El coordinador federal de Izquierda Unida y presidente del grupo de la Izquierda Plural en el Congreso de los Diputados, Cayo Lara, ha rechazado la reforma laboral aprobada en el Consejo de Ministros porque, a su juicio, "facilita el despido, legaliza el trabajo precario y acaba con la negociación colectiva".
En rueda de prensa en la Cámara baja, el líder de IU ha señalado que este cambio normativo, "como las demás reformas laborales aprobadas con anterioridad, no creará empleo" sino que, "en todo caso, generará rotación de contratos".
"Nuestra percepción inicial es que intenta confrontar y enfrentar a los parados con los trabajadores en activo, como si unos debieran algo a los otros", ha dicho, añadiendo que los cambios incluidos en el texto "atacan directamente a los derechos laborales y sociales de los trabajadores".
Por eso, ha reconocido que no le gusta "ni la música ni la letra de esta propuesta de reforma" ya que supone, una vez más, "pérdida de derechos de los trabajadores" sin que "exista ninguna razón desde el punto de vista del PIB o desde el punto de vista de la economía a pesar de que está tocada seriamente, para perder más derechos". "Quitarle poder económico a los trabajadores es encaminarse en la dirección contraria a una salida social de la crisis", ha añadido.
MÁS DESPIDOS Y MÁS PRECARIEDAD
Así, para IU esta reforma facilita los despidos porque "elimina la autorización administrativa" necesaria para hacer Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y porque la reducción de 45 a 33 días de indemnización para los despidos improcedentes hace "más barato" echar a los trabajadores.
Además, la reforma concreta que los despidos serán procedentes cuando de los resultados de una empresa se desprenda una situación económica negativa, como la existencia de pérdidas actuales o previstas o la disminución persistente de su nivel de ingresos o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si se produce durante tres trimestres consecutivos.
Para Lara, esto supone una "simplificación" del despido porque "una empresa con tres trimestres continuados de pérdidas en sus ventas, aunque no tenga pérdidas de beneficios reales, podrá despedir a los trabajadores". Sin embargo, la reforma no incluye alicientes para contratar.
"¿Alguien piensa que los empresarios no contratan porque les cuesta mucho el despido? Cualquiera que quiera emprender no piensa primero en cuánto le va a costar despedir, sino en si podrá vender su producto o servicio y si tendrá crédito", ha explicado.
Así, ha reiterado que "los dos problemas fundamentales de las empresas no son el coste del despido, sino que no hay demanda, que la clase trabajadora ha perdido poder adquisitivo y que no hay crédito para emprender o mantener los proyectos existentes", situaciones que no cambiarán con esta reforma.
SE LEGALIZA EL TRABAJO EN NEGRO
El diputado considera asimismo que la reforma "legaliza el trabajo precario porque legaliza los 'mini-jobs' y generaliza de forma amplia el contrato a tiempo parcial", lo que "abrirá la puerta aún más a los contratos en negro".
"Valga como muestra un ejemplo: en el contrato parcial del anterior Gobierno se fijó una subvención (de la Seguridad Social) de entre el 75 y el 100 por ciento en el contrato parcial, y lo que ha ocurrido en el sector del turismo es que se ha contratado a los trabajadores acogiéndose a esos beneficios, pero luego muchos empresarios han tenido (a los empleados) trabajando todo el día con contratos de cuatro horas y pagando el resto en negro", ha explicado, indicando que ahora "el Gobierno amplía esta posibilidad de tener más mercado negro".
Además, Cayo Lara también ha reprochado al Gobierno que con sus medidas "acaban con la columna vertebral de la negociación colectiva", como son los convenios sectoriales, al dar prioridad a los acuerdos que se adopten en las empresas.
"Esto deja fuera a más del 85 por ciento de los trabajadores en España, que están mayoritariamente en las pequeñas y medianas empresas, que en un alto porcentaje no tienen representación sindical. Si quedan fuera de la negociación colectiva quienes van a pagar los platos rotos de la reforma son, una vez más, los trabajadores, en este caso tan indefensos frente a la empresa", ha criticado.
Lara también ha lamentado la decisión de convertir las empresas de trabajo temporal en agencias de colocación, lo que supone "privatizar más de lo que ya estaba el Servicio Público de Empleo", y ha reclamado una vez más "más inversión" para tener "un servicio público de calidad donde a los trabajadores no se les contrate por empresas privadas que ganan dinero con ello y que facilitan mano de obra barata a las empresas".
VOLUNTARIOS FORZADOS
Por otra parte, ha ironizado con que Rajoy se haya apuntado a la "filosofía de Ana Botella" de generalizar el voluntariado con su inclusión en la reforma de una medida que llevará a que "el trabajador se pague una parte de su puesto de trabajo".
Así se ha pronunciado en referencia a la decisión del Gobierno de que los trabajadores menores de 30 años que sean contratadas por empresas de hasta medio centenar de empleados puedan seguir cobrando hasta un 25 por ciento del paro mientras la empresa se pueda deducir fiscalmente el 50 por ciento de la prestación por desempleo que viniera cobrando el trabajador durante un año.
"A los parados con prestación por desempleo los convierten en voluntarios forzados. Parece que se inspira plenamente en la filosofía de Ana Botella, que ha dicho que hay q hacer más voluntariado para abrir bibliotecas o polideportivos. El Gobierno encaja perfectamente la filosofía de Botella y parece que quiere sustituir el empleo por el voluntariado. Y no es que eso vaya a acabar con el paro, sino sencillamente con los asalariados", ha criticado.
También ha criticado que el Ejecutivo anuncie una formación permanente durante toda la vida laboral de los trabajadores cuando "se dice que se podrán determinar 20 horas al año" para este fin de las entre 1.600 y 1.700 horas laborables de un año. "Es ridículo. ¿Cómo se puede hablar de formación continua?", se ha preguntado.
LLAMADA A LA MOVILIZACIÓN
Por todo ello, Cayo Lara ha hecho un "llamamiento a la movilización" de los trabajadores contra una reforma que "afecta negativamente a los derechos laborales y sociales conquistados a lo largo de muchos años de lucha".
En este sentido, el diputado opina que "conquistar la calle con movilizaciones" es imprescindible para que el Gobierno "dé marcha atrás" en el trámite parlamentario de la reforma, que ha sido aprobada como decreto ley.
Así, ha señalado que las "líneas rojas" que marcará la Izquierda Plural para esta reforma pasarán por el "mantenimiento de los derechos de los trabajadores y la negociación colectiva"
Sin embargo, preguntado por la posibilidad de que se convoque una huelga general, Lara ha recordado que ese tipo de movilizaciones "no las convocan las organizaciones políticas, sino los sindicatos de clase".
"Son los sindicatos los que tienen que hablar y, si así lo consideran, decidir qué tipo de movilizaciones adoptan. Pero estamos convencidos de que será necesaria la movilización para conseguir parar este nuevo entuerto contra la clase trabajadora de este país", ha insistido.
