nuevatribuna.es
9 de junio de 2009, 15:13
NUEVATRIBUNA.ES 09.06.2009
¿Están los agentes sociales "en condiciones" de afrontar la reforma del sistema laboral? Hace unos días, el presidente catalán José Montilla afirmó que sí. Pero lo cierto es que, a pesar de las voces que auguran que en los próximos días se producirá un acuerdo, son muchas las diferencias que separan a empresarios y sindicatos respecto a la modificación del marco legal español sobre las condiciones de contratación.
Nadie niega que se necesita una reforma. Pero la primera dificultad se concreta a la hora de fijar el alcance de los cambios. La idea de reforma "puede dar lugar a diversas interpretaciones", afirmó hace uno días el propio Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. “No somos partidarios” de una reforma que implique "modificar las condiciones de despido, facilitarlo y que los trabajadores pierdan derechos", afirma.
Aunque el Gobierno se niega a abaratar el despido, tal y como exige la patronal, sí se ha mostrado, sin embargo, dispuesto a realizar "cambios en la negociación colectiva", algo que puede ser "positivo", afirma Zapatero, siempre y cuando sea de mutuo acuerdo entre empresarios y trabajadores, y ello no perturbe la paz social.
Sin embargo, algunos piensan que el problema no está en el mercado laboral, al menos el más acuciante. Las ‘pymes’, pequeñas y medianas empresas que dan empleo en España al 80 por ciento de los trabajadores, opinan que lo prioritario no es reformar las normas de contratación, sino mejorar el acceso al crédito, la auténtica pesadilla para pequeños empresarios y autónomos, en medio del brutal proceso de despalancamiento iniciado por la economía española.
No obstante, las ‘pymes’ recuerdan que la necesidad de una reforma laboral “no es de hoy”, asegura el secretario general de Cepyme, Elías Aparicio. "El marco contractual de nuestro país no está pensado para las pequeñas y medianas empresas", añade, tras abogar por una simplificación del marco legal relacionado con la contratación. Esta reforma "era necesaria antes de la crisis, lo es durante la crisis y lo seguirá siendo después", asegura de forma tajante.
Los trabajadores temporales se sitúan en el centro de la polémica. La temporalidad en el empleo afecta a uno de cada tres trabajadores españoles, una lacra contra la que poco pueden hacer quienes sufren primero los efectos de la crisis. Despedir a un temporal es gratis con sólo no renovarle su contrato. O muy barato, con una indemnización de ocho días por año trabajado, y un tope de 20 meses.
Diversas voces han clamado contra la ‘dualidad’ entre contratos fijos y temporales en el mercado laboral español, entre ellas las de un centenar de economistas que han unido sus ideas en un manifiesto. Sin embargo, los sindicatos han lanzado un contramanifiesto, firmado esta vez por 500 economistas, que critica la propuesta, ya que en su opinión, este contrato único sólo conduciría a la precariedad a los nuevos contratados. Además, los sindicatos critican la pretensión de eliminar la tutela judicial en algunos casos de despido, tal y como pretende la patronal.
Sin embargo, los defensores del contrato único afirman que "si no cambiamos el marco regulatorio, se puede consolidar la cultura de la temporalidad ", según asegura el presidente del Instituto Internacional Cuatrecasas de Estrategia Legal en Recursos Humanos, Salvador del Rey. La reducción del coste del despido "puede favorecer la contratación indefinida", añade.
Los empresarios ofrecen crear empleo en un mercado de trabajo basado en la "flexiseguridad". Sin embargo, los sindicatos critican este intento de trasladar a España un concepto más propio de países como Dinamarca, con un Estado del Bienestar más desarrollado que el español.
Por otro lado, los sindicatos niegan que las actuales reglas no sirvan para crear empleo, puesto que han servido para crear siete millones de empleos en una década.
A la vuelta del verano, una nueva escalada de subida del paro puede aguardar a la economía española, según se temen los sindicatos, que hoy se afanan, junto al gobierno y los empresarios, en encontrar puntos de acuerdo. En julio, los sindicatos esperan alcanzar un pacto que estimule la confianza perdida. Y que supere la pobre impresión que hace unos días trasmitía un alto cargo de la patronal cuando confesaba que, aún hoy, tras casi dos años desde el inicio de la recesión, trabajadores y empresarios aún no han sido “capaces de hacer un diagnóstico compartido de la crisis".
¿Están los agentes sociales "en condiciones" de afrontar la reforma del sistema laboral? Hace unos días, el presidente catalán José Montilla afirmó que sí. Pero lo cierto es que, a pesar de las voces que auguran que en los próximos días se producirá un acuerdo, son muchas las diferencias que separan a empresarios y sindicatos respecto a la modificación del marco legal español sobre las condiciones de contratación.
Nadie niega que se necesita una reforma. Pero la primera dificultad se concreta a la hora de fijar el alcance de los cambios. La idea de reforma "puede dar lugar a diversas interpretaciones", afirmó hace uno días el propio Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. “No somos partidarios” de una reforma que implique "modificar las condiciones de despido, facilitarlo y que los trabajadores pierdan derechos", afirma.
Aunque el Gobierno se niega a abaratar el despido, tal y como exige la patronal, sí se ha mostrado, sin embargo, dispuesto a realizar "cambios en la negociación colectiva", algo que puede ser "positivo", afirma Zapatero, siempre y cuando sea de mutuo acuerdo entre empresarios y trabajadores, y ello no perturbe la paz social.
Sin embargo, algunos piensan que el problema no está en el mercado laboral, al menos el más acuciante. Las ‘pymes’, pequeñas y medianas empresas que dan empleo en España al 80 por ciento de los trabajadores, opinan que lo prioritario no es reformar las normas de contratación, sino mejorar el acceso al crédito, la auténtica pesadilla para pequeños empresarios y autónomos, en medio del brutal proceso de despalancamiento iniciado por la economía española.
No obstante, las ‘pymes’ recuerdan que la necesidad de una reforma laboral “no es de hoy”, asegura el secretario general de Cepyme, Elías Aparicio. "El marco contractual de nuestro país no está pensado para las pequeñas y medianas empresas", añade, tras abogar por una simplificación del marco legal relacionado con la contratación. Esta reforma "era necesaria antes de la crisis, lo es durante la crisis y lo seguirá siendo después", asegura de forma tajante.
Los trabajadores temporales se sitúan en el centro de la polémica. La temporalidad en el empleo afecta a uno de cada tres trabajadores españoles, una lacra contra la que poco pueden hacer quienes sufren primero los efectos de la crisis. Despedir a un temporal es gratis con sólo no renovarle su contrato. O muy barato, con una indemnización de ocho días por año trabajado, y un tope de 20 meses.
Diversas voces han clamado contra la ‘dualidad’ entre contratos fijos y temporales en el mercado laboral español, entre ellas las de un centenar de economistas que han unido sus ideas en un manifiesto. Sin embargo, los sindicatos han lanzado un contramanifiesto, firmado esta vez por 500 economistas, que critica la propuesta, ya que en su opinión, este contrato único sólo conduciría a la precariedad a los nuevos contratados. Además, los sindicatos critican la pretensión de eliminar la tutela judicial en algunos casos de despido, tal y como pretende la patronal.
Sin embargo, los defensores del contrato único afirman que "si no cambiamos el marco regulatorio, se puede consolidar la cultura de la temporalidad ", según asegura el presidente del Instituto Internacional Cuatrecasas de Estrategia Legal en Recursos Humanos, Salvador del Rey. La reducción del coste del despido "puede favorecer la contratación indefinida", añade.
Los empresarios ofrecen crear empleo en un mercado de trabajo basado en la "flexiseguridad". Sin embargo, los sindicatos critican este intento de trasladar a España un concepto más propio de países como Dinamarca, con un Estado del Bienestar más desarrollado que el español.
Por otro lado, los sindicatos niegan que las actuales reglas no sirvan para crear empleo, puesto que han servido para crear siete millones de empleos en una década.
A la vuelta del verano, una nueva escalada de subida del paro puede aguardar a la economía española, según se temen los sindicatos, que hoy se afanan, junto al gobierno y los empresarios, en encontrar puntos de acuerdo. En julio, los sindicatos esperan alcanzar un pacto que estimule la confianza perdida. Y que supere la pobre impresión que hace unos días trasmitía un alto cargo de la patronal cuando confesaba que, aún hoy, tras casi dos años desde el inicio de la recesión, trabajadores y empresarios aún no han sido “capaces de hacer un diagnóstico compartido de la crisis".
