Varias multinacionales españolas están instaladas en Latinoamérica para llevar a cabo megaproyectos. Para ejecutarlos se apropian de tierras y despojan a las pueblos de su soberanía alimentaria. En muchos casos son cómplices de corrupción y del encarcelamiento de personas defensoras de derechos humanos.
Durante el año 2017 más de 300 personas defensoras de los derechos humanos fueron asesinadas por realizar esta labor. De ellas, dos tercios defendían la tierra, el territorio y el medio ambiente, casi siempre en el contexto de implementación de megaproyectos por parte de grandes corporaciones, tal y como señala el último informe de Front Line Defenders. Pero los asesinatos son solo la punta del iceberg de un patrón sistemático de tácticas desplegadas para acallar a quienes se enfrentan a los intereses corporativos, que incluyen amenazas, hostigamiento y detenciones, entre otras agresiones físicas, legales y sociales.
La acción de las empresas transnacionales españolas en el exterior no está desvinculada de este contexto global de violencia, desprotección e impunidad. Esto es lo que pretende visibilizar el informe publicado por Ecologistas en Acción bajo el título “El IBEX 35 en guerra contra la vida”. A través de la descripción de tres conflictos provocados por la acción de empresas españolas en Latinoamérica, el informe incluye un análisis ecofeminista para mostrar cómo sus beneficios económicos se cimientan sobre la generación de importantes impactos socioecológicos, la vulneración de derechos humanos, y la profundización de estructuras patriarcales.
Repsol, ACS, Iberdrola, Acciona…
¿Qué tienen en común la extracción de gas del proyecto Camisea en la Amazonía peruana por parte de Repsol, la construcción del complejo hidroeléctrico Renace en Guatemala a cargo de ACS, y el Corredor Eólico del Istmo de Tehuantepec en México en el que están involucradas Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Acciona y Renovalia? Esta es una de las preguntas a las que trata de dar respuesta el informe, en la medida en que los conflictos analizados no deben ser considerados casos aislados ni ejemplos de la adopción de malas prácticas puntuales, sino que forman parte de un problema sistémico. Por eso, pese a su diversidad, todos ellos presentan patrones comunes.
En primer lugar, es evidente que la acumulación de la riqueza de las transnacionales es posible gracias a la apropiación de bienes comunes naturales que con frecuencia se ubican en áreas protegidas, y territorios indígenas y campesinos, provocando graves impactos socioecológicos. Contaminación y acaparamiento de tierras y de agua, deforestación y pérdida de biodiversidad son algunos de los impactos identificados.
Florentino Pérez. Ilustración Andrés Espinosa.
Pérdida de soberanía alimentaria
Para las poblaciones locales la llegada de las transnacionales españolas ha supuesto una pérdida de su soberanía alimentaria y su autonomía, y una ruptura de sus formas de reproducir la vida tanto en términos materiales como socioculturales.
Violación de derechos humanos
Por otro lado, los tres casos muestran patrones sistemáticos de vulneración de derechos humanos cuando las empresas españolas tratan de implantar sus megaproyectos. Además de la ausencia de un ejercicio de consulta previa, libre e informada tal y como exige la legislación internacional en materia de derechos humanos, se han identificado una serie de tácticas dirigidas a debilitar el tejido social: desinformación, engaños, firma de contratos abusivos, sobornos, generación de redes clientelares, cooptación de dirigencias locales, injerencias en organizaciones locales, etc.En este contexto, las defensoras y defensores del medio ambiente que se oponen a los intereses corporativos son objeto de procesos de criminalización, acoso, persecución, estigmatización, judicialización, amenazas, agresiones e incluso asesinatos.
Estas agresiones no siempre son cometidas directamente por los actores corporativos, pero todas ellas tienen lugar en el marco de los conflictos originados por sus actividades y están dirigidas a asegurar los intereses económicos de sus inversiones.
Lo que está en juego es la imposición de un determinado modelo de desarrollo colonial y –enfatizamos– patriarcal dirigido a satisfacer los intereses de la clase capitalista global. Por eso, la implementación de los megaproyectos de las empresas solo es posible porque se asientan sobre la existencia de estructuras patriarcales previas y al mismo tiempo las profundizan.
La exclusión de las mujeres de los procesos de toma de decisiones al impulsar negociaciones individuales y selectivas con ciertos actores locales afines, la generación de una fuerte dependencia hacia una economía asalariada altamente masculinizada, la militarización del territorio y el consiguiente aumento de la inseguridad en la vida de las mujeres, o la intensificación del control social de sus cuerpos y de las violencias machistas, son algunos de los elementos detectados en los casos analizados.
Equidad económica, social y cultural
Frente a esta situación resulta necesario y urgente establecer mecanismos de regulación a la acción de las empresas transnacionales. En primer lugar, es preciso contar con marcos normativos nacionales e internacionales jurídicamente vinculantes que obliguen a las empresas a garantizar los derechos humanos e impongan sanciones frente a las violaciones cometidas.
Además, resulta necesario suspender y abandonar las negociaciones sobre tratados de comercio e inversión y los mecanismos de arbitraje, ya que refuerzan la arquitectura jurídica de la impunidad de las transnacionales y priorizan sus beneficios económicos por encima del bien colectivo de los pueblos y la naturaleza.
Pero estos cambios normativos solo serán posible si van acompañados de una reorganización económica, política, social y cultural basada en una mirada ecologista y feminista, que garantice la equidad social y ponga en el centro la sostenibilidad de la vida frente a los intereses de las grandes corporaciones.
Artículo escrito por Miriam García Torres. Área de Antiglobalización, paz y solidaridad de Ecologistas en Acción. Revista Ecologista nº 95. Protegido por una licencia CC BY 2.5 ES
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