nuevatribuna.es
31 de enero de 2010, 12:00
NUEVATRIBUNA.ES - 31.1.2010
La propuesta que, entre otras cosas, contempla elevar la edad de jubilación desde los 65 a los 67 años y que abre la puerta a que se produzcan cambios en el periodo de cálculo de la pensión, ampliándolo más allá de los 15 años actuales, fue aprobada el viernes por el Consejo de Ministros. Ahora, tendrá que pasar el filtro del Pacto de Toledo, primer paso de su tramitación parlamentaria, de la que todos, partidos y agentes sociales, esperan que salga muy modificada.
De momento, lo que el Gobierno de Zapatero ha puesto sobre la mesa no ha gustado a nadie. Pero, frente a las críticas de la derecha, que ha encontrado otra vía para hacer electoralismo aprovechando la impopularidad de la medida sin proponer alternativas, los sindicatos han recordado, por una parte, que la ley ya contempla que se puede incentivar el retraso de la jubilación con el 2% cada año y con el 3% si tiene más de 40 cotizados, es decir, que existe una jubilación flexible que permite adelantar o atrasar y que existe recorrido entre la jubilación real y la obligatoria para hacerlas converger. Y, en segundo lugar, recuerdan su propuesta ante la Comisión del Pacto de Toledo de “recuperar la búsqueda de fuentes alternativas de financiación manteniendo la cotización como la principal, pero sin considerarla como exclusiva".
En este punto es en el que coinciden la mayoría de los expertos. Octavio Granado, secretario de Estado para la Seguridad Social, recordaba este domingo en la misma reunión a la que ha acudido Corbacho cómo fue el PSOE quien empezó a sacar de las cotizaciones la Sanidad y los Asuntos Sociales para que fueran a parar en su integridad a las pensiones. Esto ocurrió hace 25 años y hoy la pregunta que se plantea es ¿por qué el Estado no aumenta su aportación a las pensiones tal como lo hacen otros países (como Dinamarca), en que las aportaciones procedentes de los impuestos generales son mucho más intensas que en España? Lo dice el profesor Vicenç Navarro que remata esta argumentación asegurando: “No hay nada sagrado en la Biblia económica que diga que las pensiones tienen que pagarse a base de cotizaciones sociales”.
El economista Antonio Mora asegura, por su parte, que “carece de racionalidad económica que la financiación de las pensiones contributivas deba hacerse necesariamente y exclusivamente con las cotizaciones. Nada está escrito que deba hacerse así desde el punto de vista del crecimiento, desde el punto de vista de la redistribución de la riqueza o de la financiación de los componentes -o de alguno- del Estado de Bienestar. Tarde o temprano parte de las pensiones habrán de financiarse con los presupuestos del Estado, porque las pensiones son un pilar más del Estado de Bienestar, en pie de igualdad con la Sanidad, la Educación, el Desempleo y la Dependencia, componentes que no se financian con ninguna cotización, sino con el conjunto de los impuestos”.
El titular de Trabajo no ha mencionado para nada esta posibilidad. Ha destacado que “las cuentas de la Seguridad Social son hoy magníficas; tienen una buena salud de hierro”, aportando el dato de que hay 60.000 millones en los bancos, sin recurrir a ningún crédito, y sólo ha mencionado las cotizaciones para rechazar de plano la propuesta del PP de rebajarlas dos puntos. A su juicio, cuando los 'populares' dicen esto es porque no les preocupa el futuro, porque los que les votan ya se han hecho o se harán un plan de pensiones”.
En cualquier caso el debate está ahí como lo está el que suscitan las afirmaciones sobre el envejecimiento de la población y su repercusión en el Sistema Público de Pensiones al que aludía Celestino Corbacho al principio de su intervención.
Se pregunta Pedro Díez Olazábal si al Gobierno “¿le han hecho algún informe sobre las condiciones físicas y psíquicas en que va a llegar a los 67 años una señora de la limpieza, un peón de albañil, un maestro, un conductor de autobús o un instalador de antenas? ¿Qué vamos a hacer cuando la edad media de incorporación de los “jóvenes” al trabajo sea de 40 años y tengamos miles de parados con más de 65?”
Antonio Mora se detiene en los cálculos que han llevado a la conclusión de que el envejecimiento va a hacer inviable el sistema: “Los negros vaticinios sobre el aumento de la esperanza de vida, ni son lo que se dicen, ni tampoco va aumentar indefinidamente”. Y Vicenç Navarro los desmonta al asegurar que “lo que ha estado ocurriendo en España (y en Europa) es que la mortalidad infantil ha ido disminuyendo de una manera muy marcada, con lo cual la esperanza de vida ha ido aumentando, pasando de 76 años a 80 años. Ello no quiere decir, como habitualmente se asume, que el ciudadano español medio viva cuatro años más ahora que hace veinticinco años”. Y añade que la diferencia de años de vida entre una persona perteneciente al estrato de renta más baja y los que tienen la renta más alta es de diez años.
Ambos reclaman además “menos demagogia y más integrarnos en Europa a todos los niveles, también en nivel de gasto público por PIB y de gasto público social por PIB, gasto este aún más retrasado que el gasto público global respecto a la Unión Europea” (Antonio Mora) y recuerdan que “debido al crecimiento de la productividad, en el año 2060 habrá más recursos para los no pensionistas que hoy, y ello a pesar de que el porcentaje del PIB dedicado a pensiones es superior en el año 2060 que en el 2007. Los que alarman innecesariamente a la población olvidan un hecho muy elemental. Hace cincuenta años, España dedicaba a las pensiones sólo un 3% del PIB. Hoy es un 8%, más del doble que cincuenta años atrás. Y la sociedad tiene muchos más fondos para los no pensionistas de los que había entonces” (Vicenç Navarro).
El debate no ha hecho más que plantearse, como también ha recordado el titular de Trabajo. El asunto “no es bonito” (Octavio Granado), “al Gobierno le hubiera resultado más cómodo no hacer nada” (Zapatero) y la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, ha añadido que “este debate no se abre pensando en las próximas elecciones sino en las próximas generaciones”. Y ha alertado sobre su uso electoralista por otras fuerzas políticas: “No vamos a permitir que utilicen el miedo. (…) “Poco podemos esperar de un partido en el que se espiaban los unos a los otros y en el que estos días hemos escuchado lo que dicen los unos de los otros. ¡Qué no dirán de los ciudadanos que no están en sintonía con ellos!”
La propuesta que, entre otras cosas, contempla elevar la edad de jubilación desde los 65 a los 67 años y que abre la puerta a que se produzcan cambios en el periodo de cálculo de la pensión, ampliándolo más allá de los 15 años actuales, fue aprobada el viernes por el Consejo de Ministros. Ahora, tendrá que pasar el filtro del Pacto de Toledo, primer paso de su tramitación parlamentaria, de la que todos, partidos y agentes sociales, esperan que salga muy modificada.
De momento, lo que el Gobierno de Zapatero ha puesto sobre la mesa no ha gustado a nadie. Pero, frente a las críticas de la derecha, que ha encontrado otra vía para hacer electoralismo aprovechando la impopularidad de la medida sin proponer alternativas, los sindicatos han recordado, por una parte, que la ley ya contempla que se puede incentivar el retraso de la jubilación con el 2% cada año y con el 3% si tiene más de 40 cotizados, es decir, que existe una jubilación flexible que permite adelantar o atrasar y que existe recorrido entre la jubilación real y la obligatoria para hacerlas converger. Y, en segundo lugar, recuerdan su propuesta ante la Comisión del Pacto de Toledo de “recuperar la búsqueda de fuentes alternativas de financiación manteniendo la cotización como la principal, pero sin considerarla como exclusiva".
En este punto es en el que coinciden la mayoría de los expertos. Octavio Granado, secretario de Estado para la Seguridad Social, recordaba este domingo en la misma reunión a la que ha acudido Corbacho cómo fue el PSOE quien empezó a sacar de las cotizaciones la Sanidad y los Asuntos Sociales para que fueran a parar en su integridad a las pensiones. Esto ocurrió hace 25 años y hoy la pregunta que se plantea es ¿por qué el Estado no aumenta su aportación a las pensiones tal como lo hacen otros países (como Dinamarca), en que las aportaciones procedentes de los impuestos generales son mucho más intensas que en España? Lo dice el profesor Vicenç Navarro que remata esta argumentación asegurando: “No hay nada sagrado en la Biblia económica que diga que las pensiones tienen que pagarse a base de cotizaciones sociales”.
El economista Antonio Mora asegura, por su parte, que “carece de racionalidad económica que la financiación de las pensiones contributivas deba hacerse necesariamente y exclusivamente con las cotizaciones. Nada está escrito que deba hacerse así desde el punto de vista del crecimiento, desde el punto de vista de la redistribución de la riqueza o de la financiación de los componentes -o de alguno- del Estado de Bienestar. Tarde o temprano parte de las pensiones habrán de financiarse con los presupuestos del Estado, porque las pensiones son un pilar más del Estado de Bienestar, en pie de igualdad con la Sanidad, la Educación, el Desempleo y la Dependencia, componentes que no se financian con ninguna cotización, sino con el conjunto de los impuestos”.
El titular de Trabajo no ha mencionado para nada esta posibilidad. Ha destacado que “las cuentas de la Seguridad Social son hoy magníficas; tienen una buena salud de hierro”, aportando el dato de que hay 60.000 millones en los bancos, sin recurrir a ningún crédito, y sólo ha mencionado las cotizaciones para rechazar de plano la propuesta del PP de rebajarlas dos puntos. A su juicio, cuando los 'populares' dicen esto es porque no les preocupa el futuro, porque los que les votan ya se han hecho o se harán un plan de pensiones”.
En cualquier caso el debate está ahí como lo está el que suscitan las afirmaciones sobre el envejecimiento de la población y su repercusión en el Sistema Público de Pensiones al que aludía Celestino Corbacho al principio de su intervención.
Se pregunta Pedro Díez Olazábal si al Gobierno “¿le han hecho algún informe sobre las condiciones físicas y psíquicas en que va a llegar a los 67 años una señora de la limpieza, un peón de albañil, un maestro, un conductor de autobús o un instalador de antenas? ¿Qué vamos a hacer cuando la edad media de incorporación de los “jóvenes” al trabajo sea de 40 años y tengamos miles de parados con más de 65?”
Antonio Mora se detiene en los cálculos que han llevado a la conclusión de que el envejecimiento va a hacer inviable el sistema: “Los negros vaticinios sobre el aumento de la esperanza de vida, ni son lo que se dicen, ni tampoco va aumentar indefinidamente”. Y Vicenç Navarro los desmonta al asegurar que “lo que ha estado ocurriendo en España (y en Europa) es que la mortalidad infantil ha ido disminuyendo de una manera muy marcada, con lo cual la esperanza de vida ha ido aumentando, pasando de 76 años a 80 años. Ello no quiere decir, como habitualmente se asume, que el ciudadano español medio viva cuatro años más ahora que hace veinticinco años”. Y añade que la diferencia de años de vida entre una persona perteneciente al estrato de renta más baja y los que tienen la renta más alta es de diez años.
Ambos reclaman además “menos demagogia y más integrarnos en Europa a todos los niveles, también en nivel de gasto público por PIB y de gasto público social por PIB, gasto este aún más retrasado que el gasto público global respecto a la Unión Europea” (Antonio Mora) y recuerdan que “debido al crecimiento de la productividad, en el año 2060 habrá más recursos para los no pensionistas que hoy, y ello a pesar de que el porcentaje del PIB dedicado a pensiones es superior en el año 2060 que en el 2007. Los que alarman innecesariamente a la población olvidan un hecho muy elemental. Hace cincuenta años, España dedicaba a las pensiones sólo un 3% del PIB. Hoy es un 8%, más del doble que cincuenta años atrás. Y la sociedad tiene muchos más fondos para los no pensionistas de los que había entonces” (Vicenç Navarro).
El debate no ha hecho más que plantearse, como también ha recordado el titular de Trabajo. El asunto “no es bonito” (Octavio Granado), “al Gobierno le hubiera resultado más cómodo no hacer nada” (Zapatero) y la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, ha añadido que “este debate no se abre pensando en las próximas elecciones sino en las próximas generaciones”. Y ha alertado sobre su uso electoralista por otras fuerzas políticas: “No vamos a permitir que utilicen el miedo. (…) “Poco podemos esperar de un partido en el que se espiaban los unos a los otros y en el que estos días hemos escuchado lo que dicen los unos de los otros. ¡Qué no dirán de los ciudadanos que no están en sintonía con ellos!”
