nuevatribuna.es
2 de marzo de 2009, 15:27
NUEVATRIBUNA.ES - 2.3.2009
Doscientos partícipes del fondo Santander Banif Inmobiliario exigirán al Ministerio de Economía y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el pago de indemnizaciones como parte de las supuestas responsabilidades que se derivan de permitir al Santander llevar a cabo la venta “descontrolada” de inmuebles, que, en su opinión, está llevando a cabo el banco tras la suspensión de los reembolsos, motivada por la retirada masiva de capital que el banco fue incapaz de atender el pasado mes de febrero.
El abogado que encabeza la asociación creada a raíz del ‘corralito’ dictado por el Santander, Juan Manuel Moreno-Luque, dijo el lunes a nuevatribuna.es que demandará de los “poderes públicos” la asunción de responsabilidades y el pago de indemnizaciones si éstas continúan con su política de permisividad que ha permitido al Banco de Santander presidido por Emilio Botín iniciar “sin control” la venta de inmuebles “que son patrimonio de los partícipes”.
Tras calificar la venta de inmuebles de “liquidación encubierta”, el abogado afirmó que, en su opinión, la liquidación del fondo se está llevando a cabo “aprovechando una laguna legal”.
En este sentido, Moreno-Luque calificó de “raquítica” la legislación que ha permitido al fondo gestionado por el Santandder iniciar la venta de los inmuebles que constituyen el patrimonio del fondo, y apuntó al Gobierno en quien reside, dijo, la obligación de desarrollar el apartado de la ley reglamentariamente con “mayor precisión” y de forma más "responsable".
Como se recordará, el fondo suspendió reembolsos el pasado 16 de febrero tras la estampida de miles de partícipes que intentaron sin éxito abandonar la inversión a raíz de la pérdida de valor motivada por una polémica tasación extraordinaria que fue aprobada por la CNMV, cuyo resultado final se conocerá esta semana.
En opinión del abogado, las autoridades españolas deberían impedir que sea la propia gestora del fondo, Santader Real Estate, quien lleve a cabo “sin control alguno” la venta de inmuebles con la que se pretende conseguir liquidez para pagar los reembolsos.
El abogado defiende que se utilice un sistema similar al del resto de sectores, donde un juez nombra una administración concursal que se encarga de la liquidación de las propiedades de la empresa afectada por el concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos), bajo su supervisión. “La industria de la inversión colectiva no merece un estatuto privilegiado”, concluyó el abogado y director del libro “La protección de los partícipes de los fondos de inversión”, editado por KPMG en 1997.
Tras la suspensión de reembolsos, Santander Banif Inmobiliario comunicó el 20 de febrero la venta del primer inmueble para dotar de liquidez al fondo. Según informó el diario NegOcio, la venta se cerró por 23 millones de euros, un 17 por ciento por debajo de su valor de la última tasación. El comprador del inmueble de oficinas situado en el madrileño Paseo de la Castellana, número 13, fue, según el diario, un amigo de la hija del presidente del Santander, Ana Patricia Botín, de nombre Ignacio Pérez Bernat, administrador único de la empresa Castellana Gestión Patrimonial.
Comisiones “desproporcionadas”
Tras un estudio en profundidad de los últimos cinco años de funcionamiento del fondo Banif Inmobiliario, el abogado madrileño califica de “desproporcionadas” las comisiones cobradas por el Santander, y fija su coste en un 72 por ciento de los rendimientos del fondo durante el año 2008, mientras que los partícipes, “que ponen el dinero y asumen el riesgo”, añade, tuvieron que conformarse con un 28 por ciento.
Según Moreno-Luque, la ley considera abusivo el cobro de comisiónes sobre resultados por encima del 10 por ciento en los fondos inmobiliarios
Para el autor de El desgobierno de los fondos de inversión, el “artificio” empleado por la industria de la inversión colectiva, “liderada por el Santander”, es fijar sus comisiones sobre el patrimonio, “lo que le permite doblar las comisiones”, agregó. “Este artificio ha costado miles de millones de euros a los partícipes en el siglo XXI”, insistió en referencia a los fondos en general.
“Es un caso de escuela de fraude de ley”, asegura al referirse a la práctica de “ampararse en una norma para infringir otra”.
En este sentido, y continuando con el asunto de las comisiones, Moreno-Luque reprocha a las entidades lo que entiende como una “sobrefacturación” y cifra su alcance a lo largo de los últimos seis años, en el caso de Santander Banif Inmobiliario, en cerca de 400 millones de euros, lo que supone el valor de “diecisiete edificios como el de Castellana, 13”, aclara.
Doscientos partícipes del fondo Santander Banif Inmobiliario exigirán al Ministerio de Economía y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el pago de indemnizaciones como parte de las supuestas responsabilidades que se derivan de permitir al Santander llevar a cabo la venta “descontrolada” de inmuebles, que, en su opinión, está llevando a cabo el banco tras la suspensión de los reembolsos, motivada por la retirada masiva de capital que el banco fue incapaz de atender el pasado mes de febrero.
El abogado que encabeza la asociación creada a raíz del ‘corralito’ dictado por el Santander, Juan Manuel Moreno-Luque, dijo el lunes a nuevatribuna.es que demandará de los “poderes públicos” la asunción de responsabilidades y el pago de indemnizaciones si éstas continúan con su política de permisividad que ha permitido al Banco de Santander presidido por Emilio Botín iniciar “sin control” la venta de inmuebles “que son patrimonio de los partícipes”.
Tras calificar la venta de inmuebles de “liquidación encubierta”, el abogado afirmó que, en su opinión, la liquidación del fondo se está llevando a cabo “aprovechando una laguna legal”.
En este sentido, Moreno-Luque calificó de “raquítica” la legislación que ha permitido al fondo gestionado por el Santandder iniciar la venta de los inmuebles que constituyen el patrimonio del fondo, y apuntó al Gobierno en quien reside, dijo, la obligación de desarrollar el apartado de la ley reglamentariamente con “mayor precisión” y de forma más "responsable".
Como se recordará, el fondo suspendió reembolsos el pasado 16 de febrero tras la estampida de miles de partícipes que intentaron sin éxito abandonar la inversión a raíz de la pérdida de valor motivada por una polémica tasación extraordinaria que fue aprobada por la CNMV, cuyo resultado final se conocerá esta semana.
En opinión del abogado, las autoridades españolas deberían impedir que sea la propia gestora del fondo, Santader Real Estate, quien lleve a cabo “sin control alguno” la venta de inmuebles con la que se pretende conseguir liquidez para pagar los reembolsos.
El abogado defiende que se utilice un sistema similar al del resto de sectores, donde un juez nombra una administración concursal que se encarga de la liquidación de las propiedades de la empresa afectada por el concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos), bajo su supervisión. “La industria de la inversión colectiva no merece un estatuto privilegiado”, concluyó el abogado y director del libro “La protección de los partícipes de los fondos de inversión”, editado por KPMG en 1997.
Tras la suspensión de reembolsos, Santander Banif Inmobiliario comunicó el 20 de febrero la venta del primer inmueble para dotar de liquidez al fondo. Según informó el diario NegOcio, la venta se cerró por 23 millones de euros, un 17 por ciento por debajo de su valor de la última tasación. El comprador del inmueble de oficinas situado en el madrileño Paseo de la Castellana, número 13, fue, según el diario, un amigo de la hija del presidente del Santander, Ana Patricia Botín, de nombre Ignacio Pérez Bernat, administrador único de la empresa Castellana Gestión Patrimonial.
Comisiones “desproporcionadas”
Tras un estudio en profundidad de los últimos cinco años de funcionamiento del fondo Banif Inmobiliario, el abogado madrileño califica de “desproporcionadas” las comisiones cobradas por el Santander, y fija su coste en un 72 por ciento de los rendimientos del fondo durante el año 2008, mientras que los partícipes, “que ponen el dinero y asumen el riesgo”, añade, tuvieron que conformarse con un 28 por ciento.
Según Moreno-Luque, la ley considera abusivo el cobro de comisiónes sobre resultados por encima del 10 por ciento en los fondos inmobiliarios
Para el autor de El desgobierno de los fondos de inversión, el “artificio” empleado por la industria de la inversión colectiva, “liderada por el Santander”, es fijar sus comisiones sobre el patrimonio, “lo que le permite doblar las comisiones”, agregó. “Este artificio ha costado miles de millones de euros a los partícipes en el siglo XXI”, insistió en referencia a los fondos en general.
“Es un caso de escuela de fraude de ley”, asegura al referirse a la práctica de “ampararse en una norma para infringir otra”.
En este sentido, y continuando con el asunto de las comisiones, Moreno-Luque reprocha a las entidades lo que entiende como una “sobrefacturación” y cifra su alcance a lo largo de los últimos seis años, en el caso de Santander Banif Inmobiliario, en cerca de 400 millones de euros, lo que supone el valor de “diecisiete edificios como el de Castellana, 13”, aclara.
