Patronal y sindicatos se han unido para exigir al Gobierno que garantice los derechos recogidos en la ley de Dependencia y defienden que se puede convertir en una salida a la crisis, por la generación de empleo estable y riqueza en varios sectores, que contribuirá a la reducción del déficit público.
"Hay que apostar por la dependencia porque genera inversiones y ayuda a otros sectores productivos; crea puestos de trabajo y eso genera riqueza"
Las organizaciones empresariales FED, LARES y AESTE y los sindicatos CCOO y FSP-UGT han firmado el VI Convenio Marco Estatal de Servicios de Atención a las Personas Dependientes y Desarrollo de la Promoción de la Autonomía Personal en el que exigen a las administraciones públicas un plan que haga efectiva la aplicación de esta ley.
"Hay que apostar por la dependencia porque genera inversiones y ayuda a otros sectores productivos; crea puestos de trabajo y eso genera riqueza", ha asegurado José Alberto Echevarría, de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), quien ha insistido en que la ley prevé la profesionalización de los servicios.
Además, exponen que la coordinación sociosanitaria en estos cuidados supondría un importante ahorro.
"En el caso de los pacientes crónicos, actualmente su asistencia en hospitales supone un coste de unos 650 euros por día, mientras que si se atendieran en centros residenciales garantizados el gasto podría descender a los 100 euros", ha indicado Jorge Guarner, presidente de la Asociación de Empresas de Servicios de la Dependencia (AESTE), quien ha reclamado la necesidad de que se acredite la prestación de estos servicios.
Empresarios y sindicatos recuerdan que en los cuatro años de aplicación de la ley han primado las prestaciones para cuidadores familiares, una fórmula que "no genera empleo, ni garantiza la calidad de la atención".
"Sólo el 26 por ciento de los grandes dependientes están recibiendo cuidados profesionales", ha lamentado Echevarría, quien ha recordado que hay 400.000 plazas de residencias libres.
"La política de recortes está impidiendo la aplicación de la ley y puede suponer un retroceso", ha advertido la secretaria de salud
Desde CCOO, Antonio Cabrera ha señalado que "no se está pidiendo un esfuerzo adicional, sino una buena regulación que permitiría, con la atención a través de centros, un empleo de calidad".
"Hemos hecho un esfuerzo en la formación de profesionales, principalmente de mujeres porque este sector está feminizado", ha dicho el representante sindical.
La ley preveía la creación de 450.000 empleos y se han generado 190.000. De ellos, 140.000 de alta calidad, ha aclarado Pilar Navarro, de UGT.
El responsable jurídico de LARES -Federación de residencias y servicios de atención a mayores-, Antonio Molina, ha animado a todos los ciudadanos a exigir la aplicación de un derecho subjetivo, recogido en la ley.
"No se puede consentir que sean los más débiles los que paguen las consecuencias de la crisis económica", ha opinado.
Sindicatos y patronal han animado a todos los grupos políticos y a administraciones a suscribir un pacto de Estado para el desarrollo la ley, dotándola de una financiación sostenible.
Advierten de que España será uno de los países que más se verá afectado en el aumento del gasto público relacionado con el envejecimiento de la población, por lo que la atención a la dependencia será uno de los retos a los que se debe enfrentar el Estado.
