En los últimos meses hemos asistido a una carrera inédita de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid) para ver quién baja más los impuestos en una coyuntura económica todavía debilitada y pese a los datos positivos que, poco a poco, tratan de persuadirnos de lo contrario. Y, dentro de esta competencia, la Comunidad de Madrid ha sido la que, una vez más, parece llevar la voz cantante.
De hecho, el revuelo provocado por Madrid no viene motivado sólo por ser la autonomía del PP con más peso político y económico sobre el Gobierno, sino también por haber llevado a cabo la rebaja más contundente, con 1,6 puntos de bajada en el IRPF para 2014, que se suman al punto que ya recortó Esperanza Aguirre en 2007. Por tanto, son 2,6 puntos menos desde que comenzó la crisis y hasta cuatro puntos por debajo del tipo más alto en comunidades como Cataluña y Andalucía.
Es cierto que esta, podríamos decir, competencia fiscal entre comunidades no es nueva, pero dado que se produce en un contexto económico más delicado, podemos interpretar dos causas: una ideológica (pensando ya en un próximo horizonte electoral) y otra económica. Y en esta última cabe preguntarse: ¿están justificadas estas rebajas desde el punto de vista económico?
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda creemos que estas medidas pueden ser precipitadas, y convendría aplazarlas hasta que se conozcan las principales directrices de la nueva reforma fiscal que, a la vista del informe que está elaborando un comité de expertos y que se presentará a principios del nuevo año, debería contar con un amplio acuerdo político y social, asegurando los principios constitucionales de justicia, progresividad, equidad y suficiencia para atender las inversiones y prestaciones públicas.
Además, desde Gestha también vemos conveniente que previamente se alcance un acuerdo entre las comunidades autónomas y el Estado sobre la reforma del modelo de financiación, una reivindicación que también han hecho suya Madrid o Galicia, dos de las autonomías que han anunciado rebajas impositivas recientemente.
Pero, por encima incluso de estas dos grandes razones, lo que parece claro es que la situación económica, tanto de Madrid como del resto de comunidades, no parece aguantar todavía decisiones de este tipo. Estas rebajas se producen en un contexto de recortes económicos y sociales que crean una gran desprotección sobre las rentas más bajas y que, todo sea dicho, son precisamente las que menos se benefician de la rebaja. De hecho, el Gobierno madrileño ha reducido gastos por 879 millones en 2012 en partidas tan sensibles como el copago farmacéutico, las tasas universitarias, las becas para libros y comedor o las tarifas del transporte público, según datos oficiales del Ministerio de Hacienda.
También en Madrid, por citar el caso más llamativo hasta la fecha, la medida merma recursos que se podrían utilizar para amortizar la deuda de la región, cifrada en 22.650 millones de euros, la tercera más alta de España. De hecho, el coste de las medidas aprobadas (357 millones de euros) sumado a la pérdida de ingresos por la supresión del Impuesto de Patrimonio (otros 300 millones), detraen anualmente recursos que suponen añadir casi medio punto al déficit público español. Por tanto, una conclusión es clara: la situación económica no lo justifica.
En definitiva, desde Gestha consideramos que es necesaria la coordinación de las autonomías en materia fiscal para evitar una competencia que no lleva a ninguna parte, lo que al mismo tiempo serviría para reducir el imparable crecimiento de la deuda pública, que cerrará 2013 en el 91,4% del PIB y que llegará al billón de euros en 2015. Sin duda, unas cifras que no se podrán rebajar con anuncios tan a la ligera como los que estamos viendo en estos últimos tiempos.
Contesta Carlos Cruzado
Presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA)
