La implantación de nuevos impuestos requiere el desarrollo de una ley que, probablemente, no terminaría teniendo luz verde
Tras el traspié que ha sufrido el Gobierno de Pedro Sánchez con el veto del Congreso al techo de gasto, la batería de medidas fiscales anunciada hace apenas unas semanas podría quedar en agua de borrajas. Y es que el techo de gasto es, precisamente, la base sobre la que se sustenta la política fiscal de un país, que debe garantizar los ingresos suficientes como para cuadrar las cuentas públicas. A los noes de PP y Ciudadanos se sumaron las abstenciones de Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, Compromís y Coalición Canaria, por lo que la subida del gasto del 4,4% para el próximo año -hasta los 125.000 millones de euros- fue devuelta al Ejecutivo, sin necesidad de que el Senado se pronunciara, donde la mayoría absoluta de los populares, por otra parte, la hubiera rechazado de plano.
Sin embargo, más que por el veto al techo de gasto, los 9.700 millones de euros que hubiera ingresado Hacienda con las subidas de impuestos podrían quedar en papel mojado por el bloqueo a la creación de nuevas figuras impositivas, como la que se baraja para gravar los ingresos de determinados servicios digitales y con la que podrían ingresarse unos 600 millones de euros. Esta medida, no obstante, ya la planteó el PP. Pero una cosa es predicar y otra, dar trigo; dado que no es lo mismo sugerir desde el Gobierno que respaldar desde la oposición.
Y es que la implantación de nuevos impuestos requiere el desarrollo de una ley que, probablemente, no terminaría teniendo luz verde. En este sentido, mientras que el establecimiento de un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades, así como cualquier otra modificación impositiva, podría aprobarse por decreto ley; para crear nuevos tributos es necesaria una tramitación de ley ordinaria, que difícilmente saldría adelante vistas las posturas del PP y Ciudadanos frente a propuestas como la del impuesto a la banca, que según se desprende de algunos cálculos podría terminar recaudando 1.000 millones de euros.
En cualquier caso, al margen del juego político, lo cierto es que la recaudación podría incrementarse en hasta 14.100 millones si también se contabilizaran los 2.500 millones que se ingresarían por las medidas de ahorro, eficiencia y calidad del gasto público, así como los 1.900 millones por elevar el IRPF a las rentas más altas con un nuevo tramo en la escala de gravamen de la renta general del 22,5% al 26,5% para bases liquidables a partir de 150.000 euros anuales y el aumento de tipos de la renta del ahorro de los grandes patrimonios.
Y esa caja no debería desaprovecharse. Máxime teniendo en cuenta que actualmente hay margen para estas subidas, pues la brecha de presión fiscal española con respecto a la UE-28 se sitúa, anualmente, en los 61.798 millones, y asciende hasta los 75.822 millones respecto a los 19 países de la Zona Euro. Pero también es cierto que antes de subir los impuestos habría que exigir su pago a quienes no los abonan o los eluden, ya que la menor recaudación fiscal que provoca el fraude hace que el gasto social en España sea 48.000 millones inferior a la media ponderada europea.
Las anunciadas subidas de impuestos, en definitiva, podrían quedar en el aire por culpa de la aritmética parlamentaria. Y ello impediría equiparar nuestro nivel de gasto público con el de otros países del entorno, lo que a la postre terminaría deteriorando el Estado del Bienestar del que disfrutamos en España. Dicen que mal de muchos, consuelo de tontos… Pues seamos listos y, en la medida de nuestras posibilidades, al menos, disfrutemos del verano. ¡Hasta septiembre!
