nuevatribuna.es
8 de septiembre de 2009, 12:29
NUEVATRIBUNA.ES / L.M. - 08.09.2009
Los sindicatos anunciaron su propuesta de limitar la subida salarial a los funcionarios un 1 por ciento el año próximo, cuando apenas faltan dos días para que se celebre la primera reunión prevista entre los trabajadores y el Gobierno. La Vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega ha citado a los sindicatos mayoritarios CCOO, UGT y CSIF el próximo jueves en una reunión donde se prevé un enfrentamiento, a cuenta, no sólo de los salarios, sino del espinoso asunto de la oferta de empleo público, cuya posible congelación supondría para los sindicatos una declaración de guerra.
Hasta entonces, UGT y Comisiones Obreras ofrecieron hoy al Gobierno un acuerdo que recoge una subida salarial del 1 por ciento en 2010 para todos los empleados públicos y del IPC previsto (2 por ciento) para los dos ejercicios siguientes, "a revisar y ajustar en la negociación anual en función de las variables económicas".
Además, en previsión de los desajustes que pueda sufrir el IPC, los sindicatos piden que se establezca una cláusula de revisión salarial para garantizar el poder adquisitivo de los funcionarios hasta 2012, a operar para el conjunto del acuerdo durante el último año de su vigencia. En un comunicado unitario, CCOO y UGT argumentaron que han atendido a la situación económico-financiera actual y al principio de "solidaridad" al efectuar su propuesta salarial.
GUERRA POR LAS PLAZAS
Por su parte, el secretario de acción sindical de la federación de servicios a los ciudadanos de CCOO, Emilio Cobos, auguró un “posible enfrentamiento” a cuenta de la oferta de empleo público, en caso de que el gobierno decida congelar la convocatoria de plazas en el sector público los próximos años, un asunto que se tratará en la reunión convocada el próximo jueves, donde se pretende retomar el diálogo social en la Función Pública y tratar de alcanzar un acuerdo, dijo hoy el Ministerio de la Presidencia del gobierno..
Para los sindicatos, una reducción drástica en el número de plazas a concurso supondría una declaración de guerra. Al respecto, los representantes sindicales minimizan los costes que para las arcas del Estado acarrerían estas nuevas plazas a concurso. Según su valoración, la mayor parte de esas plazas corresponden a puestos de trabajo que ya se han creado ‘de facto’, y que ahora están ocupadas por trabajadores interinos. Por tanto, consideran que la regularización de estos puestos de trabajo mediante un concurso apenas supondría un gasto extra para el Estado.
En este sentido, cerca de un tercio de los empleados públicos tienen un contrato eventual, es decir unos 500.000 trabajadores, según el secretario de la federación de servicios públicos, Rafael Espartero.
De los más de 2,6 millones de funcionarios, 1,3 millones (50 por ciento) corresponden a las comunidades autónomas, 629.505 (24 por ciento) a las administraciones locales, 575.021 (22 por ciento) a la administración central y 99.530 (4 por ciento) a las universidades, según datos del Ministerio de Política Territorial.
Hace unas semanas, el ministro de Fomento, José Blanco, abogó por establecer "niveles de contención" en los salarios de los funcionarios de cara al próximo año, sin que esto signifique, en ningún caso, "una pérdida del poder adquisitivo".
El ministro de Fomento y vicesecretario general del PSOE afirmó entonces que los empleados públicos han visto mejorado su poder adquisitivo en los últimos meses como consecuencia del descenso de la inflación, que se sitúa actualmente en el -1,4 por ciento y que el Gobierno prevé que vuelva a tasas positivas en el tramo final del año. "Es cierto que los funcionarios de nuestro país han aumentado su poder adquisitivo como consecuencia de la inflación baja en este tiempo", explicó Blanco, quien señaló que el Gobierno afronta "tiempos de austeridad" derivados de la crisis económica.
El incremento salarial para los 2,6 millones de empleados públicos que recogen los Presupuestos Generales del Estado para 2009 es de un 2 por ciento, porcentaje que se eleva por encima del 3 por ciento al incorporar las pagas extraordinarias y otros complementos específicos.
En su convocatoria de hoy, el Gobierno afirma que la reunión prevista el jueves con a los sindicatos mayoritarios de la función pública, UGT, CCOO y CSIF, debería impulsar la mejora de la calidad, la eficacia y la productividad de los servicios públicos, "y todo ello incardinado en el nuevo modelo de economía sostenible auspiciado por el Gobierno".
Los sindicatos anunciaron su propuesta de limitar la subida salarial a los funcionarios un 1 por ciento el año próximo, cuando apenas faltan dos días para que se celebre la primera reunión prevista entre los trabajadores y el Gobierno. La Vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega ha citado a los sindicatos mayoritarios CCOO, UGT y CSIF el próximo jueves en una reunión donde se prevé un enfrentamiento, a cuenta, no sólo de los salarios, sino del espinoso asunto de la oferta de empleo público, cuya posible congelación supondría para los sindicatos una declaración de guerra.
Hasta entonces, UGT y Comisiones Obreras ofrecieron hoy al Gobierno un acuerdo que recoge una subida salarial del 1 por ciento en 2010 para todos los empleados públicos y del IPC previsto (2 por ciento) para los dos ejercicios siguientes, "a revisar y ajustar en la negociación anual en función de las variables económicas".
Además, en previsión de los desajustes que pueda sufrir el IPC, los sindicatos piden que se establezca una cláusula de revisión salarial para garantizar el poder adquisitivo de los funcionarios hasta 2012, a operar para el conjunto del acuerdo durante el último año de su vigencia. En un comunicado unitario, CCOO y UGT argumentaron que han atendido a la situación económico-financiera actual y al principio de "solidaridad" al efectuar su propuesta salarial.
GUERRA POR LAS PLAZAS
Por su parte, el secretario de acción sindical de la federación de servicios a los ciudadanos de CCOO, Emilio Cobos, auguró un “posible enfrentamiento” a cuenta de la oferta de empleo público, en caso de que el gobierno decida congelar la convocatoria de plazas en el sector público los próximos años, un asunto que se tratará en la reunión convocada el próximo jueves, donde se pretende retomar el diálogo social en la Función Pública y tratar de alcanzar un acuerdo, dijo hoy el Ministerio de la Presidencia del gobierno..
Para los sindicatos, una reducción drástica en el número de plazas a concurso supondría una declaración de guerra. Al respecto, los representantes sindicales minimizan los costes que para las arcas del Estado acarrerían estas nuevas plazas a concurso. Según su valoración, la mayor parte de esas plazas corresponden a puestos de trabajo que ya se han creado ‘de facto’, y que ahora están ocupadas por trabajadores interinos. Por tanto, consideran que la regularización de estos puestos de trabajo mediante un concurso apenas supondría un gasto extra para el Estado.
En este sentido, cerca de un tercio de los empleados públicos tienen un contrato eventual, es decir unos 500.000 trabajadores, según el secretario de la federación de servicios públicos, Rafael Espartero.
De los más de 2,6 millones de funcionarios, 1,3 millones (50 por ciento) corresponden a las comunidades autónomas, 629.505 (24 por ciento) a las administraciones locales, 575.021 (22 por ciento) a la administración central y 99.530 (4 por ciento) a las universidades, según datos del Ministerio de Política Territorial.
Hace unas semanas, el ministro de Fomento, José Blanco, abogó por establecer "niveles de contención" en los salarios de los funcionarios de cara al próximo año, sin que esto signifique, en ningún caso, "una pérdida del poder adquisitivo".
El ministro de Fomento y vicesecretario general del PSOE afirmó entonces que los empleados públicos han visto mejorado su poder adquisitivo en los últimos meses como consecuencia del descenso de la inflación, que se sitúa actualmente en el -1,4 por ciento y que el Gobierno prevé que vuelva a tasas positivas en el tramo final del año. "Es cierto que los funcionarios de nuestro país han aumentado su poder adquisitivo como consecuencia de la inflación baja en este tiempo", explicó Blanco, quien señaló que el Gobierno afronta "tiempos de austeridad" derivados de la crisis económica.
El incremento salarial para los 2,6 millones de empleados públicos que recogen los Presupuestos Generales del Estado para 2009 es de un 2 por ciento, porcentaje que se eleva por encima del 3 por ciento al incorporar las pagas extraordinarias y otros complementos específicos.
En su convocatoria de hoy, el Gobierno afirma que la reunión prevista el jueves con a los sindicatos mayoritarios de la función pública, UGT, CCOO y CSIF, debería impulsar la mejora de la calidad, la eficacia y la productividad de los servicios públicos, "y todo ello incardinado en el nuevo modelo de economía sostenible auspiciado por el Gobierno".
