sindical sobre la necesidad de diseñar una estrategia global para que recuperen el empleo los trabajadores mayores, que debe redactarse antes de septiembre. "En España tenemos el problema muy grave de que los trabajadores de 55 años que van al paro tienen dificultades infinitas para volver a encontrar trabajo y es un tema con suficiente interés y que suele quedar en segundo plano", ha reiterado.
Por su parte, Comisiones Obreras (CCOO) ha valorado la aprobación de la nueva medida económica para las personas desempleadas, aunque considera que es una cuantía "escasa", ya que va dirigida a las personas con mayores dificultades de inserción en el mercado laboral y que carecen de rentas.
Según el sindicato que dirige Ignacio Fernández Toxo, esta medida "es el resultado de las negociaciones" entre el Gobierno, los sindicatos y los empresarios, por lo que ha insistido en que mantendrá su "compromiso" con las personas desempleadas.
En cuanto a las reducciones en las cuotas de la Seguridad Social para los contratos a tiempo parcial de carácter temporal, CCOO ha señalado que los sindicatos han incorporado "elementos correctores" para "evitar el efecto sustitución" de unos trabajadores por otros.
En este sentido, el sindicato ha destacado que es una medida "excepcional" cuya duración "no excederá" un año y que se revisará en seis meses, para fomentar "la mejora de la protección social" de la medida y rechazar la "discriminación de género en la contratación a tiempo parcial".
Por su parte, el portavoz de Economía y Empleo del PP, Cristóbal Montoro, mostró sus sospechas acerca de que el plan de choque de empleo juvenil y parados de larga duración puede volver a traer al mercado laboral los conocidos como "contratos basura".
Montoro reconoció que aún no conoce los datos concretos del plan, que contempla bonificaciones para las empresas que contraten a tiempo parcial a jóvenes menores de 30 años y parados de larga duración, pero afirmó que todo parece indicar que lo que está intentando el Gobierno es volver al contrato basura.
