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24 de octubre de 2010, 10:46
NUEVATRIBUNA.ES/ L.M. - 22.10.2010
La llegada de Valeriano Gómez al Gobierno ha renovado el interés por los numerosos informes que el nuevo ministro de Trabajo ha elaborado sobre la reforma del mercado laboral. Su presencia en la manifestación tras la huelga general del pasado 29 de septiembre y su proximidad a UGT –el sindicato en cuyo gabinete técnico ha trabajado como economista- contrasta con el papel que está llamado a jugar en el Ejecutivo, donde deberá desarrollar la reforma laboral repudiada por los sindicatos.
Antes de desembarcar en el ministerio de Trabajo, Valeriano Gómez colaboró con la Fundación Ortega y Gasset. En septiembre de 2009, el nuevo titular de Trabajo publicó en Circunstancia, la revista de la Fundación, un informe titulado ‘La reforma laboral: propuestas para el debate’. En el documento, Gómez se esfuerza por destacar los puntos de consenso entre las dos tendencias decantadas tras la crisis del empleo iniciada en 2008 en España. A grandes rasgos, Gómez distingue entre defensores y detractores del ‘contrato único’ lanzado por ‘Los Cien Economistas’. Y expone sus ideas sobre los principales problemas que atraviesa el mercado laboral.
Valeriano Gómez se declara contrario al ‘contrato único’ como solución a la segmentación existente entre trabajadores fijos y temporales. En su lugar, el nuevo Ministro apuesta por endurecer la “causalidad” en la contratación temporal y por facilitar el uso del contrato de fomento de la contratación indefinido (con 33 días de indemnización). Este contrato “parece más eficiente –y mucho más equilibrado- que la solución del contrato único”, asegura.
En este sentido, Gómez de declara partidario de establecer “un impuesto por despido o bonus-malus” que penalice a las empresas con mayor índice de despidos para aproximar así los costes laborales del trabajo temporal y los del indefinido. A su vez, pide instaurar “un recargo en las cotizaciones sociales” que pagan los contratos temporales para compensar el mayor uso de las prestaciones por paro que hacen los empleados despedidos por las empresas que abusan de la temporalidad.
El nuevo ministro de Trabajo se muestra además contrario a descentralizar la negociación colectiva como reclaman algunos sectores. “Defender una mayor descentralización en la negociación colectiva no parece la opción más eficiente”, afirma tras recordar el predominio de pequeñas empresas en el tejido productivo español. En este sentido, Gómez carga contra el desproporcionado volumen de convenios colectivos que se firman en España –unos 6.000 cada año-, una situación que “se agravaría si se descentralizara aún más la negociación colectiva”, subraya con una cita. Por este motivo, cree que “es mejor insistir en la ordenación y la orientación centralizada” de la negociación colectiva, aunque apuesta por solucionar la “insuficiencia en la articulación de los convenios en caso de concurrencia de varios”.
En cuestión salarial, Gómez se abona a las tesis que defienden vincular el crecimiento de los salarios con la productividad en la parte alta del ciclo económico. Además, se muestra a favor de ampliar los “quizá excesivos límites a la aplicación de las cláusulas de descuelgue en el ámbito salarial”. Además coincide con los partidarios de introducir nuevos elementos de flexibilidad en las condiciones de trabajo, en línea con los cambios iniciados con la reforma de 1994.
Por otro lado, Gómez insiste en la necesidad de aumentar el gasto en políticas activas de empleo y en reforzar la formación profesional y la cualificación de los trabajadores. Afirma además que fortalecer el papel de los servicios públicos de empleo es compatible con facilitar la labor de las agencias de colocación y de intermediación privadas, sobre todo en los casos de despido mediante expedientes de regulación. “En aquellos países en los que la iniciativa privada es importante (Holanda, Alemania, Austria, Francia) el papel del sector público no es precisamente raquítico”, enfatiza.
Gómez inicia su andadura como ministro de Trabajo con la misión de restaurar el diálogo con los sindicatos, roto tras la aprobación de la reforma laboral. El nuevo ministro tendrá que desarrollar los reglamentos que hagan posible el despliegue de la reforma. Además jugará un papel importante en la reforma de la estructura de la negociación colectiva. Aunque éste es un ámbito bipartito –en el que no participa el Gobierno- su papel será fundamental, ya que el Ejecutivo amenaza con legislar por su cuenta los cambios en la negociación colectiva en caso de que los empresarios y los sindicatos no alcancen un acuerdo antes del 18 de marzo.
La llegada de Valeriano Gómez al Gobierno ha renovado el interés por los numerosos informes que el nuevo ministro de Trabajo ha elaborado sobre la reforma del mercado laboral. Su presencia en la manifestación tras la huelga general del pasado 29 de septiembre y su proximidad a UGT –el sindicato en cuyo gabinete técnico ha trabajado como economista- contrasta con el papel que está llamado a jugar en el Ejecutivo, donde deberá desarrollar la reforma laboral repudiada por los sindicatos.
Antes de desembarcar en el ministerio de Trabajo, Valeriano Gómez colaboró con la Fundación Ortega y Gasset. En septiembre de 2009, el nuevo titular de Trabajo publicó en Circunstancia, la revista de la Fundación, un informe titulado ‘La reforma laboral: propuestas para el debate’. En el documento, Gómez se esfuerza por destacar los puntos de consenso entre las dos tendencias decantadas tras la crisis del empleo iniciada en 2008 en España. A grandes rasgos, Gómez distingue entre defensores y detractores del ‘contrato único’ lanzado por ‘Los Cien Economistas’. Y expone sus ideas sobre los principales problemas que atraviesa el mercado laboral.
Valeriano Gómez se declara contrario al ‘contrato único’ como solución a la segmentación existente entre trabajadores fijos y temporales. En su lugar, el nuevo Ministro apuesta por endurecer la “causalidad” en la contratación temporal y por facilitar el uso del contrato de fomento de la contratación indefinido (con 33 días de indemnización). Este contrato “parece más eficiente –y mucho más equilibrado- que la solución del contrato único”, asegura.
En este sentido, Gómez de declara partidario de establecer “un impuesto por despido o bonus-malus” que penalice a las empresas con mayor índice de despidos para aproximar así los costes laborales del trabajo temporal y los del indefinido. A su vez, pide instaurar “un recargo en las cotizaciones sociales” que pagan los contratos temporales para compensar el mayor uso de las prestaciones por paro que hacen los empleados despedidos por las empresas que abusan de la temporalidad.
El nuevo ministro de Trabajo se muestra además contrario a descentralizar la negociación colectiva como reclaman algunos sectores. “Defender una mayor descentralización en la negociación colectiva no parece la opción más eficiente”, afirma tras recordar el predominio de pequeñas empresas en el tejido productivo español. En este sentido, Gómez carga contra el desproporcionado volumen de convenios colectivos que se firman en España –unos 6.000 cada año-, una situación que “se agravaría si se descentralizara aún más la negociación colectiva”, subraya con una cita. Por este motivo, cree que “es mejor insistir en la ordenación y la orientación centralizada” de la negociación colectiva, aunque apuesta por solucionar la “insuficiencia en la articulación de los convenios en caso de concurrencia de varios”.
En cuestión salarial, Gómez se abona a las tesis que defienden vincular el crecimiento de los salarios con la productividad en la parte alta del ciclo económico. Además, se muestra a favor de ampliar los “quizá excesivos límites a la aplicación de las cláusulas de descuelgue en el ámbito salarial”. Además coincide con los partidarios de introducir nuevos elementos de flexibilidad en las condiciones de trabajo, en línea con los cambios iniciados con la reforma de 1994.
Por otro lado, Gómez insiste en la necesidad de aumentar el gasto en políticas activas de empleo y en reforzar la formación profesional y la cualificación de los trabajadores. Afirma además que fortalecer el papel de los servicios públicos de empleo es compatible con facilitar la labor de las agencias de colocación y de intermediación privadas, sobre todo en los casos de despido mediante expedientes de regulación. “En aquellos países en los que la iniciativa privada es importante (Holanda, Alemania, Austria, Francia) el papel del sector público no es precisamente raquítico”, enfatiza.
Gómez inicia su andadura como ministro de Trabajo con la misión de restaurar el diálogo con los sindicatos, roto tras la aprobación de la reforma laboral. El nuevo ministro tendrá que desarrollar los reglamentos que hagan posible el despliegue de la reforma. Además jugará un papel importante en la reforma de la estructura de la negociación colectiva. Aunque éste es un ámbito bipartito –en el que no participa el Gobierno- su papel será fundamental, ya que el Ejecutivo amenaza con legislar por su cuenta los cambios en la negociación colectiva en caso de que los empresarios y los sindicatos no alcancen un acuerdo antes del 18 de marzo.
