Con un plan realista, valiente y eficiente a medio plazo podría reducirse a la mitad ese casi 25% del PIB al que asciende la economía sumergida en España
El Gobierno presentó un anteproyecto de ley sobre fraude fiscal que incluye medidas tan necesarias como la reducción a 1.000 euros de los pagos en efectivo o la inclusión de los responsables solidarios en la lista de morosos que se publica cada año. Sin embargo, mientras que el Ejecutivo espera ingresar 828 millones implantando mejores prácticas internacionales para esta lucha, lo cierto es que con un plan realista, valiente y eficiente a medio plazo podría reducirse a la mitad ese casi 25% del PIB al que asciende la economía sumergida en España y recaudar unos 38.000 millones de euros que se escapan por esa mayor evasión respecto a los países de nuestro entorno.
De un análisis del anteproyecto en su conjunto se deduce una línea continuista en relación con un modelo de control agotado, que requeriría medidas más ambiciosas para mejorar la calidad de las actuaciones y desplazar la lupa, sin complejos, hacia las grandes bolsas de fraude, que sin lugar se encuentran en las grandes fortunas y no tanto en las pequeñas y medianas empresas, que en la práctica son a las que más recursos y efectivos se destinan.
El fraude fiscal constituye la principal losa de la recaudación en nuestro país. Y a pesar de que haya quien se jacte de los “resultados históricos” logrados en esta batalla, en 2017 cayó la recaudación por tercera vez en los últimos cinco años, más allá de que últimamente resulte tan habitual omitir información relevante para evaluar las cifras. En este sentido, tras la ocultación del número de los delitos denunciados en 2017 contra la Hacienda pública se esconde una nueva caída de los delitos fiscales descubiertos por la AEAT, lo que refleja otro fracaso más en la detección de los fraudes más sofisticados.
En cualquier caso, la ‘factura’ de este fenómeno para cada contribuyente asciende hasta los 2.000 euros al año, que los ciudadanos se ven obligados a compensar con el pago de impuestos. Pues bien, para combatir el fraude con garantías, sería necesario adoptar medidas adicionales a las del anteproyecto, que ojalá se incluyan en su futura tramitación como proyecto de ley. Entre ellas, lo más importante sería una mayor coordinación entre las distintas administraciones tributarias, la elaboración de informes oficiales sobre economía sumergida y fraude, el aumento de las funciones y responsabilidades de los técnicos y el incremento del número de efectivos en la AEAT.
Y es que el anunciado aumento de plantilla de la AEAT para este año resulta insignificante. Es más, contará con 2.500 efectivos menos que hace una década debido, sobre todo, a la puesta en marcha de las políticas de austeridad en materia de empleo público durante la crisis. Pero además de incrementar el número de efectivos, es necesario optimizar los existentes y, en este sentido, la ministra Montero puede contar, como esperamos hará, con los técnicos del Ministerio de Hacienda para mejorar la lucha contra el fraude fiscal y el control del gasto público, pues estamos dispuestos a asumir mayores responsabilidades desde el instante en que se supriman las actuales limitaciones que restringen nuestra capacidad e iniciativa, sólo justificadas por intereses corporativos contrarios al interés general.
Contesta Carlos Cruzado
