Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) rechazaron la propuesta de los inspectores de elevar el umbral para considerar delito fiscal a 600.000 euros para la suma de cuotas defraudadas y reclamaron, por el contrario, que se considere delictiva la evasión desde los 50.000 euros defraudados por impuesto y año, el mismo nivel fijado para considerar delitos los fraudes a la Seguridad Social y a la Hacienda Europea.
Además, en contra de los que opinan los inspectores, los técnicos no creen que esta medida sea la más adecuada para aliviar la saturación de los juzgados y tribunales penales, sino que existen otras opciones más eficaces, como la dotación de más jueces y personal y la simplificación procesal.
Actualmente, existe delito fiscal cuando se defrauda a Hacienda más de 120.000 euros por año y por impuesto, que se castiga con una pena de prisión mínima de un año y una multa mínima del mismo importe a la cuantía defraudada, delito que pasa a ser agravado, entre otras circunstancias, si el fraude excede los 600.000 euros lo que conllevaría una pena de prisión de dos años, el doble de multa y diez años de prescripción en lugar de los cinco del delito fiscal normal.
Sin embargo, para combatir el fraude de las grandes empresas y así reducir el tamaño de la economía sumergida, que alcanza el 24,6% del PIB, Gestha apuesta por rebajar el umbral para considerar delito fiscal a los 50.000 euros, unificando el umbral con los delitos contra la Seguridad Social y contra los presupuestos de la Unión Europea (fondos, ayudas y subvenciones comunitarias, etc.). También proponen que el delito fiscal agravado baje de los 600.000 a los 120.000 euros, como ocurre con el delito agravado contra la Seguridad Social, manteniendo sus consecuencias penales actuales.
La propuesta de los inspectores rebajaría el número de delitos por fraude
El caso Noós no sería delito
Pero Gestha va más allá en su análisis y recuerda que, de aprobarse una reforma como la que proponen los inspectores, se aplicaría con carácter retroactivo, incluso en el caso de sentencia firme. Esto provocaría que los condenados por delitos fiscales inferiores a 600.000 euros serían absueltos y se les devolverían las cuantías pagadas en concepto de multas, ya que en estos casos siempre se aplica la normativa más favorable.
Además, la modificación anunciada por los inspectores implicaría cambios en investigaciones polémicas que se están tramitando actualmente, como el caso Noós y las supuestas donaciones en B que afectan a partidos políticos. Ninguno de estos supuestos fraudes sería delito con la reforma de los inspectores.
Están en contra de legalizar económicamente drogas y prostitución siempre y cuando supongan un delito
Perseguir el tráfico de drogas y personas
Respecto a la propuesta de los inspectores para la legalización económica de las drogas blandas y la prostitución y su contribución a Hacienda, Gestha advierte que con el pago de impuestos se estarían blanqueando actividades ilícitas y señala que estas actividades deben perseguirse penalmente como hasta ahora, sobre todo cuando la prostitución implica la inmigración ilegal, el tráfico de personas y su explotación sexual por redes criminales algo que, según los expertos en la materia, es la práctica mayoritaria.
Por eso, el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, asegura que “no se deben buscar ingresos a cualquier precio, como parece que proponen los inspectores, sino que se debe intensificar la lucha contra el fraude fiscal, poniendo el foco en los ámbitos que concentran la mayor parte de la evasión, que son las grandes empresas y patrimonios, y que a día de hoy solo concentran el 20% de los esfuerzos de la Agencia Estatal Tributaria (AEAT).
