El secretario de Estado de Energía, Fabrizio Hernández, ha asegurado que el Gobierno mantiene "su intención" de disminuir progresivamente la participación de la energía nuclear, aproximando el cese de las centrales nucleares cuando éstas "dejen de ser útiles", aunque ha manifestado que "no es posible de hoy para mañana suplir el 20% del suministro", por lo que reducir la potencia nuclear "no se puede hacer de golpe".
Durante su comparecencia en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Senado, Hernández ha dicho que "antes o después habrá que cerrar las centrales" y que, por lo tanto, el peso de la energía nuclear en el 'mix' energético se reducirá "paulatinamente" porque la "apuesta" del Gobierno es "principalmente" las energías renovables. "Las centrales cerrarán cuando corresponda", ha apostillado.
Además, ha defendido que el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña, a los 43 años de edad, es "coherente" con la apuesta del Gobierno por las energías renovables y ha recordado que, en su momento, Garoña fue diseñada para una vida de 40 años y con una potencia de 1381 megawatios.
En este sentido, ha asegurado que el cese de actividad de la planta burgalesa, que se llevará a efecto el 6 de julio de 2013, "no tiene ninguna repercusión sobre la garantía del suministro eléctrico, ni tampoco sobre el precio", puesto que aporta el 1,4 por ciento del total de la energía eléctrica en España, y su capacidad será sustituida por renovables y capacidad térmica.
Hernández ha dicho que en estos momentos hay un exceso de oferta, a pesar de que previamente había reconocido que el país "sigue siento altamente dependiente del exterior" en matera energética.
Por otro lado, preguntado sobre el estado de situación de la decisión en torno a la ubicación del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares de alta actividad y combustible gastado, el secretario de Estado ha respondido que el Gobierno está "buscando no todo el consenso, pero sí el máximo consenso posible" y ha apuntado a que la decisión aún tardará en llegar.
FUKUSHIMA: UN ANTES Y UN DESPUÉS
En este contexto, ha indicado que el accidente en la central nuclear de Fukushima Daiichi (Japón) del pasado 11 de marzo --a raíz del tsunami que siguió a un terremoto de 9 grados de magnitud en la escala Richter-- ha supuesto un "antes y un después en el uso de la energía nuclear".
Asimismo, el secretario de Estado ha indicado que el suceso no se preveía y que esto ha puesto de manifiesto la necesidad de que se reevalúen las condiciones de seguridad. En todo caso, ha advertido de que estas revisiones "no se pueden hacer hasta que Japón no tenga controlado el accidente y todavía no lo ha hecho".
Hernández ha explicado que el Gobierno es "consciente de la inquietud" que el accidente de Japón ha suscitado y ha agregado que las nucleares seguirán "siempre que se cumpla la premisa de la seguridad". Por este motivo, ha indicado que el ministro Miguel Sebastián solicitó al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) el pasado 16 de marzo estudios sísmicos complementarios.
Sobre la seguridad del parque atómico europeo, ha detallado que en la Unión Europea se ha determinado que es "preciso" tomar medidas complementarias de seguridad, las cuales estarán basadas en "las circunstancias que puedan provocar un accidente como el de Fukushima". A este respecto, ha anunciado a los senadores que el Gobierno está "empezando a tramitar" un Real Decreto sobre la protección física en las centrales nucleares.
En este sentido, ha explicado que el CSN tiene previsto exigir a las centrales nucleares que las pruebas de estrés evalúen también las condiciones específicas de explotación de cada planta y que aquellas que no superen las pruebas "tendrán que cerrar", si tras analizar el por qué no aprueban los 'test' de estrés y no pueden subsanar esos defectos en "tiempo y coste razonables".
En todo caso, ha agregado que, aunque tanto Garoña como Cofrentes (Valencia) tienen un diseño similar a los reactores accidentados en Japón, las centrales españolas están construidas en zonas que nada tienen que ver con la situación de los reactores de Japón, aunque ha advertido de que las condiciones impuestas por el CSN "se volverán a revisar en caso de que se estime oportuno".
"Las centrales nucleares pensamos que son seguras, pero de todos los accidentes nucleares se puede aprender y mejorar la seguridad, si se considera", ha acotado, al tiempo que ha recordado que la prerrogativa y competencia de las autorizaciones de operación corresponde al Ministerio de Industria y no al organismo regulador.
Por su parte, el senador del PP, César Rico Ruiz, ha calificado de "irresponsable, seguramente irreflexiva y posiblemente personal del presidente del Gobierno" la decisión del Ejecutivo de cerrar la central nuclear burgalesa y ha dicho que su grupo parlamentario no entiende la medida en el contexto de la crisis económica actual. "No está justificada (la medida) desde el sentido común", ha aseverado.
En este sentido, ha defendido que, aunque Garoña "es pequeñita y aporta el 1,4% de la potencia eléctrica al conjunto de España hay razones de seguridad, de empleo, de competitividad, al tiempo que ha pronosticado que el cierre aumentará el déficit tarifario, que dejará a unas 1.000 personas sin empleo directo o indirecto, que al Estado podría costarle cerca de 950 millones de euros en indemnizaciones y que el plan para compensar el cese de actividad --Plan Garoña-- "está muerto".
De este modo, ha apostado por practicar a Garoña "todos los exámenes que el CSN valore" porque la planta "es segura" y "puede continuar más allá de 2013; porque los técnicos españoles dictaminaron que podía continuar hasta 2019 y porque informes del Organismo Internacional de Energía Atómica dice que es "segura y fiable", por lo que el senador popular estima que la decisión del Gobierno es "totalmente arbitraria", mientras que la planta es competitiva.
Asimismo, ha insistido en que del cierre de la planta burgalesa están pendientes 1.000 puestos de trabajo, por lo que, a su juicio, no se entiende en estos momentos de generación de desempleo una acción directa del Gobierno provoque más paro y se deje de dinamizar tres zonas de la provincia de Burgos. "La decisión va a genera más paro y el plan Garoña está muerto, no existe", ha aseverado el senador popular que ha criticado que de la promesa de 25 millones de euros anuales a la zona, en 2011 se darán 20 millones.
En su opinión, "no hay alternativa" por lo que ha propuesto al secretario de Estado que el gobierno vuelva a reconsiderar la primera premisa y mantenga abierta Garoña".
