jueves 18.07.2019
SE DEJAN DE RECAUDAR 90.0000 MILLONES AL AÑO

IU-ICV reclama una ley para reducir el fraude fiscal al 3% del PIB en cuatro años

La iniciativa parte de unas estimaciones de fraude fiscal de unos 80.000 millones, de los que sólo se recaudan 11.000 al año.

IU-ICV reclama una ley para reducir el fraude fiscal al 3% del PIB en 4 años

La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) reclama al Gobierno que apruebe, antes de que acabe la legislatura, una ley de Lucha contra el fraude fiscal, la economía sumergida y la elusión que reduzca hasta el 3% del PIB el fraude tributario y en diez puntos la economía sumergida que existe en España en apenas cuatro años.

La iniciativa, que será debatida en el Pleno del Congreso y a la que ha tenido acceso Europa Press, parte de unas estimaciones de fraude fiscal de unos 80.000 millones de euros, de los que sólo se recaudan 11.000 millones al año, con una deuda pendiente de cobro de unos 50.000 millones. "Sólo se recauda un euro de cada seis descubiertos", señala, citando datos del Sindicato de los Técnicos de Hacienda (Gestha).

Además, algunas estimaciones de la economía sumergida apuntan a que en 2013 equivalía al 29,1% del PIB nacional, con lo que el Estado deja de recaudar cada año unos 82.000 millones adicionales. Si a esto se suma la pérdida recaudatoria derivada de la elusión fiscal, la cifra llega a unos 90.0000 millones de euros.

Dado que el fraude fiscal prescribe a los cuatro años, IU-ICV-CHA calcula que existe un 'fraude vivo' de unos 316.000 millones en España, que se elevaría a 600.000 millones con sólo extender a ocho ejercicios ese plazo de prescripción, "sin tener en cuenta recargos ni multas".

"Las posibilidades de recuperación de recaudación fiscal con la aplicación de una ley como la que proponemos generaría en cuatro años una bolsa de 15.000 millones anuales, a los que habría que sumar 75.000 millones más al año por la recuperación de fraude histórico vivo, evaluado sólo en el 50% de sus cantidades netas y repartido entre cuatro ejercicios", apostilla la coalición.

Ante estas cifras, y dado que reducir el fraude es "condición necesaria" para disminuir el déficit público sin incrementar la deuda y sin "deteriorar los servicios ni renunciar a gasto público", la Izquierda Plural considera que "no tiene justificación ética ni moral" que no se apliquen las medidas necesarias para avanzar en esta tarea.

Por eso, exige al Ejecutivo que en el plazo máximo de seis meses y, en cualquier caso, antes de que acabe la legislatura, presente un proyecto de ley de Medidas urgentes para combatir el fraude fiscal, limitar la elusión y reducir la economía sumergida que lleve a España a niveles similares a los de los socios europeos en esos aspectos en un plazo de cuatro años.

En ese tiempo y "combinando medidas de estímulo al cumplimiento de las obligaciones fiscales con el reforzamiento de las penalizaciones", IU-ICV cree que se podría reducir en diez puntos del PIB la economía sumergida, el fraude fiscal hasta un mínimo de tres puntos del PIB y además se podría limitar a ocho puntos porcentuales de la base imponible la diferencia de los tributos que pagan personas físicas o empresas por un mismo tributo.

En concreto, para luchar contra el fraude la formación propone reducir de 2.500 a 1.000 euros el pago máximo permitido en metálico o reducir hasta los 50.000 euros lo que se considera delito de fraude contra la Hacienda Pública en el Código Penal y hasta los 120.000 euros el delito agravado, fijando ese tope en 50.000 euros acumulados en el caso de fraude a las cotizaciones de la Seguridad Social.

Además, defiende revocar la licencia a los bancos o entidades emisoras de tarjetas que no colaboren con la Agencia Tributaria en la información y persecución del fraude, generalizar el criterio de retención a cuenta en la fuente para todas las rentas, determinar que si no hay factura o no consta el IVA en ella la cantidad sobre la que hay que pagar es la más alta pactada verbalmente o el precio medio del mercado, o limitar "rigurosamente" el uso de estimación objetivo de módulos a los microempresaris que sólo venden a consumidores finales.

Otras de sus medidas pasan por ampliar en un año el periodo de prescripción del fraude fiscal, plazo que se elevaría a dos a partir del primer año de aplicación, a tres a partir del segundo y a cuatro a partir del tercero, volviendo a los plazos actuales cuando el fraude equivalga al 3% del PIB. Cuando se intente ocultar la identidad real del contribuyente, se usen paraísos fiscales o el fraude lo cometa una red organizada el delito no debería prescribir hasta los diez ejercicios.

Finalmente, se debería extender la responsabilidad solidaria en la deuda por fraude a quienes colaboren en él, y la subsidiaria a quienes subcontraten a los culpables, y además habría que revisar el origen de los fondos aflorados mediante la amnistía fiscal' y publicar, en el plazo de un mes, el listado de los beneficiarios, las cantidades declaradas y la cuota tributaria abonada.

Con respecto a la lucha contra la economía sumergida, la Izquierda Plural propone que todos los contratos de trabajo (incluso los verbales) tengan que ser dados de alta, considerando fraude los casos en los que no sea así.

Mientras que para reducir las prácticas de ingeniería fiscal haría falta modificar la normativa de las instituciones de inversión colectiva para "evitar los notorios abusos" de las Sicav, limitando al 5% del capital las participaciones individuales y dando un plazo de un año para adaptarse a esta exigencia.

También habría que limitar las subvenciones, deducciones y bonificaciones aplicables al Impuesto de Sociedades, de modo que quienes tienen que tributar al 30% sólo puedan reducir su tipo un 3% por causas generales y otro 3% por contrataciones, mientras que quienes deben pagar un 25% puedan reducirlo un 3% por causas generales y un 5% por contrataciones.

La coalición de izquierdas aboga asimismo por prohibir a los bancos nacionalizados que operen con paraísos fiscales, modificar la normativa para evitar que pueda haber una "especie de proceso de regularización fiscal permanente", aplicar el plan de la OCDE contra la erosión de bases imponibles y procurar un acuerdo en este organismo para la obtención automática de información mercantil o tributaria de contribuyentes que tengan derechos en paraísos fiscales.

Por último, la iniciativa reclama una reorganización de los instrumentos de la Agencia Tributaria y un refuerzo material y humano, con la creación del Cuerpo Superior Técnico de Hacienda, que habilite 8.500 trabajadores a funciones de prevención del fraude y que duplique en dos años el personal funcionario de la AEAT.

Finalmente, se propone un análisis periódico de la economía sumergida y del fraude fiscal y laboral en España realizado por expertos independientes y con carácter desagregado por territorios, sectores económicos y tributos, documento que debería ser presentado y debatido en las Cortes.

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