viernes. 29.03.2024

“El Gobierno, con el ridículo incremento del SMI, pensiones y cotizaciones sociales, renuncia un año más a priorizar a las personas y a ingresos imprescindibles”

La aprobación del nuevo SMI, la revalorización de pensiones y las nuevas cotizaciones a la Seguridad Social confirman que el Gobierno renuncia a mejorar los salarios y los ingresos de la Seguridad Social, por lo que nos veremos obligados a volver a utilizar el Fondo de Reserva para pagar pensiones.

Para CCOO, el tímido aumento del 0,50% del Salario Mínimo Interprofesional que ha aprobado el Gobierno (648,6 euros/mes) confirma que el Ejecutivo, que preside Mariano Rajoy, renuncia a mejorar los salarios en 2015, y con ellos también los ingresos de Seguridad Social. Una decisión injusta e incoherente con “el escenario de recuperación” que preconiza el Gobierno. Desde UGT coinciden con la valoración de Comisiones Obreras y afirman que "el Gobierno da la espalda a los ciudadanos, la subida de 3 euros del SMI no contribuye a la recuperación y condena a muchos ciudadanos -incluso teniendo trabajo- a la pobreza".

Es conocida la situación financiera que conyunturalmente presenta el sistema público de Seguridad Social como consecuencia de la crisis y los efectos de la política económica  y social adoptada en nuestro país, que se concreta en un déficit creciente del mismo desde 2011, y que se mantendrá en tanto no se produzca una recuperación sensible del empleo y de las bases de cotización de las personas en activo.

Desde las organizaciones sindicales insisten en que esta situación de déficit coyuntural exige que para mantener el nivel de cobertura y la intensidad en las prestaciones de Seguridad Social sea necesario incrementar los ingresos del sistema para evitar la alternativa que ha priorizado el Gobierno, limitándose a acudir al consumo anticipado del Fondo de Reserva.

CCOO considera que si bien la función del Fondo de Reserva es la de cubrir los déficit que pueda presentar el sistema de Seguridad Social, una utilización prudente del mismo exige que, además, se tomen medidas adicionales orientadas a incrementar los ingresos del sistema que eviten un consumo anticipado e irremediable de dicha reserva. En los últimos tres ejercicios se han dispuesto del Fondo de Reserva 32.651 millones de euros, de los que 14.000 millones lo han sido sólo en el presente año 2014; y pese a la visión optimista que el Gobierno presenta para 2015 los Presupuestos Generales del Estado para ese año prevén un déficit en la Seguridad Social de al menos 6.444 millones de euros.

En los últimos tres ejercicios se han dispuesto del Fondo de Reserva 32.651 millones de euros, de los que 14.000 millones lo han sido sólo en el presente año 2014

Para el sindicato, es especialmente criticable el hecho de que, pese a la situación de déficit que presenta el sistema de Seguridad Social, se mantengan medidas de reducción de cotizaciones como las conocidas como “tarifas planas” para autónomos y trabajadores por cuenta ajena. El Ejecutivo si decide mantenerlas, pese a la escasa utilidad de algunas de ellas, debería ordenarlas como bonificaciones de modo que su tratamiento sea el propio de una medida de fomento del empleo y evitar que su financiación, como ahora, recaiga exclusivamente sobre el déficit del sistema de Seguridad Social. Más aún, el Gobierno debería realizar una evaluación en profundidad de los resultados que sobre la creación de empleo y la afiliación está teniendo esta medida y, en todo caso, plantearse la restitución a la Seguridad Social de los importes que la misma ha dejado de ingresar.

En relación con la necesidad de aumentar los ingresos previstos en el sistema de Seguridad Social resulta insuficiente el hecho de que la base mínima de cotización del Régimen General se incremente tan sólo en el 0,50%, como consecuencia del anuncio que en este sentido ha hecho el Consejo de Ministros en relación al aumento decidido para el Salario Mínimo Profesional de 2015.

De igual modo, resulta criticable el hecho de que en la Orden de cotización para el próximo año prevea reducir la intensidad de algunas medidas con la que desde 2012 se venía intentando equiparar las bases medias de cotización de los diferentes regimenes de seguridad social, en la idea de mejorar con ello el reparto equitativo de esfuerzos que realizan todos los trabajadores en el mantenimiento del sistema. En concreto los trabajadores incluidos en el Régimen especial de trabajadores Autónomos (RETA) presentan una base media de cotización cerca de un 40% inferior a las de trabajadores del Régimen General. Para ayudar a corregir progresivamente esta situación la Ley 27/2011 incluyó una referencia para que de forma progresiva las bases medias de ambos regímenes confluyeran en el tiempo. Con este objetivo desde 2012 las bases mínimas del RETA han venido creciendo un 1% adicional a lo que lo hacían las del Régimen General, pero la Orden de cotización para 2015 rebaja ese crecimiento adicional a tan sólo el 0,50%, retrasando el objetivo previsto.

También relacionado con los ingresos y el principio de contributividad, señala la evolución de las bases máximas de cotización. A este respecto, llama la atención la política un tanto errática que muestra el Ejecutivo a la hora de establecer el incremento de dichas bases máximas. Entre 1996 y 2011 perdieron más de 15 puntos porcentuales de poder adquisitivo. En 2013 y 2014, por el contrario, se han venido registrando incrementos anuales del 5%, sin actuar de forma coherente sobre la pensión máxima. Finalmente, ahora en 2015, se ha establecido un aumento de tan sólo el 0,25% lo que resulta incluso inferior a la evolución prevista para la base mínima. Este comportamiento no transmite ni la confianza ni la coherencia que, en esta materia, resulta exigible del poder ejecutivo para, manteniendo los elementos de solidaridad internos en el sistema, hacerlos evolucionar de forma coherente con las necesidades financieras del sistema y el refuerzo de la contributividad de quienes más ganan, exigiendo un mayor esfuerzo de cotización, coherente con la evolución de las prestaciones que verán reconocidas.

“El Gobierno renuncia un año más a priorizar a las personas"