nuevatribuna.es
8 de octubre de 2010, 9:46
NUEVATRIBUNA.ES - 07.10.2010
'Los Cien' -el grupo de economistas que presentó la propuesta de contrato único y a quienes Cándido Méndez, líder de UGT, moteja como 'Los Casi Todo a Cien'- presentaron hoy una propuesta sobre la reforma de las pensiones. El documento, respaldado a su vez por un centenar de economistas, coincide en el tiempo con la celebración de la segunda reunión en el Pacto de Toledo, la comisión del Congreso que espera concluir sus trabajos sobre la reforma de las pensiones el próximo mes de diciembre.
'Los Cien' lanzaron este jueves en realidad dos propuestas. Una para el corto plazo, en la que piden retrasar paulatinamente la edad de jubilación, elevar el período de cálculo al total de la vida laboral y ampliar a 40 años el tiempo necesario para recibir la pensión máxima. Todo ello con el objetivo de lograr en el largo plazo una reforma más profunda, que transforme radicalmente la estructura del sistema de cómputo de la pensión. En este segunda fase, el sistema español debería adaptarse como el de otros países -que “sí han hecho los deberes”, precisaron- como Suecia, Italia o Alemania.
“El problema de las pensiones ya está aquí”, alertó Pablo Vázquez, el director ejecutivo de Fedea, la federación de economistas impulsora del documento. En la actualidad, nueva comunidades autónomas gastan ya más de lo que ingresan en materia de pensiones. Por ello, apostó por crear un nuevo sistema “más justo”, “transparente” y “sostenible”. Para 'los Cien', el sistema sería más justo si existe “mayor relación entre lo que uno cotiza y lo que luego percibe”.
Según 'los Cien', la reforma propuesta por el Gobierno tan sólo retrasará 4 ó 5 años el primer déficit del sistema de pensiones, hasta 2020. En este sentido, Javier Díaz Jiménez, uno de los firmantes del documentos y profesor de IESE, abogó por que la pensión sea compatible con otras rentas “¿Por qué no puedo recibir la mitad de la pensión a los 60 años y seguir trabajando a tiempo parcial?”, se preguntó, tras dar detalles sobre el modelo sueco, donde los trabajadores entre 60 y 70 años deciden su nivel de actividad.
Por su parte, el miembro del CSIC y también firmante del documento, Ángel de la Fuente, recordó que España está “bajo vigilancia” de los mercados internacionales. “Si detectan que estamos haciendo mal la reforma de las pensiones, el aumento de la prima de riesgo es de un día para otro”, indicó, en alusión al coste de la deuda y las dificultades financieras. En su opinión, “el nuevo sistema tendrá que ser necesariamente menos generoso que en la actualidad”. De alguna forma, continúo, “hay que hacer un ajuste a la baja en el gasto en pensiones”.
Por su parte, el miembro de Fedea, Sergi Jiménez, rechazó que pueda pagarse el gasto en pensiones con menos impuestos o subiendo las cotizaciones que pagan las empresas a la Seguridad Social. Según sus cálculos, pagar las pensiones en 2050 con el sistema actual exigiría multiplicar por dos o por tres, según el escenario, el montante actual de esas cotizaciones.
'Los Cien' han instado al Gobierno a separar con claridad el sistema de previsión social de otros mecanismos, como los sistemas de solidaridad. A su juicio, debe cobrar más pensión quien más ha cotizado. El resto de rentas dirigidas a mejorar la equidad social deberían pagarse con cargo a impuestos.
Además abogaron por unificar los diferentes regímenes que hoy conviven en el sistema de previsión social y afirmaron que, de hecho, el Gobierno intentará llevar a cabo esta reforma en la actual ronda de negociación de la comisión de seguimiento del Pacto de Toledo.
ACUERDO EN DICIEMBRE
Por otro lado, los grupos parlamentarios continúan la serie de reuniones encaminadas a reformar el sistema de pensiones, encuentros que prevén concluir el próximo mes de diciembre. La segunda sesión concluyó este jueves sin cerrar ningún acuerdo y la comisión se volverá a reunir para proseguir sus trabajos la próxima semana, previsiblemente el miércoles.
Fuentes del grupo socialista indicaron que los grupos están eludiendo los temas más conflictivos, como el aumento del periodo de cálculo de las pensiones, la ampliación de la vida laboral o la congelación de las pensiones para 2011, en aras de lograr avances en los trabajos, que continuarán en los próximas semanas sin perspectivas claras de cerrar un acuerdo.
Los grupos están siguiendo el guión que dicta el documento de 2003 y así el miércoles debatieron propuestas en relación a la separación y clarificación de las fuentes de financiación, el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, el Fondo de Reserva, la financiación y la simplificación e integración de regímenes especiales.
En la jornada de este jueves se han referido a la mejora de las bases, las cotizaciones orientadas al empleo, incluyendo aquí la ampliación voluntaria de la vida laboral, la modernización e información al ciudadano y la gestión del sistema.
NO SÓLO LA INFLACIÓN
Los debates que han centrado las reuniones en estos dos días han sido ante todo los referentes a la revisión del sistema de revalorización de las pensiones, apartada la cuestión relativa a la suspensión de la revalorización automática por IPC en 2011, y varios grupos han planteado que se revise el sistema para que no dependa exclusivamente de la inflación, sino que pueda tener en cuenta otras variables, como el PIB.
En cualquier caso, todavía no se ha puesto sobre la mesa eliminar la disposición que garantiza que las ganancias de poder adquisitivo que puedan derivarse de una inflación real inferior a la prevista se consoliden con carácter permanente en las pensiones, evitando la corrección a la baja cuando existan mejoras de poder adquisitivo, que contempla el acuerdo de 2003.
También ha cobrado preeminencia la flexibilización de las bases de cotización para que los "topes" máximos no hagan que un mayor esfuerzo contributivo no se traslade adecuadamente a la pensión, situación en la que Trabajo calcula que se encuentran dos millones de personas, según reveló tras la reunión Tomás Burgos, uno de los más firmes defensores de esta revisión, que también verían con buenos ojos el resto de grupos.
Respecto a la posibilidad de un acuerdo, tanto la diputada socialista presente en la comisión, Isabel López i Chamosa como su homólogo del PP, Tomás Burgos, han coincidido en señalar que "no caben consensos puntuales" sobre una cuestión concreta en la negociación. "El acuerdo será global o no será", ha remarcado la diputada del PSOE.
'Los Cien' -el grupo de economistas que presentó la propuesta de contrato único y a quienes Cándido Méndez, líder de UGT, moteja como 'Los Casi Todo a Cien'- presentaron hoy una propuesta sobre la reforma de las pensiones. El documento, respaldado a su vez por un centenar de economistas, coincide en el tiempo con la celebración de la segunda reunión en el Pacto de Toledo, la comisión del Congreso que espera concluir sus trabajos sobre la reforma de las pensiones el próximo mes de diciembre.
'Los Cien' lanzaron este jueves en realidad dos propuestas. Una para el corto plazo, en la que piden retrasar paulatinamente la edad de jubilación, elevar el período de cálculo al total de la vida laboral y ampliar a 40 años el tiempo necesario para recibir la pensión máxima. Todo ello con el objetivo de lograr en el largo plazo una reforma más profunda, que transforme radicalmente la estructura del sistema de cómputo de la pensión. En este segunda fase, el sistema español debería adaptarse como el de otros países -que “sí han hecho los deberes”, precisaron- como Suecia, Italia o Alemania.
“El problema de las pensiones ya está aquí”, alertó Pablo Vázquez, el director ejecutivo de Fedea, la federación de economistas impulsora del documento. En la actualidad, nueva comunidades autónomas gastan ya más de lo que ingresan en materia de pensiones. Por ello, apostó por crear un nuevo sistema “más justo”, “transparente” y “sostenible”. Para 'los Cien', el sistema sería más justo si existe “mayor relación entre lo que uno cotiza y lo que luego percibe”.
Según 'los Cien', la reforma propuesta por el Gobierno tan sólo retrasará 4 ó 5 años el primer déficit del sistema de pensiones, hasta 2020. En este sentido, Javier Díaz Jiménez, uno de los firmantes del documentos y profesor de IESE, abogó por que la pensión sea compatible con otras rentas “¿Por qué no puedo recibir la mitad de la pensión a los 60 años y seguir trabajando a tiempo parcial?”, se preguntó, tras dar detalles sobre el modelo sueco, donde los trabajadores entre 60 y 70 años deciden su nivel de actividad.
Por su parte, el miembro del CSIC y también firmante del documento, Ángel de la Fuente, recordó que España está “bajo vigilancia” de los mercados internacionales. “Si detectan que estamos haciendo mal la reforma de las pensiones, el aumento de la prima de riesgo es de un día para otro”, indicó, en alusión al coste de la deuda y las dificultades financieras. En su opinión, “el nuevo sistema tendrá que ser necesariamente menos generoso que en la actualidad”. De alguna forma, continúo, “hay que hacer un ajuste a la baja en el gasto en pensiones”.
Por su parte, el miembro de Fedea, Sergi Jiménez, rechazó que pueda pagarse el gasto en pensiones con menos impuestos o subiendo las cotizaciones que pagan las empresas a la Seguridad Social. Según sus cálculos, pagar las pensiones en 2050 con el sistema actual exigiría multiplicar por dos o por tres, según el escenario, el montante actual de esas cotizaciones.
'Los Cien' han instado al Gobierno a separar con claridad el sistema de previsión social de otros mecanismos, como los sistemas de solidaridad. A su juicio, debe cobrar más pensión quien más ha cotizado. El resto de rentas dirigidas a mejorar la equidad social deberían pagarse con cargo a impuestos.
Además abogaron por unificar los diferentes regímenes que hoy conviven en el sistema de previsión social y afirmaron que, de hecho, el Gobierno intentará llevar a cabo esta reforma en la actual ronda de negociación de la comisión de seguimiento del Pacto de Toledo.
ACUERDO EN DICIEMBRE
Por otro lado, los grupos parlamentarios continúan la serie de reuniones encaminadas a reformar el sistema de pensiones, encuentros que prevén concluir el próximo mes de diciembre. La segunda sesión concluyó este jueves sin cerrar ningún acuerdo y la comisión se volverá a reunir para proseguir sus trabajos la próxima semana, previsiblemente el miércoles.
Fuentes del grupo socialista indicaron que los grupos están eludiendo los temas más conflictivos, como el aumento del periodo de cálculo de las pensiones, la ampliación de la vida laboral o la congelación de las pensiones para 2011, en aras de lograr avances en los trabajos, que continuarán en los próximas semanas sin perspectivas claras de cerrar un acuerdo.
Los grupos están siguiendo el guión que dicta el documento de 2003 y así el miércoles debatieron propuestas en relación a la separación y clarificación de las fuentes de financiación, el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, el Fondo de Reserva, la financiación y la simplificación e integración de regímenes especiales.
En la jornada de este jueves se han referido a la mejora de las bases, las cotizaciones orientadas al empleo, incluyendo aquí la ampliación voluntaria de la vida laboral, la modernización e información al ciudadano y la gestión del sistema.
NO SÓLO LA INFLACIÓN
Los debates que han centrado las reuniones en estos dos días han sido ante todo los referentes a la revisión del sistema de revalorización de las pensiones, apartada la cuestión relativa a la suspensión de la revalorización automática por IPC en 2011, y varios grupos han planteado que se revise el sistema para que no dependa exclusivamente de la inflación, sino que pueda tener en cuenta otras variables, como el PIB.
En cualquier caso, todavía no se ha puesto sobre la mesa eliminar la disposición que garantiza que las ganancias de poder adquisitivo que puedan derivarse de una inflación real inferior a la prevista se consoliden con carácter permanente en las pensiones, evitando la corrección a la baja cuando existan mejoras de poder adquisitivo, que contempla el acuerdo de 2003.
También ha cobrado preeminencia la flexibilización de las bases de cotización para que los "topes" máximos no hagan que un mayor esfuerzo contributivo no se traslade adecuadamente a la pensión, situación en la que Trabajo calcula que se encuentran dos millones de personas, según reveló tras la reunión Tomás Burgos, uno de los más firmes defensores de esta revisión, que también verían con buenos ojos el resto de grupos.
Respecto a la posibilidad de un acuerdo, tanto la diputada socialista presente en la comisión, Isabel López i Chamosa como su homólogo del PP, Tomás Burgos, han coincidido en señalar que "no caben consensos puntuales" sobre una cuestión concreta en la negociación. "El acuerdo será global o no será", ha remarcado la diputada del PSOE.
