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viernes 27/5/22

La fiscalía cree que Aguirre se financió ilegalmente para conquistar Madrid

Anticorrupción respalda las sospechas del informe policial sobre la intervención de Fundescam y la trama Gürtel en la campaña electoral que llevó al poder a la ‘lideresa’. La policía señala la “propensión al intercambio de favores” tras las donaciones de Díaz Ferrán. A pesar del respaldo del fiscal, los hechos, que se remontan al ‘tamayazo’, podrían haber prescrito.
NUEVATRIBUNA.ES - 25.10.2010

El PP de Madrid pudo ganar las elecciones de 2003 –las del ‘tamayazo’- vulnerando la legislación electoral. Para ello, los ‘populares’ se sirvieron de Fundescam, una fundación cercana al PP que les habría ayudado a superar el límite de gasto fijado por ley. Según el informe de la fiscalía, la Fundación pagó actos electorales de Esperanza Aguirre con donaciones del presidente de la patronal CEOE, Gerardo Díaz Ferrán y otros empresarios. Además, la trama Gürtel falseó facturas relacionadas con la campaña electoral, continúa el informe. La trama recibió años más tarde hasta 300 contratos del Ejecutivo regional, según señala un diario.

La fiscalía Anticorrupción cree que el PP se financió ilegalmente en 2003, el año en que Aguirre se aupó a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Según su informe, empresarios como Gerardo Díaz Ferrán y Arturo Fernández –presidente de CEIM- financiaron la campaña electoral de la ‘lideresa’ a través de Fundescam. Esta fundación habría permitido al PP superar el límite legal previsto para costear la campaña electoral. Además, el PP habría utilizado los servicios de Special Events –la principal empresa implicada en la trama de corrupción Gürtel-. La empresa presuntamente falseó facturas para el PP por valor de 1,2 millones de euros, en 2003, y de 800.000 euros, en 2004.

La Fiscalía da crédito a los informes policiales que sospechan que el PP de Madrid cometió delitos contra la ley electoral y falsedad documental los años 2003 y 2004, según informa el diario Público. En cualquier caso, la Fiscalía afirma que estos posibles delitos han prescrito, en una comunicación dirigida al juez Antonio Pedreira que mantiene bajo secreto este caso como pieza aparte del sumario del caso Gürtel. Los delitos electoral y de falsedad documental prescriben a los cinco años. Con todo el PSOE confía en lograr al menos que se juzguen estos hechos como una variante de los delitos de cohecho y asociación ilícita, también sugeridos en el informe policial que ha estudiado la fiscalía, y que prescriben a los diez años.

Los hechos se remontan a 2003. Ese año, y tras la deserción de Tamayo y Sáez, Esperanza Aguirre se alzó con el poder en la Comunidad de Madrid. Según la policía, el PP habría pagado actos electorales a través de la fundación Fundescam, con la ayuda de la empresa Special Events, el buque insignia de la trama Gürtel. Para la policía, el uso de Fundescam como receptor de donaciones creó una “propensión al intercambio de favores” entre el PP y los empresarios donantes. Así, según señala el diario, seis de los empresarios que donaron un millón de euros a la fundación entre 2003 y 2004 obtuvieron luego más de 300 millones de euros en contratos adjudicados por el Gobierno Aguirre.

La Brigada de Blanqueo sospecha que estos fondos “provienen de empresas privadas a las que luego se les han adjudicado concursos públicos”. Entre los donantes a Fundescam destacan los nombres del todavía presidente de CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y el de la patronal madrileña CEIM, Arturo Fernández. Según el diario, al menos la mitad de esas donaciones se destinó a pagar actos electorales de la entonces candidata del PP, Esperanza Aguirre.

En 2003, Fundescam recaudó 649.000 euros en donaciones procedentes de empresarios a fines a Aguirre. En 2004, la fundación volvió a recaudar donaciones esta vez por valor de 292.000 euros. Ese año se celebraron elecciones generales y europeas. Sin embargo, en 2005, un año sin citas electorales, Fundescam dejó de anotar donaciones por ese concepto. Según la fiscalía, el PP pudo vulnerar así el límite máximo de gasto que marca la legislación electoral.

El empresario Gerardo Díaz Ferrán fue el donante más generoso y aportó a la fundación del PP madrileño 240.000 euros. Su empresa Marsans obtuvo después cuatro contratos sucesivos del Gobierno de Madrid para gestionar los viajes de mayores. Y esos cuatro contratos le reportaron 16,7 millones de euros en el cuatrienio 2005-2008.

Los ‘populares’ se habrían servido también de la ayuda de Special Events, el principal vehículo de la trama Gúrtel, que falseó facturas para el PP. Así, según la investigación policial, la trama camufló las facturas como si tuvieran su origen en trabajos hechos para la fundación Fundescam.

GÜRTEL AUPÓ A AGUIRRE

El informe policial señala además que la contabilidad secreta de la trama Gürtel escondía la financiación del Congreso del PP en 2004, donde Esperanza Aguirre se aupó a la presidencia del partido en la región. La policía ha encontrado evidencias de que Special Events reclamó a Fundescam por un concepto falso (“Importe correspondiente al montajes de cursos, seminarios y presentación de publicaciones durante el 2º semestre de 2004”) un total de 70.664 euros. En realidad, tras esta factura, añade el informe policial, se escondía la organización del Congreso regional del PP por parte de la empresa vinculada a Gürtel. Así, uno de los ficheros encontrados en el famoso pendrive requisado a la trama por la policía, revela la existencia de una factura por el concepto “Congreso Regional PP Madrid”.

Volviendo a 2003, los datos policiales indican que la trama Gürtel organizó todos los actos electorales de la campaña de Aguirre en 2003. Para ello, la trama utilizó a Beltrán Gutiérrez, gerente del PP de Madrid, como interlocutor regional del Partido, añaden los informes. Por su parte, Esperanza Aguirre ha alegado que nada de lo ocurrido en 2003 le concierne y ha señalado el nombre de Pío García Escudero como responsable de las cuentas como presidente del PP regional y de la fundación hasta 2004.

Sin embargo, según señala Público, tras prestar su ayuda a Aguirre, Special Events comenzó a recibir hasta 300 contratos un año después del ascenso al poder de la ‘lideresa’. El Ejecutivo madrileño utilizó la técnica de fraccionar los contratos en unidades inferiores a 12.020 euros para adjudicar a dedo todos los contratos y eludir la obligación de convocar un concurso. Gracias a esta técnica, añade la información, la trama Gürtel recibió en cinco años más de tres millones de euros en contratos otorgados por todas las consejerías de la Comunidad de Madrid.

La trama dirigida por Francisco Correa -hoy en prisión- alegó que logró estos contratos porque sus ofertas eran las más baratas. Sin embargo, los datos policiales ponen en duda esta tesis. Así, los archivos requisados a Special Events ponen de manifiesto que la trama consiguió un beneficio medio del 50 por ciento en las adjudicaciones logradas del Gobierno Aguirre. El secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, aseguró hace días, por el contrario, que desde que el equipo de Esperanza Aguirre llegó a la dirección “nunca” ha trabajado con Special Events.

El juez Antonio Pedreira tiene previsto levantar el secreto en que mantiene buena parte de la documentación sobre el caso Gürtel. La fiscalía ha afirmado que los delitos electoral y de falsedad documental denunciados por los socialistas han prescrito. Sin embargo, el PSOE mantiene la esperanza de que puedan juzgarse finalmente los presuntos delitos de cohecho y asociación ilícita.

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