En la actualidad, la transición energética se presenta como el gran reto a cumplir en base a los Acuerdos de París, y las políticas de seguridad y de sostenibilidad medioambiental en el marco industrial están en la agenda de todos los países miembros
¿Quién dijo que la mejor política industrial es la que no existe? El denostado lema que se hizo famoso en la década de los ochenta con el primer ejecutivo de Felipe González ha seguido planeando a lo largo de las últimas décadas en España creando controversia y siendo objeto de constante debate en todos los gobiernos de igual o distinto signo político. En su momento la frase se le atribuyó al que fuera ministro de Industria durante los años 1988 a 1993 Claudio Aranzadi y también a Carlos Solchaga. El primero tuvo oportunidad de quitarse este estigma durante la jornada celebrada el pasado jueves en la sede del Instituto de Ingenieros Industriales en Madrid donde puso en valor la política industrial como política de Estado.
Aranzadi cerró una jornada del cuerpo de ingenieros industriales del Estado conformado por 1.247 miembros y con casi un siglo de existencia e implicación con las distintas administraciones públicas. De hecho, Aranzadi ha sido junto con Joan Majó (1985-1986) los dos únicos ingenieros industriales de profesión que han ocupado la cartera de Industria en la etapa democrática. De él emanó la ley de industria de 1992, aún vigente. Una normativa que ya contemplaba las tecnologías de la información y la comunicación como precursora de lo que ahora se conoce como la Industria 4.0 o cuarta revolución industrial.
De esto se habló y mucho en la jornada de ingenieros industriales del Estado que reivindican la labor realizada por el cuerpo en ministerios y distintos organismos públicos. De ello, dan testimonio los propios protagonistas en un libro editado por el Ministerio de Industria que recoge las vivencias y experiencias de muchos de estos profesionales en todos los niveles de la administración y en instancias internacionales.
El debate de fondo es la situación a la que se está relegando a la profesión tras la implantación del Plan Bolonia que ha abierto la puerta a que los ingenieros técnicos, con título de grado, es decir, con formación académica inferior y atribuciones profesionales limitadas al ámbito de una especialidad, estén siendo admitidos en algunas administraciones a los concursos de plazas de funcionarios públicos del nivel más elevado de la Función Pública (el A1). Algunas sentencias han puesto en alerta a los ingenieros industriales que exigen, y no sin razón, que se reconozca su formación académica, en el marco actual, grado más máster, y no solo grado, para poder optar a esos puestos.
Y es que el cuerpo de ingenieros industriales del Estado se ha caracterizado en su larga trayectoria por tener una formación multidisciplinar que les confiere un perfil altamente profesionalizado como han venido demostrando muchos de ellos en tantos ámbitos de la vida pública. En ello incidió Luis Manuel Tomás, presidente de la Federación de Asociaciones de Ingenieros Industriales (FAIIE) al calificar al cuerpo como un “cuerpo de élite” con una “elevadísima preparación”.
Pero la reivindicación que hacen estos profesionales va más allá de intereses corporativistas. La necesidad de articular políticas de Estado en torno a la industria es cada vez más acuciante. Los retos son enormes y de ellos dio buena cuenta el exministro Aranzadi que destacó los profundos cambios vividos por la sociedad española desde que él fue ministro hasta ahora. Hace tres décadas la política industrial se movía con patrones convencionales, tampoco exenta de riesgos y desafíos ante la obligada reconversión industrial vivida en aquellos momentos. La entrada de España en la Unión Europa profundizó esos cambios drásticos cuya adecuación a las exigencias de Europa quedó regulada en la citada ley de 1992.
En la actualidad, la transición energética se presenta como el gran objetivo a cumplir en base a los Acuerdos de París, y las políticas de seguridad y de sostenibilidad medioambiental en el marco industrial están en la agenda de todos los países miembros. El objetivo final es la descarbonización en el horizonte de 2050 y en frenar el imparable aumento de la temperatura a escala global, lo que conlleva -recordó el exministro- “restricciones muy estrictas”. Europa ve factible la reducción del 40% de emisiones en 2030, algo que a primera vista será fácil de conseguir en el sector eléctrico, si bien plantea otras dificultades en otros sectores del ámbito industrial.
Es por ello, que la dimensión de tales retos agudiza el debate sobre la necesidad de impulsar una política industrial transversal en la que deben estar implicados agentes tan importantes como los profesionales de la ingeniería, entre otros.
