Izquierda Unida decide emprender esta iniciativa por “obligación ética y política”
Izquierda Unida presentó este lunes una querella criminal en la Audiencia Nacional contra Bankia y el Banco Financiero y de Ahorros (BFA) que incluye a Rodrigo Rato y a los otros 31 exconsejeros de ambas entidades. La querella señala a lo largo de su argumentación la “probable y posible comisión” de siete delitos cometidos en la fusión y salida a Bolsa, y en la emisión de preferentes, al urdir un “plan de engaño y estafa” con consecuencias para el Estado y los propios ciudadanos.
Entre los delitos descritos a lo largo de los 74 folios que completan la querella destaca el de estafa, así como los de asociación ilícita, delito contable, de apropiación indebida, administración desleal, falsedad en documento mercantil y falseamiento de información económico-financiera con el propósito de captar inversores o depositantes.
El coordinador federal de IU, Cayo Lara, y Enrique Santiago, miembro de la dirección federal y letrado que coordina las actuaciones judiciales de la formación fueron los encargados de detallar el contenido de esta actuación judicial en una rueda de prensa celebrada en la sede federal en Madrid.
Lara argumentó que Izquierda Unida decide emprender esta iniciativa por “obligación ética y política” dado que los querellados son “autores y ejecutores” de un plan de engaño y estafa a los ciudadanos al ocultarles la “situación desastrosa de Bankia” y su actuación motivada por “lucros personales”.
El máximo responsable de IU explicó que la presentación de esta querella ahora, después de que en la Audiencia Nacional ya estén en marcha diligencias contra estas entidades, se debe, entre otras razones, a que esta formación ha venido insistiendo en repetidas ocasiones en la vía política para aclarar lo ocurrido. Así, recordó que hasta en cinco ocasiones ha intentado que se cree una comisión parlamentaria de investigación en el Congreso de los Diputados y otras tantas ha sido rechazada y vetada por el PP gracias a su mayoría absoluta.
Enrique Santiago, por su parte, indicó que la querella va dirigida al Juzgado Central de Instrucción número 4 cuyo titular, Fernando Andreu, tiene abierta una causa principal contra Bankia, así como varias piezas separadas, entre ellas las que afectan a las denuncias por la comercialización de las preferentes.
Santiago detalló que en el texto registrado reclaman al magistrado que ordene el embargo de los bienes de los exconsejeros por valor de 24.945 millones de euros, el equivalente a lo que percibió la entidad al ser rescatada en mayo de 2012, medida que extienden también a BFA y Bankia.
Entre los querellados que se apunta están los que ya están imputados en la Audiencia Nacional, incluyendo el ex presidente de la entidad, Rodrigo Rato; su vicepresidente, José Luis Olivas, y el entonces consejero delegado Francisco Verdú; el consejero de BFA Ángel Acebes o el representante de IU José Antonio Moral Santín, además de las dos entidades como personas jurídicas.
Además, IU pide como medida cautelar el embargo de los bienes de los exconsejeros que provenían de Caja Madrid por valor de 3.000 millones, cantidad que esta entidad emitió en preferentes en mayo de 2009 bajo la presidencia de Miguel Blesa.
El escrito reclama también al magistrado de la Audiencia Nacional que ofrezca emprender acciones al Ministerio de Economía, a través de la Abogacía del Estado, y que los ex consejeros devuelvan las indemnizaciones que percibieron tras salir de la entidad, así como que declaren las pólizas de responsabilidad civil para que estos contratos puedan ser resueltos.
Además, precisó Enrique Santiago, señalan al Banco de España y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), así como a la consultora Deloitte y la entidad Lazard, que asesoró a Bankia en su salida a bolsa, como colaboradores necesarios en la perpetración de estos hechos.
El letrado y miembro de la dirección de IU ha resumido las presuntas irregularidades perpetradas en la etapa que abarca la querella, centrándose en la “insolvencia de facto de las cajas de BFA en las cuentas de 2009”, la constitución de la SIP, el “engaño y estafa” en su salida a Bolsa en julio de 2011 que estuvo acompañada de “la ocultación de su situación de insolvencia”, todo ello junto a la emisión de preferentes por parte de Caja Madrid.
También hizo referencia al traspaso del negocio bancario de la matriz a Bankia como paso previo a su debut bursátil, la oferta pública de las acciones de Bankia, las remuneraciones que percibieron los ex consejeros y el “proceso de intervención por el Estado en mayo de 2012”, cuando se reformularon las cuentas y pasaron de tener unos beneficios de 309 millones a 2.979 millones.
Cayo Lara recordó el origen de todo este procedimiento y lo situó en la “mala situación de las siete cajas” que conformaron un grupo “que nació muerto”, ya que sus componentes eran “siete manzanas podridas” obligadas por el Banco de España a fusionarse.
Valoró que el primer apoyo de 4.465 millones de euros que recibió del FROB debía haber supuesto la nacionalización de la entidad y el relevo de todos los consejeros, pero “decidieron coger el camino que conocemos y llevarnos al desastre”.
