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lunes 23/5/22
L.M. / NUEVATRIBUNA.ES - 09.10.2009

La trama Gürtel llegó ayer a Bruselas. La Comisión Europea denunciará ante el Tribunal Superior europeo la política urbanística del Gobierno valenciano presidido por Francisco Camps, y en particular su relación con las empresas de construcción Ortiz y Lubasa –implicadas en la supuesta trama de financiación ilegal del Partido Popular- una relación marcada por la falta de transparencia, y que vulnera el derecho comunitario, según la CE. Fuentes consultadas explicaron que la denuncia llega después de Camps “trató de enmascarar como privados la adjudicación de contratos públicos”, según señala la diputada de Iniciativa, Mónica Oltra.

La denuncia que la Comisión Europea presentará ante el Tribunal Superior de Justicia de la UE señala a los contratos que firmó el Gobierno de Camps a fin de constituir sociedades mixtas con las empresas constructoras relacionadas con la trama Gúrtel, en concreto con Lubasa (dirigida por Luis Batalla) y con Ortiz e Hijos (dirigida por Enrique Tomás Ortiz) con la intención de construir viviendas protegidas, con la participación del IVVSA, el instituto valenciano de la vivienda dependiente de de la Generalitat.

Al constituir estas sociedades mixtas, el Gobierno valenciano buscó como socios a las constructoras Ortiz y Lubasa, entre otras. Una asociación extraña habida cuenta de la condena a dos años de prisión que pesaba sobre el administrador de Lubasa, Luis Batalla, por fraude fiscal y falsedad documental. En este caso, un tribunal consideró probado que Batalla había establecido un sistema de facturas falsas con la intención de defraudar a Hacienda.

A pesar de estos antecedentes, el Gobierno valenciano –que también había beneficiado a estas empresas con numerosas concesiones- justificó la creación de estas empresas mixtas por la necesidad de movilizar suelo que permitiera la construcción de más viviendas protegidas. En cambio, el PSPV pidió la disolución de estas empresas de capital público-privado por considerar la figura como "una gran estafa montada para unos pocos".

ORTIZ Y LUBASA EN LA GÜRTEL

Las empresas mencionadas aparecen también en el sumario abierto a partir de la llamda Operación Gürtel, que investiga la presunta financiación irregular del PP. Según consta en el sumario, la policía considera acreditado que Orange Market –la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, recaudó fondos en dinero B destinado al PP que procedían de Enrique Tomás Ortiz (Ortiz e Hijos) y de Luis Batalla (Lubasa), entre otras empresas, entre las cuales también figura Sedesa, la constructora presidida por Vicente Cotino, el sobrino del ex director general de la Policía en el Gobierno de Aznar, Juan Cotino, y que ahora ocupa el cargo de consejero de Territorio del Gobierno valenciano.

Según los indicios policiales, la empresa de El Bigotes se dedicaba a recoger los pagos en dinero B destinados al PP, “enmascarando estas aportaciones mediante la emisión de facturas por parte de Orange Market para justificar el pago realizado".

En este sentido, la policía investigó las actividades de la trama y fotografió uno de sus encuentros. Así, en enero, la policia fotografió la cita que mantuvieron en un hotel de Madrid Vicente Cotino y Pablo Crespo, Pablo Collado y El Bigotes.

Según el parte policial, el sobrino del antiguo director de la policía Vicente Cotino entró en el hotel con un maletín y salió con el mismo maletín y una maleta, algo que los policías detallan con precisión como el hecho más relevante de la reunión, que duró casi una hora.

Un portavoz de Sedesa –que niega los pagos- explicó ayer a El País que el señor Cotino "ha tenido reuniones con esos señores, tanto en Madrid como en Valencia, porque tenía relaciones comerciales con ellos", para cuestiones relativas al marketing de Sedesa.

IVVSA es una sociedad limitada controlada en su totalidad por la Generalitat Valenciana, encargada de realizar estudios de planificación urbanística, infraestructuras, incluyendo la renovación y promoción de viviendas sociales.

Según la CE, algunas empresas privadas creadas con el fin de llevar a cabo estudios urbanísticos o proyectos de infraestructuras ganaron los contratos públicos sin respetar las disposiciones comunitarias sobre igualdad de trato.

Si el Tribunal de la UE da la razón a la Comisión, ésta podría solicitar la imposición de una multa a España, si persiste el incumplimiento de la legislación comunitaria.

La contratación pública constituye el 16 por ciento del PIB de la UE, y por ello es necesario que este sector opere de forma “abierta y transparente”, destacó la CE.

La trama Gürtel llega a Bruselas
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