Una vez finalizada la marcha del carbón, el conflicto minero sigue sin resolverse y para recordarlo, mineros asturianos y de las cuencas leonesas y aragonesas, afiliados a CCOO, han establecido en Madrid dos asambleas permanentes donde ofrecerán información a los ciudadanos y recogerán firmas de apoyo.
El responsable de Minería de la Federación de Industria de CCOO, Juan Carlos Liébana, que junto al secretario confederal de Acción Sindical de CCOO, Ramón Górriz, han mostrado su apoyo a los mineros que se han desplazado a Madrid, ha demandado al Gobierno la convocatoria urgente de la Comisión de Seguimiento del Plan del Carbón con objeto de que se garantice la actividad y el empleo en el sector en 2012.
Juan Carlos Liébana ha reclamado al Gobierno que garantice la actividad y el empleo en el sector de la minería este año y sobre esta "base sólida" negociar un plan para el periodo 2013-2018. "Queremos consolidar el presente y negociar el futuro", recalcó.
Esta propuesta está contenida en el acuerdo alcanzado por la patronal del sector Carbunión y los sindicatos CCOO y UGT en la reunión celebrada el jueves, en la que las partes reclaman la convocatoria urgente de la Comisión de Seguimiento del Plan del Carbón y abogan por negociar y poner en marcha mecanismos que posibiliten una solución que evite el cierre de las explotaciones sin necesidad de modificar los Presupuestos Generales del Estado.
"Ahora la pelota está en el tejado del Gobierno", manifestó el responsable de Industria Extractivas de la Federación de Industria de CCOO, tras presentar en el registro del Ministerio el acuerdo y hacer hincapié en que el Ejecutivo "no tiene excusas para sentarse a negociar".
Los mineros de CCOO, que duermen en furgonetas, y han instalado pancartas con el lema: «Por la continuidad de la minería del carbón. Por sus empleos», pretenden que "el conflicto minero continúe en Madrid". Para ello, informan a la ciudadanía de la situación por la que atraviesa el sector, recogen firmas de apoyo para exigir el mantenimiento de la minería del carbón. La situación está poniendo en peligro 8.000 empleos directos y 30.000 indirectos, lo que compromete seriamente la supervivencia de las comarcas mineras.
