nuevatribuna.es
22 de junio de 2010, 11:51
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 22.6.2010
La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha confirmado que el PP se abstendrá esta tarde en la sesión plenaria para convalidar el decreto ley de reforma laboral y que presentará enmiendas para mejorarla en su tramitación como proyecto de ley. Su posición -ha dicho- se fundamenta en la coherencia, pero con sentido crítico. A su juicio, es necesaria una reforma laboral pero la presentada por el Gobierno no es la que necesita España. "Se necesita una reforma laboral completa y meditada para crear empleo y la del Gobierno no lo hace", ha asegurado y ha insistido en la necesidad de mejorar el decreto del Gobierno. También ha revelado que el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, llamó a las once de la noche de ayer al responsable económico del PP, Cristóbal Montoro, pero no para negociar, sino sólo "para interesarse por el sentido de voto del PP".
El principal partido de la oposición ha mantenido la incógnita hasta el último momento. El vicesecretario de Comunicación del partido, Esteban González Pons, se limitó a señalar ayer lunes que su voto sería "congruente" e invitó al Gobierno a que levante el teléfono para negociar. "No tenemos en este momento una postura máxima cerrada, estamos abiertos y, de aquí a mañana, si el Gobierno nos llama le escucharemos", dijo. Ante estas declaraciones, la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, volvió a criticar a los 'populares' por no haber planteado ni una sola propuesta que de alguna pista sobre cual es la reforma laboral que desean.
Lo que sí hizo Pons fue arremeter contra el ministro de Trabajo, a quien ha rebauizado como "el ministro del paro". A Celestino Corbacho le reprochó que se haya hecho "un lío monumental" con sus declaraciones al reconocer que puede que la reforma no cree empleo de momento. A su entender, "el verdadero ministro de Trabajo ha resultado ser el ministro del Interior", Alfredo Pérez Rubalcaba, "metido a 'arreglalotodo' del Gobierno".
Más adelante, el propio dirigente 'popular' reconoció que probablemente se tarden dos años en crear empleo pero, entretanto, volvió a esgrimir la exigencia de que haya un cambio político en España. La respuesta le llegó del titular de Trabajo sobre la negociación de la reforma. Corbacho afirmó que lo que salga del Congreso confirmará muchos aspectos del decreto y adviritió de que el Ejecutivo no aceptará ninguna enmienda que "desnaturalice" su propuesta.
El decreto de Medidas Urgentes de Reforma del Mercado de Trabajo será convalidado previsiblemente este martes con la ayuda de CiU, que también ha anunciado su abstención, con lo que la reforma se tramitará como proyecto de ley durante julio y casi seguro agosto. El PNV se abstendrá igualmente tras la decisión adoptada por el Euzkadi Buru Batzar (EBB) -la Ejecutiva de la formación jeltzale- en la reunión que mantuvo el mismo lunes en la sede de Sabin Etxea de Bilbao.
Pero también estos grupos aspiran a introducir sus propias aportaciones en la reforma. El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, ha anunciado su intención de enmendar el proyecto de ley. Entre los cambios que buscan los nacionalistas catalanes figura el que se permita a algunas empresas, en función de su tamaño o su situación, "descolgarse" de los convenios territoriales o sectoriales negociados, así como incluir medidas que impulsen la contratación a tiempo parcial y que regulen el teletrabajo. CiU también apostará por medidas para combatir el absentismo laboral y para ligar el subsidio de desempleo a las políticas activas de formación. En el tema autonómico, pedirán que se devuelva a las comunidades la competencia de la inspección y sanciones a los parados.
Por otra parte, IU e ICV ya han desvelado que votarán en contra. El coordinador general de IU, Cayo Lara, dijo que su partido será un "piquete informativo" pacífico en apoyo a la huelga general del 29 de septiembre porque la reforma "subvenciona" el despido más barato. Mientras, el secretario general de ICV, Joan Herrera, advirtió este fin de semana de que la reforma laboral y los recortes en gasto social aprobados por el Gobierno perjudicarán más a las mujeres, que son las que ocupan el 80% de los contratos a tiempo parcial en España.
Esquerra Republicana aún nada entre dos aguas, la del voto en contra y la de la abstención. Igual que la derecha. Mariano Rajoy ha hablado estos días de enmendar el texto en el proceso de tramitación parlamentaria. A su juicio, la reforma laboral no sólo no servirá para crear empleo, sino que si no es modificada por el Parlamento será un "germen de conflictos y discusiones ante los tribunales, que es lo peor que le puede pasar a la economía española". De todas formas, agotará el plazo hasta mañana para decidir si vota "no" o se abstiene.
La convalidación se produce con el telón de fondo de la huelga general convocada por los sindicatos el 29 de septiembre y que será la séptima que se convoca en España en la etapa democrática. Precisamente, este domingo se cumplió el octavo aniversario del último paro general, el del 2002, en protesta por el decreto de reforma de la protección por desempleo y la Ley Básica de Empleo, aprobadas por el Gobierno de José María Aznar.
La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha confirmado que el PP se abstendrá esta tarde en la sesión plenaria para convalidar el decreto ley de reforma laboral y que presentará enmiendas para mejorarla en su tramitación como proyecto de ley. Su posición -ha dicho- se fundamenta en la coherencia, pero con sentido crítico. A su juicio, es necesaria una reforma laboral pero la presentada por el Gobierno no es la que necesita España. "Se necesita una reforma laboral completa y meditada para crear empleo y la del Gobierno no lo hace", ha asegurado y ha insistido en la necesidad de mejorar el decreto del Gobierno. También ha revelado que el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, llamó a las once de la noche de ayer al responsable económico del PP, Cristóbal Montoro, pero no para negociar, sino sólo "para interesarse por el sentido de voto del PP".
El principal partido de la oposición ha mantenido la incógnita hasta el último momento. El vicesecretario de Comunicación del partido, Esteban González Pons, se limitó a señalar ayer lunes que su voto sería "congruente" e invitó al Gobierno a que levante el teléfono para negociar. "No tenemos en este momento una postura máxima cerrada, estamos abiertos y, de aquí a mañana, si el Gobierno nos llama le escucharemos", dijo. Ante estas declaraciones, la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, volvió a criticar a los 'populares' por no haber planteado ni una sola propuesta que de alguna pista sobre cual es la reforma laboral que desean.
Lo que sí hizo Pons fue arremeter contra el ministro de Trabajo, a quien ha rebauizado como "el ministro del paro". A Celestino Corbacho le reprochó que se haya hecho "un lío monumental" con sus declaraciones al reconocer que puede que la reforma no cree empleo de momento. A su entender, "el verdadero ministro de Trabajo ha resultado ser el ministro del Interior", Alfredo Pérez Rubalcaba, "metido a 'arreglalotodo' del Gobierno".
Más adelante, el propio dirigente 'popular' reconoció que probablemente se tarden dos años en crear empleo pero, entretanto, volvió a esgrimir la exigencia de que haya un cambio político en España. La respuesta le llegó del titular de Trabajo sobre la negociación de la reforma. Corbacho afirmó que lo que salga del Congreso confirmará muchos aspectos del decreto y adviritió de que el Ejecutivo no aceptará ninguna enmienda que "desnaturalice" su propuesta.
El decreto de Medidas Urgentes de Reforma del Mercado de Trabajo será convalidado previsiblemente este martes con la ayuda de CiU, que también ha anunciado su abstención, con lo que la reforma se tramitará como proyecto de ley durante julio y casi seguro agosto. El PNV se abstendrá igualmente tras la decisión adoptada por el Euzkadi Buru Batzar (EBB) -la Ejecutiva de la formación jeltzale- en la reunión que mantuvo el mismo lunes en la sede de Sabin Etxea de Bilbao.
Pero también estos grupos aspiran a introducir sus propias aportaciones en la reforma. El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, ha anunciado su intención de enmendar el proyecto de ley. Entre los cambios que buscan los nacionalistas catalanes figura el que se permita a algunas empresas, en función de su tamaño o su situación, "descolgarse" de los convenios territoriales o sectoriales negociados, así como incluir medidas que impulsen la contratación a tiempo parcial y que regulen el teletrabajo. CiU también apostará por medidas para combatir el absentismo laboral y para ligar el subsidio de desempleo a las políticas activas de formación. En el tema autonómico, pedirán que se devuelva a las comunidades la competencia de la inspección y sanciones a los parados.
Por otra parte, IU e ICV ya han desvelado que votarán en contra. El coordinador general de IU, Cayo Lara, dijo que su partido será un "piquete informativo" pacífico en apoyo a la huelga general del 29 de septiembre porque la reforma "subvenciona" el despido más barato. Mientras, el secretario general de ICV, Joan Herrera, advirtió este fin de semana de que la reforma laboral y los recortes en gasto social aprobados por el Gobierno perjudicarán más a las mujeres, que son las que ocupan el 80% de los contratos a tiempo parcial en España.
Esquerra Republicana aún nada entre dos aguas, la del voto en contra y la de la abstención. Igual que la derecha. Mariano Rajoy ha hablado estos días de enmendar el texto en el proceso de tramitación parlamentaria. A su juicio, la reforma laboral no sólo no servirá para crear empleo, sino que si no es modificada por el Parlamento será un "germen de conflictos y discusiones ante los tribunales, que es lo peor que le puede pasar a la economía española". De todas formas, agotará el plazo hasta mañana para decidir si vota "no" o se abstiene.
La convalidación se produce con el telón de fondo de la huelga general convocada por los sindicatos el 29 de septiembre y que será la séptima que se convoca en España en la etapa democrática. Precisamente, este domingo se cumplió el octavo aniversario del último paro general, el del 2002, en protesta por el decreto de reforma de la protección por desempleo y la Ley Básica de Empleo, aprobadas por el Gobierno de José María Aznar.
