La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha exigido a los poderes públicos medidas "rápidas y contundentes" para atender las necesidades de las personas afectadas por procesos de ejecución de hipotecas impagadas.
Ha propuesto que se acote el concepto de insolvencia sobrevenida "de forma que aquellos consumidores que, actuando de manera responsable no hayan podido evitar la situación de insolvencia, gocen de una especial protección"
La organización ha aclarado que su intención no es que el deudor se desvincule de sus obligaciones financieras, "pero deben tomarse medidas para evitar que éstas aumenten exponencialmente y para que el deudor no se vea compelido a una situación de exclusión social total".
Asimismo, la OCU ha solicitado que se articulen medidas para que la entidad financiera contribuya a encontrar una solución "a un problema del que incuestionablemente es parte". "Se trata de priorizar que el deudor se pueda quedar en la vivienda si así lo desea", ha destacado.
Además, la OCU quiere que, para evitar una ampliación "desproporcionada" de la deuda, se revisen los gastos del procedimiento actual de ejecución hipotecaria y que se prevean unos intereses máximos a pagar en caso de impago.
Para evitar el desalojo de la vivienda y su infravaloración a efectos de cálculo de la deuda pendiente tras la ejecución, la asociación ha recomendado la creación de una ley "especial" que reconocería al desahuciado el derecho a mantener la vivienda durante un plazo mínimo de diez años por un importe máximo del 2% anual del valor de adjudicación, actualizable al IPC.
La OCU cree que con estas medidas se incentiva que se acepte la dación en pago, "ya que habrá entidades que prefieran aceptarla y recibir el piso libre de ocupantes antes que tener que mantenerlo con una renta limitada al 2% sobre el valor adjudicado".
Por último, la asociación ha recordado que el incremento del paro, el descenso del número de cotizantes a la Seguridad Social y la bajada de los salarios implican "necesariamente" un mayor ajuste del precio de la vivienda en España "en el corto y medio plazo".
