nuevatribuna.es
27 de agosto de 2009, 9:36
NUEVATRIBUNA.ES / L.M. - 27.08.2009
El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, se enfrentó hoy a las críticas descarnadas que le llovieron, de izquierda a derecha, por parte de los grupos políticos en su comparecencia ante la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados donde el ministro informó sobre la nueva renta de 420 euros para los parados que han agotado la prestación y el subsidio. Asimismo, Corbacho informó sobre la ruptura del Diálogo Social, un asunto en el que el ministro culpó a la patronal y su postura "intransigente" del fracaso de la negociación.
Corbacho afirmó que el Gobierno está abierto a "modificar" las condiciones del real decreto-ley mediante el cual el Ejecutivo aprobó el pasado 13 de julio la nueva ayuda a los parados. Por su parte, todos los grupos políticos presentes en la Cámara anunciaron que no apoyarán la medida, si el Ejecutivo mantiene las actuales condiciones de acceso a esta ayuda ligada a la formación.
Izquierda Unida (IU) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) avanzaron que votarán en contra de la convalidación del real decreto-ley en la sesión que el Gobierno confía en que celebre en "la primera quincena de julio". Los socialistas, que carecen de mayoría en la Cámara Baja, necesitan sumar apoyos suficientes para lograr la convalidación de la norma. En caso contrario, la norma tendría que retirarse.
El portavoz de ERC, Joan Tardá, condicionó el apoyo de su grupo a que el Gobierno permita que los desempleados que agotaron la prestación y el subsidio hasta el pasado 1 de enero puedan acceder a la nueva renta, a diferencia de lo que estipula el actual real decreto-ley, que limita ese plazo hasta el 1 de agosto. Además, Tardá exigió a Corbacho mayor apoyo financiero a las Comunidades Autónomas, encargadas de diseñar los cursos a los que tendrán que asistir los desempleados que se acojan a la ayuda.
Asimismo, ERC exigió al Gobierno que los beneficiarios de la nueva renta puedan complementar su percepción con otras ayudas públicas; y demandó una ampliación del período en que el Gobierno ofrecerá esta ayuda extraordinaria, pensado en principio hasta que la tasa de paro descienda del 17 por ciento. A juicio de Tardá, esto supone "endosar variables macroeconómicas a las economías domésticas".
Por su parte, los diputados del Grupo Popular Álvaro Nadal y José Ignacio Echániz criticaron la medida del Gobierno, que tildaron de "monumento a la chapuza" y acusaron al Gobierno de "engañar a los parados" con una ayuda que, a su juicio, contará con "más excepciones que afectados".
Los "populares", que tildaron la renta de "cheque-paro", culparon al Gobierno por "no hablar" con las comunidades autónomas, que son las encargadas de establecer los itinerarios formativos para los beneficiarios, y que, en su opinión, no han recibido "ni un euro más" del Gobierno central. Además, culparon al Ejecutivo de despilfarro y de ignorar "cómo se va a pagar" la nueva renta. "Ya lleva gastados más de 36.000 euros", espetaron a Corbacho, a quien recordaron que su Ministerio presupuestó 18.000 millones en el apartado de políticas pasivas de este año.
Por último, el portavoz del PNV, Emilio Olabarria, redujo la política socialista en materia económica a una serie de medidas "inconexas" y culpó al Ejecutivo de "cuasi-usurpar las funciones legislativas del Congreso". En su opinión, en la legislatura anterior, el Ejecutivo prescindió de la Cámara en beneficio del Diálogo Social, mientras que ahora, fracasado este proceso, invoca la ayuda del Congreso para gobernar "contra la voluntad popular".
Además, sobre la nueva renta, el portavoz del grupo vasco afirmó que "el real decreto-ley ha aflorado herido de muerte. Y el Sr. Zapatero lo apuntilló desde Lanzarote", dijo en referencia al presidente del Gobierno.
"LA CEOE SE HA INCORPORADO AL FRENTISMO"
Por otro lado, el ministro de Trabajo dedicó parte de su intervención a informar sobre la ruptura del Diálogo Social el pasado mes de julio, un fracaso del cual culpó a las posiciones intransigentes de los empresarios, a quienes culpó de "romper las reglas del juego", al saltarse la agenda que ellos mismo habían pactado en el último año.
En este sentido, Celestino Corbacho anunció que el Gobierno "sigue apostando por el proceso de diálogo social". Sin embargo, el ministro de Trabajo afirmó al respecto que "deben desaparecer" las posturas "intransigentes", en clara referencia a la patronal, a la que responsabilizó de romper "las reglas del juego", al desmarcarse de la agenda fijada en el último año.
Por su parte, los diferentes grupos de la izquierda criticaron, tanto al Gobierno, como a la patronal CEOE, una organización a la que reprocharon su postura "maximalista", tal y como la calificó el diputado de Izquierda Unida (IU), Gaspar Llamazares, tras sentenciar que "la patronal se ha incorporado al frentismo. Y el Gobierno debería tomar nota".
Para Llamazares, que pidió al Gobierno que reparta de forma "equilibrado, pero no salomónica" las consecuencias de la crisis entre los trabajadores y empresarios, la ruptura del Diálogo Social pone de manifiesto que "la lucha de clases existe y se intensifica en momentos de crisis". Según él, los empresarios han actuado con "oportunismo" presionando al Gobierno para lograr los "máximos recortes" en los derechos de los trabajadores en la salida de la crisis.
En este sentido, el portavoz del Grupo Popular, Ignacio Echániz, afirmó que "el Gobierno y los sindicatos son los principales culpables" de la ineficiencia del mercado laboral español, por su negativa a abordar una reforma profunda, algo que desmintió Corbacho quien restó validez a esta posible reforma.
El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, se enfrentó hoy a las críticas descarnadas que le llovieron, de izquierda a derecha, por parte de los grupos políticos en su comparecencia ante la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados donde el ministro informó sobre la nueva renta de 420 euros para los parados que han agotado la prestación y el subsidio. Asimismo, Corbacho informó sobre la ruptura del Diálogo Social, un asunto en el que el ministro culpó a la patronal y su postura "intransigente" del fracaso de la negociación.
Corbacho afirmó que el Gobierno está abierto a "modificar" las condiciones del real decreto-ley mediante el cual el Ejecutivo aprobó el pasado 13 de julio la nueva ayuda a los parados. Por su parte, todos los grupos políticos presentes en la Cámara anunciaron que no apoyarán la medida, si el Ejecutivo mantiene las actuales condiciones de acceso a esta ayuda ligada a la formación.
Izquierda Unida (IU) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) avanzaron que votarán en contra de la convalidación del real decreto-ley en la sesión que el Gobierno confía en que celebre en "la primera quincena de julio". Los socialistas, que carecen de mayoría en la Cámara Baja, necesitan sumar apoyos suficientes para lograr la convalidación de la norma. En caso contrario, la norma tendría que retirarse.
El portavoz de ERC, Joan Tardá, condicionó el apoyo de su grupo a que el Gobierno permita que los desempleados que agotaron la prestación y el subsidio hasta el pasado 1 de enero puedan acceder a la nueva renta, a diferencia de lo que estipula el actual real decreto-ley, que limita ese plazo hasta el 1 de agosto. Además, Tardá exigió a Corbacho mayor apoyo financiero a las Comunidades Autónomas, encargadas de diseñar los cursos a los que tendrán que asistir los desempleados que se acojan a la ayuda.
Asimismo, ERC exigió al Gobierno que los beneficiarios de la nueva renta puedan complementar su percepción con otras ayudas públicas; y demandó una ampliación del período en que el Gobierno ofrecerá esta ayuda extraordinaria, pensado en principio hasta que la tasa de paro descienda del 17 por ciento. A juicio de Tardá, esto supone "endosar variables macroeconómicas a las economías domésticas".
Por su parte, los diputados del Grupo Popular Álvaro Nadal y José Ignacio Echániz criticaron la medida del Gobierno, que tildaron de "monumento a la chapuza" y acusaron al Gobierno de "engañar a los parados" con una ayuda que, a su juicio, contará con "más excepciones que afectados".
Los "populares", que tildaron la renta de "cheque-paro", culparon al Gobierno por "no hablar" con las comunidades autónomas, que son las encargadas de establecer los itinerarios formativos para los beneficiarios, y que, en su opinión, no han recibido "ni un euro más" del Gobierno central. Además, culparon al Ejecutivo de despilfarro y de ignorar "cómo se va a pagar" la nueva renta. "Ya lleva gastados más de 36.000 euros", espetaron a Corbacho, a quien recordaron que su Ministerio presupuestó 18.000 millones en el apartado de políticas pasivas de este año.
Por último, el portavoz del PNV, Emilio Olabarria, redujo la política socialista en materia económica a una serie de medidas "inconexas" y culpó al Ejecutivo de "cuasi-usurpar las funciones legislativas del Congreso". En su opinión, en la legislatura anterior, el Ejecutivo prescindió de la Cámara en beneficio del Diálogo Social, mientras que ahora, fracasado este proceso, invoca la ayuda del Congreso para gobernar "contra la voluntad popular".
Además, sobre la nueva renta, el portavoz del grupo vasco afirmó que "el real decreto-ley ha aflorado herido de muerte. Y el Sr. Zapatero lo apuntilló desde Lanzarote", dijo en referencia al presidente del Gobierno.
"LA CEOE SE HA INCORPORADO AL FRENTISMO"
Por otro lado, el ministro de Trabajo dedicó parte de su intervención a informar sobre la ruptura del Diálogo Social el pasado mes de julio, un fracaso del cual culpó a las posiciones intransigentes de los empresarios, a quienes culpó de "romper las reglas del juego", al saltarse la agenda que ellos mismo habían pactado en el último año.
En este sentido, Celestino Corbacho anunció que el Gobierno "sigue apostando por el proceso de diálogo social". Sin embargo, el ministro de Trabajo afirmó al respecto que "deben desaparecer" las posturas "intransigentes", en clara referencia a la patronal, a la que responsabilizó de romper "las reglas del juego", al desmarcarse de la agenda fijada en el último año.
Por su parte, los diferentes grupos de la izquierda criticaron, tanto al Gobierno, como a la patronal CEOE, una organización a la que reprocharon su postura "maximalista", tal y como la calificó el diputado de Izquierda Unida (IU), Gaspar Llamazares, tras sentenciar que "la patronal se ha incorporado al frentismo. Y el Gobierno debería tomar nota".
Para Llamazares, que pidió al Gobierno que reparta de forma "equilibrado, pero no salomónica" las consecuencias de la crisis entre los trabajadores y empresarios, la ruptura del Diálogo Social pone de manifiesto que "la lucha de clases existe y se intensifica en momentos de crisis". Según él, los empresarios han actuado con "oportunismo" presionando al Gobierno para lograr los "máximos recortes" en los derechos de los trabajadores en la salida de la crisis.
En este sentido, el portavoz del Grupo Popular, Ignacio Echániz, afirmó que "el Gobierno y los sindicatos son los principales culpables" de la ineficiencia del mercado laboral español, por su negativa a abordar una reforma profunda, algo que desmintió Corbacho quien restó validez a esta posible reforma.
