Los defraudadores que se acogieron a esta salvaguarda tributaran a un tipo medio de apenas el 3%, ya que solo se recuperaron unos 1.200 millones de euros, cuando los bienes y derechos aflorados tenían un valor de más de 40.000 millones
Ha pasado el verano y España sigue sin gobierno. Aunque esta semana se ha celebrado el debate de investidura de Mariano Rajoy, el candidato del PP no ha reunido los apoyos suficientes, por lo que tendrán que continuar las negociaciones si se quieren evitar unas terceras elecciones. Si bien el apoyo de Ciudadanos ya lo tiene tras firmar un acuerdo con 150 medidas para aplicar en una hipotética legislatura.
Entre esas medidas, hay una que sobresale por encima del resto y que más titulares está acaparando: la revisión de la amnistía fiscal que el gobierno aprobó en 2012. Ciudadanos ha pedido al PP que se revise dicha amnistía con el objetivo de recuperar los 2.800 millones -según sus propios cálculos- que el gobierno ‘perdonó’ entonces a estos “no contribuyentes”. Una premisa que queda muy bien sobre el papel, pero que en la práctica no es tan sencilla.
La amnistía fiscal fijó un gravamen del 10% para los bienes y derechos que fueran aflorados, pero solo para los que se hubieran adquirido en un ejercicio no prescrito. Esto ya generó mucha polémica, pues “se perdonaron” los años anteriores, lo que provocó que realmente los defraudadores que se acogieron a esta salvaguarda tributaran a un tipo medio de apenas el 3%, ya que solo se recuperaron unos 1.200 millones de euros, cuando los bienes y derechos aflorados tenían un valor de más de 40.000 millones.
Lo que supuestamente pretende el citado pacto es recuperar la parte correspondiente a los años prescritos, lo que es jurídicamente inviable, ya que esta hipotética revisión supondría un cambio de las reglas de juego cuatro años después, algo que va contra la seguridad jurídica que se dio entonces a quienes presentaron la declaración especial.
No obstante, el punto del acuerdo en el que se contempla la citada revisión de los expedientes señala que la misma se realizará “dentro de los límites de la normativa tributaria” y en el anexo presupuestario acordado sólo se incluyen 1.000 millones de ingresos para el año 2017 en concepto de “recuperación amnistía y mejora de lucha contra el fraude”, de lo que puede deducirse el poco convencimiento de los propios firmantes del acuerdo en la posibilidad de recuperar esos 2.800 millones “perdonados” a los defraudadores que se acogieron a la amnistía.
Para los Técnicos de Hacienda, en lugar de intentar hacer algo de difícil encaje jurídico, lo realmente importante de esa hipotética revisión es conocer si el origen de esos bienes y derechos fue delictivo, algo que Gestha viene pidiendo desde que se puso en marcha la tan injusta amnistía fiscal y que a este paso nos quedaremos sin saber.
Contesta Carlos Cruzado
