El Impuesto de Sucesiones y de Donaciones inter vivos es un impuesto directo que grava la manifestación de la capacidad económica, pero se pueden establecer mínimos exentos, incluyendo un valor por debajo del cual no se deba pagar nada o muy poco
Desde hace algún tiempo hay una campaña para limitar y suprimir el Impuesto sobre Sucesiones, el que grava las herencias. Los ataques a este impuesto (y al resto) no va unido a ingresos de otros impuestos para aportar lo no recaudado o qué gastos sociales suprimir (porque seguimos con déficit público de ingresos insuficientes para los gastos que tenemos) ni mención a las listas de espera, falta de recursos educativos o para investigación...
Por supuesto que la máquina administrativa puede mejorarse, siempre hay que buscar la eficiencia, la mejora de productividad... y que no haya fraude fiscal ni corrupción. Pero todas estas reformas necesarias y medios para lograr esos objetivos parece que han ocupado menos debates mediáticos y más ausencia de propuestas.
El Impuesto de Sucesiones y de Donaciones inter vivos es un impuesto directo que grava la manifestación de la capacidad económica, pero se pueden establecer mínimos exentos, incluyendo un valor por debajo del cual no se deba pagar nada o muy poco. No es el caso del IVA que, independientemente de la capacidad económica de los sujetos, todos pagan igual. Por eso mismo el de Sucesiones es un impuesto progresivo, pagándose en función del valor de lo que se grave más que proporcionalmente. Al ponderar qué impuestos suben o bajan, no es casualidad que unos propicien reducir o quitar impuestos directos y progresivos como el de Sucesiones y el que grava el Patrimonio, antes que eliminar la doble escala tarifaria de rentas del trabajo y del capital, elevar el mínimo exento en el IRPF o quitar ciertas deducciones del mismo o aumentar la recaudación elevando el tipo efectivo del impuesto de sociedades. Todo antes que mirar a otro lado con respecto a las listas de espera sanitaria o de atención a la dependencia o reducir la brecha de familias sin ningún tipo de ingresos que no pueden deducirse nada de nada.
El Impuesto sobre Sucesiones, junto con el que grava el Patrimonio, son impuestos cedidos por el Estado en los que las Comunidades Autónomas tienen potestad de regularlos. Fue el Gobierno del PP de Aznar, que es inspector fiscal, el que introdujo esa capacidad normativa en 1997. Él sabía los efectos lógicos de esa medida que, con la lógica de la competitividad fiscal y falta de corresponsabilidad colectiva, ocasionaría una competencia a la baja entre las Comunidades Autónomas en esos impuestos directos, progresivos, hasta poder anularlos, en vez de mantener el criterio de reparto en función de lo recaudado, desmotivando así la deslocalización del domicilio fiscal. Al cabo de poco tiempo, la dispersión normativa y la competencia fiscal entre las Comunidades Autónomas para atraer por su baja imposición a personas y riqueza, crearon un guirigay con agravios comparativos, pleitos por las herencias sustantivas sean de la familia Botín o de la Duquesa de Alba, y por fin la degeneración de anular en la práctica esos impuestos de sucesiones y patrimonio en el aprendiz de paraíso fiscal que se ha convertido la Comunidad de Madrid, al que otros discípulos se quieren apuntar como en Andalucía.
No es de extrañar que diversos informes, el último el de expertos para la revisión de la financiación autonómica que se tendrá que ponerse en marcha en los próximos meses, aboga por el mantenimiento del Impuesto sobre Sucesiones y que haya una normativa mínima en todas las Comunidades Autónomas que eviten distorsiones y sea eficaz tanto en la recaudación como en la capacidad administrativa de control y seguimiento de los diversos impuestos.
Por eso es lamentable las decisiones unilaterales e ideológicas de algunos gobiernos de Comunidades Autónomas que toman medidas antes que buscar consensos colectivos. Porque hay que insistir en que el Impuesto de Sucesiones, además de ser un impuesto en la tradición socialdemócrata, redistributivo que coadyuva al sostenimiento de los gastos públicos, es un impuesto liberal.
Sí, liberal. Anclado en la filosofía liberal de fomentar la igualdad de oportunidades y de repudio aristocrático. En la filosofía liberal, el nacimiento en una familia u otra no debe suponer que ese individuo no se esfuerce por lograr su bienestar, con trabajo y dedicación. Todo lo contrario de que la cuna marque el destino en función de la herencia recibida. No es de extrañar que las desigualdades se reproduzcan y perpetúen. Si, además, si este impuesto genera ingresos públicos para facilitar esa política de igualdad de oportunidades, doble objetivo cumplido.
Por tanto, los que abogan por la supresión del impuesto de sucesiones o del patrimonio no son socialdemócratas ni liberales, aunque pretendan serlo. Son neoliberales, como Reagan, que emplean la astuta demagogia de hablar de herencias pobres que "soportan" impuestos para tapar que las herencias millonarias no "paguen" impuestos. Son los que apoyan una fiscalidad roma, con más ingresos por IVA y rentas de trabajo en el IRPF, quieren un estado mínimo, independientemente de las necesidades a atender y apoyan una fiscalidad para beneficio del 1% de la población.
